El Norte de Castilla

La mayoría de los acreedores de Segovia 21 firman el convenio que rebaja la deuda a la mitad

Responsables de Verae, en los pasillos del juzgado.
Responsables de Verae, en los pasillos del juzgado. / El Norte
  • Fomento Territorial y algunos exconsejeros anuncian recursos contra el convenio aprobado en el Juzgado de lo Mercantil

El resultado fue el esperado por los gestores de Segovia 21, la empresa Verae que actúa como administrador único. El convenio para tratar de que pueda ser factible el plan de viabilidad de la sociedad fue aprobado este martes en el Juzgado de lo Mercantil, pues logró más del 51% de las adhesiones que requiere la Ley Concursal. El apoyo superó el 53% de los votos ponderados, y cuenta con el respaldo de cerca del 95% de los acreedores, según Verae. Fue el resultado esperado porque al hacer público el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma que aceptaba la quita de la mitad de la deuda abría el camino para la aprobación de los demás acreedores. Y fue el resultado esperado porque Verae ya contaba con la oposición de la empresa que tuvo encomendada la gestión del complejo y ahora principal acreedor, Fomento Territorial, y los titulares de los contratos de compra de los pisos de Quitapesares, que anunciaron que recurrirán el convenio aprobado por la junta de acreedores.

Los responsables de Verae, como administradores de Segovia 21, y la Diputación Provincial, como accionista mayoritario de la sociedad, respiran tranquilos tras haber logrado la adhesión de la mayoría de los acreedores en la junta celebrada ayer en la sala del Juzgado de lo Mercantil. Javier de la Orden, portavoz de Verae, destacó que la propuesta de convenio fue aprobada con más del 53% de los votos favorables y, al margen del resultado de los posibles recursos, declaró que «estamos muy satisfechos» porque el acuerdo supone reducir a la mitad la deuda, al aceptar la mayoría de los acreedores una quita del 50%, y permite aplicar con garantías el plan de viabilidad.

El 53% de los votos que han respaldado el convenio representan en la junta de acreedores «a más del 95% de los acreedores del concurso si descontáramos a Fomento Territorial», indicó De la Orden. Es decir, que si esta empresa no estuviera como acreedor la votación supondría que «prácticamente el resto de los acreedores habrían votado a favor, con excepción de la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social, que no suelen venir a los concursos», aparte de algún pequeño acreedor que «no ha podido comparecer ante el notario», dijo el administrador, «por motivos logísticos», porque su crédito es de escasa cuantía.

El anuncio de recursos por los representantes de Fomento Territorial (el mayor acreedor ordinario, con un crédito de 328.000 euros) y de algunos exconsejeros introduce alguna incertidumbre, pero si se aprueba definitivamente el convenio supondría que el pasivo de Segovia 21 se habría reducido en 12 millones de euros, a sumar a los 6 millones que ya se han eliminado de la deuda total desde el nombramiento de Verae como administrador de la sociedad en septiembre de 2012.

El pasivo queda así en alrededor de 6 millones de euros, contando el efecto financiero, precisó De la Orden, «porque pagar 9 millones de euros dentro de diez años implica un valor actual neto de 6 millones». Es la explicación del gestor: «Es lo mismo que si nos dan hoy un crédito hipotecario de 6 millones y acabo pagando 9 dentro de diez años, por el efecto de los intereses, y como el vencimiento de Segovia 21 de la propuesta de convenio es dentro de diez años y no devenga intereses, 9 millones de dentro de diez años son equivalentes a 6 millones hoy».

Viabilidad «absoluta»

Con estas cuentas, Verae estima que es posible sacar adelante el plan de viabilidad aprobado. «La viabilidad es absoluta, nadie puede pensar que Segovia 21 no es viable cuando tiene que pagar 350.000 euros, aunque sea con el efecto de la demanda de los compradores de pisos y que resultara firme, porque se les debe 750.000 euros, el efecto de la quita se les aplica y muchos de estos acreedores son subordinados porque son personas relacionadas y tienen las cantidades avaladas», advirtió De la Orden, quien matizó que «es imposible pensar que en cinco años todos los activos de Segovia 21 no vayan a dar para un primer pago de 350.000 o 700.000 euros y después otro segundo de menos 9 millones de la deuda subordinada».

En opinión de Verae, por otro lado, las sentencias de las reclamaciones por la venta de los pisos de los cuatro bloques (anulada por el Juzgado número 5 a favor de los compradores, a quienes la sociedad tendría que devolver las fianzas pagadas, el 20% del valor de las viviendas) no tendrían efecto sobre el plan de viabilidad, que «contempla pagos muy lejanos» y, añadió, cuando la decisión judicial sea firme «o tenemos derechos de crédito contra estos señores compradores de las viviendas o tenemos viviendas para vender, alguna de las dos cosas tendremos», recalcó De la Orden. Reconoció que es posible que los pisos no tengan el valor de cerca de 5 millones de euros que Segovia 21 pidió en su demanda, porque quizá valgan solo 3 millones, «y esa puede ser la razón de que no quieran firmar el convenio, porque si valieran 7 millones seguro que estarían firmando en lugar de alegando trabas administrativas».

Bienes y derechos

Verae toma como apoyo el informe de la administración concursal, que valora en 39 millones de euros los activos de Segovia 21, para asegurar que la sociedad es viable, pues el pasivo será de 6,5 millones como máximo y, además del apoyo obtenido de los acreedores ordinarios, que considera «esencial», subraya que tiene otros derechos como el embargo del solar de Pesares Segovianos por valor de un millón de euros (el del hotel en construcción, que es posible que salga a subasta porque, dijo De la Orden, «Pesares nos ha engañado diciendo que iba a pagar su deuda pero no lo hace»), además de las viviendas y otros bienes que «son suficientes para pagar todas las deudas».

Pero el camino judicial no ha terminado. Los anunciados recursos terminarán probablemente en la Audiencia Provincial, si bien De la Orden expresó su cautela sobre quién los formulará, dado el importe de los costes de un proceso en el que el baremo parte de una cuantía de 18 millones de euros.