Borrar
Entrada a Los Ángeles de San Rafael por la N-603.
La barrera de Los Ángeles de San Rafael tiene los días contados

La barrera de Los Ángeles de San Rafael tiene los días contados

Aunque la comunidad de propietarios ha presentado su alegación al requerimiento del Ayuntamiento de El Espinar, la alcaldesa, Alicia Palomo, ve inviable la permanencia del control de acceso

Ana Nuin

Lunes, 2 de mayo 2016, 21:50

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La comunidad de propietarios de Los Ángeles de San Rafael ha presentado alegaciones contra el requerimiento del Ayuntamiento de El Espinar que les obliga a la retirada de la barrera de acceso a este núcleo, en el que hay 1.500 vecinos censados, aunque el número de residentes es mayor, ya que a esta cifra hay sumar los propietarios de segundas viviendas en la urbanización, que pasan algunas temporadas al año.

Tras el encuentro mantenido a mediados de abril con la subdelegada del Gobierno, Pilar Sanz, en el que se transmitió a la alcaldesa de El Espinar, la socialista Alicia Palomo, la obligatoriedad de retirar el control de acceso a través de barrera, ya que que ese tipo de sistema no es viable ni está autorizado por la ley, el Ayuntamiento espinariego ha vuelto a realizar un requerimiento formal.

No es la primera vez que lo hace, pero en ocasiones anteriores los vecinos habían esgrimido la necesidad de protegerse de los robos como argumento para eludir la orden municipal. Ahora, los técnicos municipales están estudiando las alegaciones vecinales, aunque, en principio, Alicia Palomo no ve viable otra solución que la supresión de la barrera, que el Ayuntamiento acometerá de forma subsidiaria si no es retirada por los propios vecinos.

Peculiaridades

Las peculiaridades de este núcleo de El Espinar son muchas desde su creación por el promotor Jesús Gil en 1967 con un plan parcial. Desde entonces estaba pendiente su integración, y los litigios de todo tipo han rodeado a la urbanización, desde los financieros que mantuvo Gil durante años con la extinta Caja Segovia a los que han cruzado los propietarios con los promotores y los que han mantenido las tres partes (incluido el Ayuntamiento) por muy diversas cuestiones.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León del 3 de junio de 2011 fue el principio de la integración. Estimó el recurso planteado por la comunidad de propietarios contra la resolución del Ayuntamiento que en 2008 denegó la recepción de las dos primeras fases de Los Ángeles, y obligó al Consistorio a asumir la prestación de los servicios esenciales, un proceso que aún tiene muchos flecos abiertos.

Entre ellos, el de los controles de acceso en una vía pública. A finales de 2013, Equo trasladó a la subdelegada de Gobierno lo que consideraba «una vulneración de derechos y libertades fundamentales amparados en la Constitución Española y Tratado de la Unión Europea, entre los que se encuentra la libre circulación de las personas y el derecho a la intimidad personal y familiar».

Reclamación de Equo

Todo ello como consecuencia de «la inacción y dejación de funciones» del entonces alcalde de El Espinar, Francisco Jorge, «al permitir que en la única vía por la que se accede al núcleo de Los Ángeles de San Rafael existan barreras que impiden el paso de las personas en sus vehículos, videocámaras de vigilancia y badenes que obstaculizan y bloquean la entrada a este núcleo de población, que pertenece al término municipal de El Espinar desde que el pleno de este Ayuntamiento acordara aprobar su recepción el pasado 3 de junio en cumplimiento de una sentencia del TSJ».

En su reclamación, Equo planteaba que el personal de la empresa privada de seguridad que se sitúa en ese punto «requiere la identificación y la información del lugar al que uno se dirige cuando se acceden a Los Ángeles, y se niega, en ocasiones, a levantar la barrera en caso de obtener una respuesta negativa a facilitar estos datos. Esas videocámaras de vigilancia controlan además las entradas y salidas de los vecinos, visitantes y sus vehículos, y graban las matrículas, sin que se conozca quién cuenta con esas grabaciones, quién las visualiza y qué uso se les está dando».

Tras el ultimátum de la Subdelegación y el requerimiento municipal, todo parece indicar que la barrera tiene los días contados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios