La macrodemanda por las viviendas de Segovia 21 se vuelve en contra de la empresa

Complejo residencial de Segovia 21.
Complejo residencial de Segovia 21. / Antonio de Torre
  • Un nuevo fallo judicial resuelve que la empresa participada en un 95% por la Diputación Provincial deberá reintegrar las fianzas pagadas por los compradores y anula las compraventa

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La sociedad Segovia 21, participada en un 95% por la Diputación Provincial, ha sufrido un otro revés judicial. Esta vez, el golpe se lo propina el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la capital. En un auto fechado el pasado día 6, resuelve, aunque con matices, a favor de los compradores de las viviendas construidas en Quitapesares con los que litigó la empresa.

La macrodemada que interpuso Segovia 21, a través de la sociedad Verae, que era la encargada de la comercialización de las casas, se ha vuelto en contra de los intereses de la sociedad, que ahora está bajo la administración concursal. El paso que dio en su día la representación legal de Segovia 21 vino amparado por una primera sentencia que se conocía en 2014. En ella, el Juzgado número 1 de Segovia obligaba a los adquirientes de uno de los pisos del parque residencial que se echaron atrás a la hora de escriturar «al cumplimiento íntegro del contrato» firmado en su día, así como al «consiguiente otorgamiento de la escritura pública».

Tal y como se extraía de aquella resolución, los demandados -que a su vez llevaron a los tribunales a Segovia 21- tenían que pagar el resto del precio no satisfecho, más el 10% de IVA, así como «el interés legal desde la interposición de la demanda incrementado en dos puntos desde la fecha de la sentencia». Una petición que la sociedad participada por la Diputación repitió en cada una de las dieciséis viviendas y trece propietarios tras restar la cantidad ya abonada del importe total que consideraba la sociedad que debían de desembolsar para la compra. Y precisamente aquí entran en juego los matices.

Resueltos antes o pruebas insuficientes

Alguno de los compradores adujo, y así ha quedado acreditado ante el juez, que ya con anterioridad había dejado sin efecto el contrato al haber alcanzado además un acuerdo con la mercantil promotora y vendedora. En otro casos, el magistrado desestima la demanda de Segovia 21 porque la prueba aportada es «insuficiente». En concreto, se refiere a unos apuntes extraídos de la contabilidad de la sociedad demandante que atribuyen unos ingresos a cuenta mediante transferencia o ingreso bancario de los compradores. Sin embargo, «mal se puede exigir el cumplimiento de un contrato de compraventa si éste no ha existido, no se ha llegado a celebrar mediante el acuerdo de voluntades» entre el adquiriente y el vendedor, tal y como reza la exposición del juez.

Por una u otra razón, el caso es que los dueños se negaron a pagar. La mayoría aludieron a que la entrega no se había producido según lo convenido en el contrato suscrito. Entonces Segovia 21 litigó la ejecución de la compraventa y recurrió al juez. Ahora la mercantil pierde esta batalla con los propietarios, entre los que figuran familiares o figuras que están relacionadas con el consejo de administración de Segovia 21 que regía los designios del proyecto en 2010.

El abastecimiento de agua

El último fallo conocido el pasado día 6 es un varapalo para las pretensiones de la sociedad, ahora en concurso. No solo no va a percibir las cantidades reclamadas, que según los cálculos de la que era la administración única antes de entrar en el proceso concursal, podían alcanzar los 4,8 millones de euros, sino que además deberá reintegran las fianzas que los propietarios abonaron a cuenta, y que suponen el 20% del valor de las viviendas, amén de los intereses de demora desde 2010.

El magistrado concede un peso importante en su decisión de desestimar la demanda de Segovia 21, que a su vez deriva en la resolución de los contratos de compraventa, a la reciente sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo que deducía la nulidad de la recepción parcial y la licencia de primer uso de las viviendas de Quitapesares. En dicha resolución, los tribunales confirmaban la ilegalidad del abastecimiento de agua.

A partir de esta premisa, el titular del Juzgado número 5 indica que Segovia 21 «no puede dar cumplimiento a su obligación de entrega de la cosa vendida, pues incluso en que se tratara de un defecto legalizable, la entrega en condiciones del cumplimiento íntegro de la normativa urbanística implicaría un retraso indefinido al que no pueden ser compelidos los compradores». e esta manera, el juez resuelve que los adquirientes no pueden ser exigidos por Segovia 21 a ejecutar sus respectivos contratos.