El Norte de Castilla

Las tasas de 2017 salen adelante con el voto de calidad de Luquero y la abstención de IU

La alcaldesa, Clara Luquero, y el concejal de Hacienda, Alfonso Reguera, conversan con buen humor durante el pleno.
La alcaldesa, Clara Luquero, y el concejal de Hacienda, Alfonso Reguera, conversan con buen humor durante el pleno. / Antonio Tanarro
  • Excepto Galindo, toda la oposición rechaza los nuevos precios del agua y de las terrazas

El resultado, previsible y previsto, dejó de nuevo solo al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Segovia para aprobar este viernes las ordenanzas fiscales de 2017. El voto de calidad de la alcaldesa Clara Luquero y la abstención del único concejal de IU, Ángel Galindo, dirimieron el empate entre socialistas y los demás grupos de la oposición. Salvo IU, los otros grupos habían anticipado su postura y sus argumentos, y Galindo explicó que su abstención se debía a que no estaba de acuerdo con la rebaja generalizada del precio por el uso de la vía pública para terrazas de hostelería, y a que esta discrepancia «no es un motivo para bloquear la propuesta» del equipo socialista. El resultado de la votación, pues, fue igual que el de hace un año.

De hecho, tampoco insistieron los demás grupos en las razones para rechazar la estructura de las ordenanzas fiscales sobre las que se centró el debate, la tasa de agua y el precio de las terrazas, pues sus críticas fueron incisivas sobre todo en el detalle de las tarifas y categorías, con especial énfasis del Partido Popular al destacar que el aumento de la presión fiscal, con «una subida acumulada desmesurada» del precio del agua, remarcó Javier Encinas, mientras el índice de precios al consumo es negativo tiene como fin «pagar el varapalo de las tormentas judiciales».

El concejal de Hacienda y portavoz del equipo socialista, Alfonso Reguera, capeó el temporal de salida, en la intervención con la que abrió el debate de las ordenanzas fiscales. «El sistema tributario es más justo, más equilibrado y reparte mejor la carga tributaria», manifestó antes de resumir con datos la propuesta, ya expuesta en los días previos al pleno. Reguera resumió que la revisión de la tasa del agua, con más tramos de tarifa según los consumos, reportará 250.000 euros más de recaudación con los que «la gestión afronta mejoras sustanciales en la canalización»; agregó que «no hay incrementos en las tasas», que el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se reduce y, así, los recibos bajan un 17,2% respecto a 2014, y que el estudio de costes del servicio de agua para 2017 «da un millón de déficit, lo que impide bajar el precio».

Volvió a reconocer Reguera que un 18% de los recibos (unos 20.000) no tienen consumo por «la imposibilidad de acceder a los contadores», y destacó que el 91% de los particulares verán modificados su recibos cuatrimestrales el año próximo, el 73% a la baja y el 18% al alza, como explicó hace diez días.

Pero esta argumentación tuvo solo a favor al concejal de IU, que consideró muy positiva la mesa de trabajo en la que se elaboró la propuesta de las ordenanzas, por el ajuste del IBI y de la tasa del agua, «que debe responder al coste del servicio porque, cuando no lo hace, solo beneficia a los consumos más altos» –y no es «una cuestión de rojos locos», declaró Galindo–, y porque, señaló , tampoco debe ser bonificada la tasa para las familias numerosas si no es en función de los ingresos, como había indicado también Reguera con el matiz, además, de que la protección indiscriminada a las familias numerosas era propia del franquismo.

Las razones en contra de estas posiciones las expusieron los demás grupos. Cosme Aranguren expresó el «absoluto desacuerdo» de UPyD con esta última afirmación e incidió en el «error supino» del ‘tasazo’ de 2015 que ahora «se intenta corregir con un tramo más y porque hay 20.000 recibos que no se pueden leer», lo que quiere decir, añadió, que «urge un cambio de contadores para el control del consumo».

María José García, de Ciudadanos, consideró que hay una mejora en la tasa del agua respecto a la vigente este año, si bien subrayó que al aplicar la tarifa en 2017 «se seguirá penalizando a las familias numerosas», para las que insistió en pedir una bonificación del 50% y distinguir así el «consumo necesario» del despilfarro. En la misma línea, Javier Encinas, del PP, calificó el ‘tasazo’ de «la mayor chapuza en las tasas de los últimos años al incluir un nuevo tramo», aunque reconoció que «la propuesta actual mejora la del año pasado, pero no era difícil hacerlo», por lo que aún estando de acuerdo con la estructura de la tasa expresó su oposición a las tarifas y a que se suba de forma «desmesurada» el precio del agua sin invertir en mejorar la calidad, aparte de que se penalice los consumos elevados y a las familias con más miembros.

Cuestión de categorías

El otro aspecto destacado en el debate de la revisión fiscal fue el del precio por la ocupación de la vía pública con terrazas, que establece una reordenación de las categorías por calles y una rebaja del 18% para todas menos para las de categoría especial, cuestión esta que consideraron «discriminatoria» todos los grupos de la oposición menos IU, que cree que no hay motivos para rebaja alguna. Encinas, por el PP, subrayó que «hay que hacer las cosas con más moderación», pues hay terrazas de tercera que al pasar a primera categoría pagarán un 18% más, y Aranguren, de UPyD, comentó que las de categoría especial «son las que más empleo generan y a las que más se va a castigar». En la réplica, Reguera apostilló que «las terrazas de categoría especial han ganado mucho en los últimos años».

Como resumen del debate de las tasas, el equipo de gobierno e IU defendieron la necesidad de ajustar las tarifas al coste de los servicios, y Reguera incidió en que los demás grupos «han buscado una salida para votar no», y el portavoz del PP le dijo a Galindo que «no se crea todo lo que dice el equipo de gobierno» y recalcó que este «no puede rebajar la presión fiscal porque tiene que pagar sus errores de gestión».