La Junta considera «intolerable» la ubicación de la planta de Fuentepelayo
El consejero Suárez-Quiñones

La Junta considera «intolerable» la ubicación de la planta de Fuentepelayo

  • El consejero Suárez-Quiñones no descarta el cierre de la factoría y admite que «no acabar con la situación será un fracaso de Comunidad»

  • Descarta la existencia de riesgo para la salud pública, salvo los desagradables malos olores y el nerviosismo generado entre los vecinos

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El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha abogado por solucionar los problemas ocasionados por la acumulación de toneladas de residuos orgánicos en fincas y terrenos en Fuentepelayo (Segovia) y otros municipios cercanos, derivados de la actividad de la planta de compostaje de Agrogestión y Aplicaciones Medioambientales S.L, y ha advertido de la posibilidad del cierre definitivo de las instalaciones de no adoptar la empresa las medidas correctoras necesarias.

«¡La situación en Fuentepelayo es intolerable y tiene que terminar, no puede ser, pero habrá que hacerlo con la ley en la mano y el Derecho sobre la mesa!», ha indicado el consejero, quien ha recordado que se está a la mitad de proceso con dos vías abiertas, una penal en el Juzgado de Cuéllar y otra administrativa, con tres expedientes por infracción muy grave con propuesta de sanción paralizados a la espera de la resolución en el ámbito penal, así como a través de medidas provisionales que prohíben a la empresa la entrada de más residuos en la planta hasta que retire de los terrenos afectados los residuos vertidos sin tratar.

En su comparecencia en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, a petición de los grupos de la oposición para abordar la situación en Fuentepelayo, Suárez-Quiñones, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha vuelto a rechazar la posibilidad de que la Junta se persone en la vía penal como parte acusadora, al considerarlo innecesario por ya estar al frente el Ministerio Fiscal, pero ha asegurado compartir la indignación de los procuradores interpelantes, a los que ha prometido el mayor rigor de la Junta para hacer cumplir a la empresa e incluso con la posibilidad de retirar a ésta la actividad si finalmente no ejecuta las medidas exigidas.

Lo que sí ha dejado bien claro el consejero, apoyado en distintos informes, es que el vertido de residuos en Fuentepelayo y otros municipios del entorno «no plantea riesgo para la salud, salvo los malos olores y el nerviosismo que ello puede generar entre los vecinos», así el correcto funcionamiento de los controles realizados por la Administración regional a la empresa, tanto antes como a posteriori de las denuncias vecinales, y el hecho de que la misma cuenta con todas las autorizaciones como planta de compostaje y tratamiento de los residuos con los que opera.

Falta de control

La visión de los grupos de la oposición es diametralmente opuesta en lo concerniente a los controles efectuados por la Junta, que todos ellos censuran por no haber impedido una situación que, en palabras del portavoz de IU-EQUO, José Sarrión, está afectando de forma muy grave a los habitantes de Fuentepelayo y localidades próximas, «que saben muy bien cómo huelen los purines y el estiércol pero que no pueden soportar el olor nauseabundo que emanan los vertidos de esta planta».

Sarrión, al igual que el resto de procuradores de la oposición, ha acusado a la empresa de dedicarse a «recibir dinero por limitarse a verter en el terreno los residuos que tenía que compostar, desde patas y orejas de ovejas con sus crotales, tripas de cerdo, sangre, lodos y hasta caramelos Holms con su papel de aluminio incluido», dejando en la zona una atmósfera irrespirable que provoca a los vecinos «náuseas, dolores de cabeza y trastornos gastrointestinales».

Al igual que el anterior, los portavoces del PSOE, Podemos y Ciudadanos, José Luis Aceves, Natalia del Barrio y David Castaño, respectivamente, ha acusado también a la Junta de falta de coordinación tras constatar que mientras se producían las denuncias por episodios de vertidos la empresa titular de la planta seguía recibiendo ayudas de las consejerías de Agricultura y Economía por importe global de 400.000 euros.

Pero además, Del Barrio sostiene que la empresa miente cuando apunta en la documentación presentada que se encuentra a dos kilómetros de distancia de los núcleos más cercanos y Sarrión, por su parte, ha lanzando la voz de alarma y ha solicitado a la Junta que sea vigilante para garantizar que la titular de la planta retira los residuos de los terrenos afectados, en lugar de continuar diseminándolos por la zona.