La alcaldesa dice que hay margen para aumentar el nivel de endeudamiento

Las recientes sentencias contrarias a los intereses del Ayuntamiento de Segovia están pegando unos buenos bocados a las arcas municipales. Con la contrariedad lógica motivada por la pérdida de los pleitos, la alcaldesa deja entrever una cierta preocupación, pero en ningún caso muestra señales de alarma. Hay unas derrotas en los tribunales que ya estaban previstas en las cuentas de la corporación y otras han venido por sorpresa sin que el equipo de gobierno contara con ellas, como la última conocida referida a la legalidad del cierre del párking de José Zorrilla.

Entre las que cabía la posibilidad de perder, y por tanto pagar, está la de la expropiación del solar donde se ha de levantar el instituto de San Lorenzo. El Supremo ratificó el justiprecio que ya estableció el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el año 2011, cuando tasó el valor del terreno en 5.641.828 euros, un precio que no satisfizo al Consistorio, ya que ofrecía una cantidad muy inferior de 1,7 millones; y mucho menos contentó a la propiedad, que solicitaba a las arcas municipales más de 21 millones.

Pagos anticipados

El Ayuntamiento ya ha abonado esos 1,7 millones de euros que propuso al principio de la operación que conllevaba primero la expropiación, y luego la recepción y la posterior cesión a la Administración regional. Ese pago se produjo en 2009. Así que están pendientes más de cuatro millones, incluidos los intereses.

Otro bocado con el que contaba el Consistorio se lo da el Ministerio de Industria por el conocido como Edificio de Emprendedores del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT). El Estado reclama en torno a 10 millones de euros al considerar que el Ayuntamiento incumplió la convocatoria por la que se otorgó una ayuda directa de más de un millón de euros y un crédito a interés cero cercano a nueve millones. Luquero ya tachó la demanda del ministerio de «injusta», aunque también se comprometió a que el municipio afrontará la devolución hasta abril del año que viene.

La alcaldesa incide en que el Ayuntamiento cuenta con remanentes para estas contingencias. La Ley de la Administración Local le impide usar reservas para invertir en proyectos de la ciudad, pero le habilita para hacer frente a estos conflictos. Ese remanente asciende a 11 de millones de euros. De tener que cumplir con la sentencia sobre el párking de José Zorrilla, el Consistorio deberá pagar 10 millones a la concesionaria. Otro mordisco considerable.

«Cuentas de épocas pasadas»

Luquero se escuda en que el Ayuntamiento «es uno de los menos endeudados» de España para acallar las críticas. También especifica que las facturas que ahora se acumulan «son cuentas de épocas pasadas», pero no entra en más lamentos porque «la obligación es resolverlo de la mejor manera posible».

La regidora espera acontecimientos, a ver cómo evolucionan los litigios y los recursos. Asevera que «la buena gestión económica de la anterior etapa y de esta» puede permitir al Ayuntamiento endeudarse un poco más, y solo si fuera necesario. El tope que fija la legislación es del 75% y los números rojos del Consistorio están en el 60%.

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