Ordenado el derribo de una casa que la Junta dejó construir pese a anular su autorización

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ordenado la demolición una casa construida con permiso de la Junta en suelo rústico protegido en la finca Dehesa del Caballero, en el término de Muñopedro, según ha comunicado este lunes la asociación Ecologistas en Acción. En la sentencia, emitida con fecha 10 de julio, se reconoce la protección de los encinares e impide la construcción de nuevas viviendas en esta zona que, como añade la organización denunciante, es ámbito de la cigüeña negra y área crítica del águila imperial ibérica.

Los hechos se remontan a 2005, cuando la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia autorizó la parcelación urbanística de unas cien hectáreas de la citada finca, así como la ejecución de obras de urbanización. Asimismo, informó a favor de la concesión de una vivienda en cada una de las doce parcelas que se crearon, según las explicaciones de Ecologistas en Acción. Desde entonces, autorizó la construcción de siete viviendas en un encinar dentro del Lugal de Importancia Comunitaria (LIC) y de la Zona de Especial Protección de las Aves de los Valles del Lozoya y del Zorita, «todo ello con el informe favorable de Medio Ambiente, tanto de Segovia como de Valladolid, a pesar de constarle el quebranto que ocasionaría en el hábitat», añade la organización conservacionista.

La justificación esgrimida por Medio Ambiente era que ya había otras viviendas en aquel área y que por ello no se ocasionaban más daños al hábitat, «pero no tuvo en cuenta ni los altos valores naturales del encinar protegido, ni que las nuevas normas de ambientales eran más restrictivas», precisan fuentes de Ecologistas en Acción. En este sentido, la justificación de la Comisión Territorial de Urbanismo era que las normas subsidiarias de planeamiento de la provincia de Segovia autorizaban las viviendas en suelo rústico protegido.

Autorización anulada

Fue entonces cuando la asociación denunciante alegó que por encima de las normas urbanísticas provinciales debía aplicarse la ley y el reglamento de Urbanismo, que prohíben las edificaciones en suelo protegido, e impugnó el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia de 4 de mayo de 2012, por el que se había autorizado la construcción de una octava vivienda. Recurrido en alzada administrativa, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente resolvió favorablemente el recurso en 2013 y anuló la autorización, pero dejó que las obras concluyeran.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la nulidad de la autorización y ordena la demolición de la vivienda y la restitución del lugar a su estado anterior. La sentencia todavía no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

La vivienda, de 718 metros cuadrados con anexos incluidos, está ya construida y tiene un valor próximo al millón de euros, según las mismas fuentes ecologistas. «La responsabilidad última corresponde a la Junta de Castilla y León, que concedió la autorización que hoy queda anulada», recuerda el colectivo, que a su vez advierte de que el cumplimiento de la sentencia producirá «un quebranto económico a la Hacienda autonómica».

Urbanismo versus medio ambiente

En 2014 fue aprobada una modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León que prohíbe la vivienda unifamiliar en suelo rústico en toda la comunidad. El uso residencial en suelo rústico es contrario al urbanismo compacto y su proliferación ocasiona graves daños al medio ambiente y un coste económico elevado a los municipios, según recoge Ical.

En este contexto, Ecologistas en Acción se esfuerza ahora en impedir la instalación de usos industriales y comerciales en suelo rústico, «pues provocan daños ambientales sobre el territorio y el paisaje», y pretende encauzarlos hacia los polígonos industriales, «tal y como exigen la ley, el principio del urbanismo compacto, la protección del medio ambiente y el sentido común«, concluyen.