El Norte de Castilla

La Junta ordena que los vertidos de la planta de Fuentepelayo sean retirados en 15 días

Una de las manifestaciones contra la planta.M. R.
Una de las manifestaciones contra la planta.M. R.
  • La empresa dispone de un plazo de un mes, a partir de la notificación, para interponer recurso de alzada

La Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha dado un plazo de quince días a la planta de compostaje de Fuentepelayo para que se retiren los montones de residuos esparcidos en los términos municipales del entorno de la instalación, según confirmó ayer el delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar.

No obstante, todavía queda mucho camino por andar, ya que la empresa, a partir de la notificación, dispone de un plazo de un mes para interponer recurso de alzada contra la resolución de la Administración regional, que mantiene la suspensión en la planta hasta que reciclen todos los residuos que tienen en el interior y den salida a los que hay esparcidos por parcelas de Fuentepelayo, Zarzuela del Pinar y Aguilafuente.

Según la plataforma ‘No más mierda’, la Junta ha procedido a esta medida «a la luz de los informes técnicos, que avalan su decisión». La resolución ordena la entrega de los residuos «a un gestor autorizado» y marca «la obligación» de compostar el material que hay dentro de la planta, según ha recordado la plataforma, así como la prohibición de «toda entrada y salida» de material de ese centro «sin la autorización específica» de la Junta de Castilla y León, informa Europa Press. El portavoz del colectivo, José Luis Ordóñez, argumentó que, con esta decisión, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, va «por el buen camino» para acabar con las «irregularidades cometidas por la titularidad de la planta».

El pasado miércoles, la Comisión de Fomento y Medio Ambiente de las Cortes debatió la Proposición No de Ley (PNL) presentada por los grupos parlamentarios de Izquierda Unida-Equo y de Podemos, en la que se instaba a la Junta de Castilla y León a retirar las autorizaciones otorgadas a la planta de compostaje, «dados los múltiples incumplimientos de las mismas».

Después del debate, la PNL fue rechazada con los votos de PP y Ciudadanos, pero fueron aprobados tres puntos de los seis que contenía la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y defendida por el portavoz de Medio Ambiente, el segoviano José Luis Aceves. El primero punto aprobado por unanimidad indicaba que las Cortes instan a la Junta a realizar los trámites legales y administrativos oportunos para que se retiren a la mayor brevedad posible los montones de residuos esparcidos. José Luis Aceves, explicó que el segundo punto aprobado refleja que las Cortes también instan a la Administración autonómica «a realizar la máxima coordinación y colaboración técnico-administrativa con el Ayuntamiento de Fuentepelayo en todos los asuntos, expedientes técnicos y expedientes sancionadores relacionados con la planta de compost».

El procurador apuntó la preocupación de los municipios afectados y del alcalde de Fuentepelayo, Daniel López Torrego, por este asunto, «por lo que la colaboración y coordinación entre administraciones, sobre todo para un ayuntamiento que no dispone de los medios personales y técnicos necesarios para afrontar estas complejidades, es de capital importancia». En el acuerdo alcanzado se insta a la Junta, asimismo, «a agilizar la tramitación de los expedientes sancionadores abiertos, vigilando el cumplimiento de las acciones que resuelvan en su momento».

Rechazados

Aceves explicó el contenido de los otros tres puntos de la enmienda al texto de la PNL debatida, «y que no pudieron ser debatidos porque los grupos proponentes, IU y Podemos, no aceptaron». El procurador había pedido que la Junta elaborara a la mayor brevedad posible los informes técnicos necesarios para poder proceder a revisar todas las licencias y autorizaciones de funcionamiento de la planta, «por si jurídicamente es factible su cierre». Asimismo propuso revisar las subvenciones otorgadas a la empresa y «que la Junta elaborara informes sobre los riesgos para la salud de las personas, animales y seres vivos, así como la afección medioambiental por las malas prácticas realizadas en la zona por la citada empresa».