Luquero pide a Fernández que «defienda los intereses de los segovianos» y no los privados

Paloma Maroto (i) y Clara Luquero, ayer en Revenga. El Norte
Paloma Maroto (i) y Clara Luquero, ayer en Revenga. El Norte
  • El portavoz socialista, Alfonso Reguera, declara que los populares «no se enteran» y confunden las resoluciones

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Clara Luquero se enciende cuando se le pregunta por las declaraciones de Raquel Fernández sobre la repercusión de las sentencias desfavorables al Ayuntamiento. La alcaldesa de Segovia se refiere a la que afecta a la liquidación del contrato del ‘parking’ de José Zorrilla y responde al grupo municipal del PP que «no puedo entender que quien representa a los segovianos se haga eco de lo que demanda una empresa privada frente a los intereses de los segovianos».

Aludió a las declaraciones de Fernández en las que dijo que Collosa-Pigsur reclama 10 millones de euros y subraya Luquero que «ni los ha reclamado por escrito ni estamos en ese momento, y lo que es asombroso es que (la portavoz del PP) en lugar de colocarse en defensa de los intereses de la ciudad se haga eco de lo que defiende una empresa privada, que desde el primer momento ha querido llenarse el bolsillo». Eso le parece «muy serio» a la alcaldesa, quien reiteró que la sentencia dice que hay que iniciar el proceso de la liquidación del contrato del aparcamiento de José Zorrilla, en la que la concesionaria «pide la luna» mientras que el Ayuntamiento quiere realizar un estudio medido, aunque sospecha que «no habrá acuerdo» y el importe lo decidirán los tribunales.

Las sentencias desfavorables están causando una cierta crispación entre el equipo de gobierno y los grupos de la oposición y, a pesar de que Luquero reconoció que suponen «un problema» que es responsabilidad suya «encajarlo dentro de la economía municipal», manifestó que «sabíamos que no veníamos a un camino de rosas» y que esperaban «que la oposición arrimara el hombro no que se colocase en la parte contraria defendiendo los intereses particulares, en lugar de defender los intereses de la ciudad».

Citó Luquero otro ejemplo, el de la parcela del instituto de Secundaria del barrio de San Lorenzo, la de Casa de Guardas, cedida a la Consejería de Educación y por la que el Ayuntamiento tendrá que pagar por sentencia 5,6 millones de euros, mucho menos de los 21 millones que pedía la propiedad «especuladora» pero casi cinco veces el precio fijado por la Comisión de Valoración de la Junta, que fue de 1,7 millones.

Desde esta perspectiva, tras solicitar a los grupos de la oposición que hagan «causa común» por los intereses de la ciudad, Luquero indicó que no tiene objeciones a la solicitud del grupo municipal del PP para que les facilite la ‘cartera de pleitos’ del Ayuntamiento: «Se ha pedido ya al servicio jurídico que haga un histórico de las sentencias, y algunas tienen que ver con la gestión del Partido Popular, como la de la casa de La Parra, y claro que se lo vamos a facilitar».

Alarma

Estas declaraciones de la alcaldesa las apoyó el portavoz del grupo municipal socialista, Alfonso Reguera, que calificó de «oportunista» la actuación del grupo popular ante las sentencias desfavorables y subrayó que «el PP y su portavoz a la cabeza están creando una alarma social innecesaria» porque el equipo de gobierno «tiene preparadas las medidas necesarias para asegurar que se van a cumplir sin ver cercenados los servicios municipales».

Reguera lamentó que el grupo popular defienda los intereses «de unos pocos» y pidió «que lea las sentencias antes de crear alarma», pues en el caso concreto de la que se refiere a las reparaciones de la estación de autobuses están en marcha. «Siguen sin enterarse, ya lo vimos cuando confundieron un escrito judicial de recepción con una nueva sentencia en relación al ‘parking’ de José Zorrilla», concluyó el portavoz del PSOE.