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Tomás Pérez, Miguel Ángel Mateo y Ángel Álvarez, en la rueda de prensa.
Los 7.550 empleados de la Junta de Segovia esperan recuperar 3 millones de euros

Los 7.550 empleados de la Junta de Segovia esperan recuperar 3 millones de euros

UGT reclama la devolución inmediata del 26,3% de la extra de Navidad de 2012 que sigue pendiente

M. A. López

Lunes, 5 de octubre 2015, 21:27

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UGT de Segovia ha fletado un autobús para viajar este miércoles a Valladolid, para reivindicar ante la sede de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León la restitución de los sueldos y derechos suprimidos en 2012 durante la reunión de la mesa negociadora que mantendrán los responsables del Gobierno regional con los sindicatos. Los 7.554 empleados públicos de la Administración autonómica que trabajan en Segovia están pendientes de esa reunión, del abono de una cuarta parte de la extra de Navidad suprimida en 2012, además de la recuperación de otros derechos como los días adicionales de vacaciones. Será la cuarta y, según UGT, el resultado es incierto porque tanto el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago, como la titular de Hacienda, Pilar del Olmo, pretenden restituir estos derechos en tres plazos entre 2016 y 2017.

Miguel Ángel Mateo, secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT de Segovia, calcula que los empleados públicos de la Junta de la provincia dejaron de percibir hace tres años entre 10 y 12 millones de euros de la paga extraordinaria de diciembre, y esa pérdida de ingresos se notó en una caída del consumo, en las compras de aquellas navidades, según ha explicado este lunes en rueda de prensa. Eso sin contar la pérdida de poder adquisitivo de entre el 11 y el 13% que destacó Ángel Álvarez, de la Federación de Enseñanza, quien como ejemplo indica que son unos 270 euros al mes para cada maestro de Primaria y 325 euros para los profesores de Secundaria.

Si el Gobierno regional devolviera ahora el 26,3% de aquella extra, como ha comenzado a hacer la Administración del Estado, «a Segovia le podría repercutir de forma muy positiva en el consumo», señaló. Serían unos 3 millones de euros que recibiría el conjunto de los empleados de la Junta de la provincia.

Estos 7.554 funcionarios y empleados laborales de la Administración regional están «pendientes de la mesa de negociación del miércoles», el mismo día que están convocados todos los representantes sindicales y empleados públicos de la comunidad a una concentración en Valladolid ante la sede de la Consejería de Presidencia «para decir a los políticos del PP que tenemos los mismos derechos que los empleados del Estado», comentó Mateo.

Restituir derechos

Los sindicatos reclaman la restitución de los derechos que les fueron retirados en 2012, la devolución completa de la extra de Navidad y los días adicionales de vacaciones que les corresponden según la antigüedad y los trienios devengados. Pero según expusieron Mateo y el secretario de Acción Sindical de UGT Castilla y León, Tomás Pérez, De Santiago-Juárez y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, no están decididos a devolver estos derechos a los empleados de la Junta si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no les autoriza a no computar el dinero necesario (más de 40 millones de euros para toda la comunidad) como déficit, y criticó que Del Olmo «echara la culpa a los enfermos de hepatitis C porque su atención le cuesta 28 millones de euros a la Junta.

Pérez, miembro también de la mesa negociadora, subrayó que este argumento es una excusa, ya que el Gobierno central ya dijo a todas las administraciones cuando publicó el Real Decreto Ley 20/2012 «que guardarán el dinero porque lo tendrían que devolver en 2015. ¿Dónde ha ido ese dinero?», se preguntó.

Para los responsables de UGT, después de que el Real Decreto 10/ de 2015 regule la devolución de los derechos a los empleados públicos de la Administración del Estado, que la Junta no haga efectiva la parte pendiente de la extra de 2012 supone «una discriminación para los empleados públicos de Castilla y León», más aún cuando el Ayuntamiento de Segovia y la Diputación Provincial, sin esperar una norma concreta, ya han acordado hacerlo con los suyos.

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