Borrar
Roberto de Andrés, presidente de Ainatse, junto a su taxi en La Lastrilla. Antonio Tanarro
Los taxistas rurales recurren a las rutas escolares para paliar el descenso del 50% en la demanda

Los taxistas rurales recurren a las rutas escolares para paliar el descenso del 50% en la demanda

La asociación Ainatse reclama la creación de un Área de Prestación Conjunta en el alfoz

Miguel Ángel López

Lunes, 30 de noviembre 2015, 11:32

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

Se pasan el día al volante. No todo el tiempo están conduciendo, claro, muchas horas son de espera y están fuera del vehículo. Confían en la clientela habitual, en las llamadas para un servicio concreto. Su profesión es llevar a los clientes desde el municipio donde poseen la licencia a otros lugares, un hospital, un centro de salud, al juzgado... Son taxistas rurales y no todos pueden vivir de los kilómetros que recorren. Algunos tienen la retribución asegurada que les dan las rutas de transporte escolar, pero muchos recurren si pueden a una segunda actividad para llegar a fin de mes e incluso para financiar los costes del taxi, el mantenimiento, las ITV de cada año, los impuestos y otros cargos. Y no son tantos, menos de medio centenar en toda la provincia de Segovia.

Hace cinco años, un grupo de taxistas del medio rural decidió constituir la Asociación de Industriales del Auto Turismo de Segovia (Ainatse) para defender sus intereses. Surgió a raíz de un conflicto concreto, las diferencias con la Asociación Radio Taxi de Segovia por el transporte de viajeros entre Segovia capital y los demás municipios, con un punto álgido de enfrentamiento en 2011. Hoy la situación no es tan beligerante, «está más calmada», comenta el presidente de Ainatse, Roberto de Andrés, que representa a 15 asociados, un número que con las altas y bajas de cada año es más o menos estable y que, reconoce, es menos de la mitad de quienes se dedican al taxi en los pueblos.

Las circunstancias económicas influyen quizá en esta dinámica, en la que ambos sectores, el rural y el urbano, han acusado el descenso de la demanda respecto a los años anteriores a la crisis. Pero más los de los pueblos, pues mientras Radio Taxi ya percibe un repunte de la actividad y espera consolidar las 150.000 llamadas anuales, Ainatse sitúa al sector rural en cifras inferiores a las de antes: «Existe todavía una bajada de la demanda bastante profunda, yo diría que entre el 45% y el 50%», asegura De Andrés.

En una provincia como Segovia «donde el tejido industrial prácticamente ha desaparecido y solamente queda el sector servicios, que puede generar un buen trabajo durante seis meses en el entorno de la capital, no son los servicios un catalizador a la hora de generar esa demanda que pudiera compensar el resto del año; el sector rural está bastante mal», explica el presidente de Ainatse.

Su temporada alta es desde Semana Santa al puente de Todos los Santos, a primeros de noviembre. «Luego vienen los meses malos, que ya sabemos que lo son desde siempre, como noviembre o febrero y la temporada de invierno cuesta sacarla adelante», apunta. El traslado de los jóvenes que se desplazan a las fiestas de los pueblos, sobre todo, compensa los meses de inactividad, pero el taxista rural que no puede tener una dedicación exclusiva ejerce otra actividad como complemento o como sustento de su economía.

Conflicto latente

Atrás quedaron los años de bonanza para todos. Roberto de Andrés argumenta que los taxistas rurales de los municipios del alfoz de Segovia tienen circunstancias de las que no disfrutan los de otros municipios más alejados. En su caso, con licencia en La Lastrilla, la clientela de los hoteles del barrio de El Sotillo le proporciona un número de servicios más o menos estable, pero no es así para todos. La mayoría llevan a los vecinos de los pueblos, donde hay un gran porcentaje de población muy mayor, al médico, a la farmacia, a alguna compra...

En 2011, la pugna con los profesionales de la capital hizo que Ainatse declarara que «cumplimos a rajatabla el reglamento, pero muchos taxis de otras localidades lo siguen vulnerando», y De Andrés subrayó entonces que «no es cierto que exista un incumplimiento atribuible a los taxistas de los municipios en la recogida de viajeros, y en todo caso habrá situaciones puntuales como puede haberlas en los profesionales de la ciudad».

El conflicto no se resolvió entonces, y en enero de este mismo año la asociación de la capital esgrimió un escrito de la Consejería de Fomento del 24 de diciembre de 2012 y recordó que la normativa «no impiden expresamente a cualquier profesional del autotaxi con licencias expedidas por otros ayuntamientos prestar servicio de recoger y dejar viajeros en localidades donde no existan licencias». También pueden hacer lo mismo, claro está, los taxistas de otros municipios.

Oportunidad

Una solución, tanto para solventar cualquier conflicto como para regular la actividad intermunicipal sería la creación de un Área Territorial de Prestación Conjunta, ya prevista en el artículo 35 de la Ley de Transporte de Castilla y León de 2002 y en la nueva redacción de finales de 2014 para adaptarlo a la Ley de Ordenación del Territorio. Es potestad de la Administración competente, en este caso la Consejería de Fomento, pero tienen iniciativa los ayuntamientos, el de Segovia y los del alfoz, y las asociaciones profesionales pueden pedirles que la pongan en marcha.

Estas áreas las prevé la ley para las zonas donde «exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de transporte de varios municipios», y en ellas «los vehículos debidamente autorizados estarán facultados para la prestación de cualquier servicio, ya tenga carácter urbano o interurbano, que se realice íntegramente dentro de dichas áreas, incluso si excede o se inicia fuera del término del municipio en que esté residenciado el vehículo». En todo caso, la norma establece que los vehículos «tendrán que disponer de aparatos taxímetros y se aplicará un régimen común de tarifas para todo su ámbito».

1,14 euros por kilómetro para un servicio sin definir

  • precios

  • Una de las desventajas de los taxis rurales que aprecia Roberto de Andrés es la de las tarifas. No tienen bajada de bandera y la tarifa aprobada por la Consejería de Fomento (que no ha autorizada la subida solicitada) es de 1,14 euros por kilómetro recorrido para los servicios ordinarios y de 1,36 para los de horario nocturno y festivos. Son precios tasados por la distancia con independencia del tiempo de servicio, y las normas les impiden recoger viajeros en otros municipios donde ya exista un servicio de taxi regulado por el respectivo ayuntamiento, aunque pueden concertar viajes de ida y vuelta.

  • Pero si lo hacen en Segovia capital se arriesgan a sanciones elevadas, de 1.001 euros, como las que ha propuesto la Policía Local de Segovia en tres o cuatro ocasiones (las denuncias las tramita Fomento) por recoger viajeros en la estación del AVE, en algún caso considerado por los profesionales como regreso de un servicio de ida y vuelta. Son sanciones que motivan las alegaciones y recursos de los taxistas y que en algunos casos terminan en el juzgado.

  • La defensa de Ainatse para evitarlas es insistir en la creación del Área de Prestación Conjunta, además del argumento de que «no existe una normativa real sobre el regreso y la administración competente no ha definido el concepto ni ha plasmado de una forma clara lo que significa el principio o el fin de un servicio, un servicio continuado o compartido, y ante eso se suele mantener la norma de que solo puede trabajar donde tengas residenciada la licencia».

El paso para establecer esta área lo tienen que dar los ayuntamientos o el Servicio Territorial de Fomento, comenta, contando siempre con el municipio de mayor población, «y nosotros lo hemos intentado pero hasta ahora no hemos conseguido nada, nos lo han rechazado», dice el presidente de Ainatse, que quiere tomar la iniciativa de nuevo, hablarlo con la Asociación de Radio Taxi y con el Ayuntamiento de Segovia.

Roberto de Andrés comenta que, sin embargo, los intentos para contactar han sido infructuosos y «la asociación de Segovia ni siquiera nos ha contestado cuando les hemos enviado alguna comunicación para comentar algo». Pero advierte de que en 2016 cambian las circunstancias. «Si como está previsto empieza a funcionar el Palacio de Congresos de La Faisaera, será una buena oportunidad para que nos pongamos de acuerdo». Señala al respecto que «podemos cambiar las perspectivas de la situación porque si va a ser una infraestructura que va a mover eventos, personal de logística, ponentes y asistentes, sería una manera de empezar a tener algún contacto».

Es más, añade, «el hecho de que pueda ser bueno restringir el tráfico dentro de ciertas zonas para que no pueda venir la competencia que puedas considerar desleal no quita para que ahora, cuando parece que en las cifras de la macroeconomía estamos saliendo de la crisis, podamos considerar que seguir separados es una desventaja».

Sobre todo en una provincia como Segovia, donde en los últimos quince años las administraciones han permitido que se vayan empresas emblemáticas del sector industrial y solo nos quedan los servicios, que es una ciudad pequeña de economía muy localizada y de interior, porque por mucho que sea Patrimonio de la Humanidad y pueda venir gente a verla, es algo temporal y las administraciones tendrían que conseguir que haya más actividad y más puestos de trabajo para que se mantengan los servicios».

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios