El Norte de Castilla

El PP sostiene que el Consistorio ha pagado este año más de 11 millones por la «nefasta gestión»

Vista de la campa de la estación de autobuses, donde avanzan los trabajos para impermeabilizar la estructura dentro del proyecto de remodelación que cofinancian el Ayuntamiento y la Junta. Tanarro
Vista de la campa de la estación de autobuses, donde avanzan los trabajos para impermeabilizar la estructura dentro del proyecto de remodelación que cofinancian el Ayuntamiento y la Junta. Tanarro
  • Los populares destacan su preocupación por «la merma de la capacidad inversora» y «el riesgo de que aumente el endeudamiento»

Raquel Fernández, portavoz del grupo municipal del Partido Popular, desveló ayer que una sentencia del Juzgado número 5 de Segovia, que el equipo de gobierno comunicó a primeros de septiembre sin valorarla, condena al Ayuntamiento a «reparar por completo los daños que un deficiente mantenimiento de la infraestructura ha generado en los edificios y sótanos» de la estación de autobuses, además de a impermeabilizar la campa. Fernández subrayó que esta sentencia «suma más de un millón de euros al capítulo del presupuesto en el que el dinero de los segovianos se destina a pagar los varapalos judiciales producto de la nefasta gestión del equipo de gobierno municipal socialista», aunque luego precisó que el coste será de unos 400.000 euros. Las declaraciones de Fernández mantienen el pulso al grupo socialista, tras haber destacado el mes pasado que la sentencia que da la razón a la empresa para rescindir el contrato del aparcamiento de José Zorrilla podría suponer el pago de 10 millones de euros.

La alcaldesa, Clara Luquero, señaló también ayer que estas obras para impermeabilizar la campa, acabar con las filtraciones y actuar en los sótanos están previstas, «así que no sé dónde está el problema», y replicó que, si bien las sentencias desfavorables «son un disgusto», sus efectos «están encauzados para que nos permitan un planteamiento inversor e ir pagando, porque este es un Ayuntamiento cumplidor». Y ante la declaración de Raquel Fernández de que las sentencias serán «recurso habitual» de sus comparecencias ante los medios porque les preocupa «lo que se ha pagado en tres años, lo que queda por pagar y las posibles contingencias por venir», Luquero manifestó, enojada, que «este equipo de gobierno gestionará para hacer digeribles para las arcas municipales las sentencias desfavorables, para seguir prestando los mejores servicios posibles y para hacer una planificación de inversiones que no será como hubiéramos deseado, pero que será sensata y mirará por el futuro y los intereses de los segovianos».

Al contrario, la portavoz del PP comentó en rueda de prensa que el Consistorio «solo este año ha gastado más de 11 millones de euros no previstos al principio del mandato», una cifra «escandalosa» derivada de las sentencias contrarias, de la devolución del préstamo del CAT (8,4 millones) y de terminar el edificio CIDE del CAT, presupuestado en 402.000 euros. De ahí que expresara su preocupación por la merma en la capacidad inversora, «como ha ocurrido en los últimos años», y el riesgo de que aumente el nivel de endeudamiento para hacer frente a las resoluciones judiciales.

Respecto a esta última sentencia, del pasado 29 de julio, los populares inciden en que considera al Ayuntamiento responsable de los daños y deficiencias en los elementos estructurales, humedades y desperfectos en las fachadas de la estación de autobuses, aunque el equipo de gobierno «ha tratado de que pase desapercibida» al presentarla en la reunión de la Junta de Gobierno Local del 8 de septiembre «sin aportar ningún dato económico». Fernández recalcó que el fallo favorable a la comunidad de propietarios –litigantes «históricos» a quienes el al Ayuntamiento socialista les dijo que debían «ser conscientes de que viven junto a una infraestructura»– considera a la administración municipal responsable de los daños, descritos en los informes realizados por la empresa Inzamac en 2011 y valorados en un millón de euros.

Recordó la portavoz popular que el pasado mes de junio comenzaron las obras de impermeabilización en la campa, uno de los dos aspectos que implica la condena del juzgado y que los socialistas «vendieron a los segovianos como un logro cuando, en realidad, era el cumplimiento del previsible fallo judicial». No obstante, recalcó que la sentencia también impone la obligación de reparar los desperfectos, con un coste de cerca de 400.000 euros, por lo que, agregó, «nos preocupa que se acometan obras que la cumplen parcialmente, pero no la reparación de daños en los dos sótanos, que habrá que acometer», e instó al equipo socialista a «trabajar en la redacción del proyecto para licitar estas obras» porque ha dejado pasar casi un mes y se arriesga a no cumplir los plazos, aparte de que las obras de remodelación de la estación de autobuses parecen fruto «de la improvisación».

En este sentido, Fernández recordó que el proyecto para remodelar las instalaciones fue presupuestado en principio en un millón de euros, con la aportación de la mitad por el Ayuntamiento, pero la baja del 30% en la licitación ha dejado un ‘sobrante’ de 290.000 euros que debería destinarse a la reparación de daños.

El portavoz del grupo socialista, Alfonso Reguera, respondió al respecto que esas obras ya se conocían y estaban presupuestadas, que «una parte se está realizando durante este año a la vez que la de la campa, mientras que la otra parte se realizará en 2017 una vez finalizada la actuación que permite la impermeabilización».

Coordinador cultural

Al criticar el presunto ‘incumplimiento’ de las resoluciones judiciales la portavoz del PP insistió en que desconoce si el equipo socialista está dando algún paso para cumplir la sentencia del TSJ que ha «anulado» la oposición para cubrir la plaza de coordinador de actividades culturales, cuestión «gravísima» sobre la que echa de menos que se realice una investigación interna y para la que reclama «que se redacten nuevas bases con un escrupuloso rigor».

La alcaldesa no comparte esta visión de la convocatoria. Mantiene Luquero que el TSJ solo ha apreciado «un defecto de forma» y que obliga a retrotraer las actuaciones al momento de iniciar las pruebas, pero precisó al respecto que el equipo jurídico del Ayuntamiento ha pedido al tribunal una aclaración de la sentencia porque «dice que se cumplan estrictamente las bases de la convocatoria en los nuevos ejercicios, y que sean nuevos es incoherente porque no se cumplirían las bases».