El Norte de Castilla

La concesionaria del ‘parking’ de José Zorrilla insta al Ayuntamiento a liquidar el contrato

Entrada de vehículos al aparcamiento de José Zorrilla con el cartel de ‘cerrado al público’.
Entrada de vehículos al aparcamiento de José Zorrilla con el cartel de ‘cerrado al público’. / A. Tanarro
  • El equipo de gobierno sostiene que la sentencia del TSJ «no es firme» porque está pendiente del recurso de amparo formulado ante el Tribunal Constitucional

Collosa-Pigsur, concesionaria del aparcamiento de José Zorrilla, tiene «preparados todos los recursos legales a su alcance para que el Ayuntamiento de Segovia respete y cumpla» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) que declaró su derecho a rescindir el contrato. La empresa conmina al Consistorio a incoar el expediente de liquidación del contrato «para abonar las inversiones pendientes de amortizar y los daños y perjuicios causados, así como la devolución de la garantía económica». Sin embargo, el portavoz del equipo de gobierno y primer teniente de alcalde, Alfonso Reguera, declaró este jueves que «podríamos decir que la sentencia no es firme» porque está pendiente del recurso de amparo planteado ante el Tribunal Constitucional.

Reguera dijo que no sabe de dónde ha salido que el Ayuntamiento tendrá que pagar 10 millones de euros a Collosa-Pigsur por la liquidación del contrato, cantidad que citó hace unos días el grupo municipal del Partido Popular, en primer lugar porque «no se conoce el importe exacto de la indemnización», y además porque «por escrito, legalmente, no hay petición de la empresa» y «no sabemos qué va a pedir».

La concesionaria remitió ayer un comunicado en el que «se felicita y valora positivamente» el auto del TSJ que el pasado mes de julio ratificó la sentencia inicial dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Segovia en febrero. Recuerda además que esta resolución dio de nuevo la razón a la empresa «en su reclamación de resolución del contrato de explotación por causa imputable al equipo de gobierno municipal de Segovia».

Según interpreta Collosa-Pigsur, el TSJ «desmonta los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento al plantear el incidente de nulidad de actuaciones», pues lo declara «planteado de forma totalmente infundada», y además confía en que sea acatado el auto, «que no tiene recurso posible, ni ante el Tribunal Constitucional, y de esta manera se solvente esta situación».

En diez días

Por otro lado, la empresa vuelve a citar el auto de julio del TSJ para recordar que, según la sentencia, «en el plazo de diez días el Ayuntamiento deberá cumplir con la resolución de este fallo», para lo que tendría que incoar el expediente de liquidación del contrato. Argumenta la concesionaria que «se ha visto perjudicada durante muchos años, haciendo lo posible por no perjudicar a los usuarios del aparcamiento y en definitiva a los habitantes de Segovia».

Cabe recordar al respecto que antes del cierre del subterráneo al público en noviembre de 2015 (continúa en servicio para las plazas alquiladas por residentes), Collosa-Pigsur vino reclamando al Ayuntamiento desde 2013 una compensación para restablecer el equilibrio económico del contrato, que cifró hasta 2014 en 4,7 millones de euros, y en un 30% más el de los dos últimos años.

Los 10 millones de euros que importaría la liquidación del contrato los mencionó la empresa con la resolución del TSJ del pasado mes de julio en la mano, cerca de 5,7 millones de euros a los que hay que sumar el valor contable de la concesión y los daños y perjuicios que alega por las «circunstancias negativas» que han condicionado la actividad del aparcamiento, como haber «promovido» el uso gratuito del espacio del antiguo Regimiento.

Reapertura en el aire

Sin embargo, Alfonso Reguera comentó que la empresa podrá pedir diez, quince o 78 millones de euros», porque «harán las cuentas del gran capitán para que la cantidad sea lo más grande posible», pero «las cantidades que baraja el Ayuntamiento por la rescisión del contrato andan entre un 10% y un 15% de esas cantidad (de 10 millones de euros)», y precisó que, aparte de que no hay una petición concreta de la empresa, «será un juzgado» el que decida «cuánto y cómo hay que pagar y si hay que pagar algo más que exclusivamente la liquidación del contrato». Y la posible negociación de un acuerdo que mencionó como posible alternativa, hoy por hoy, no parece factible.

Así, el portavoz socialista y primer teniente de alcalde supeditó el futuro del aparcamiento de José Zorrilla a que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo. Contando con que los plazos judiciales son largos, Reguera declaró que «con independencia de que el Ayuntamiento pueda hacerse con la explotación, no hay previsión de abrirlo». «Hasta que no haya sentencia firme no podemos hacer nada», apostilló.