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El juez revoca la imputación de Bankia en el caso del Torreón

El juez revoca la imputación de Bankia en el caso del Torreón

El auto fechado este martes deja sin efecto un anterior auto de marzo, aunque los representantes de la entidad financiera ya prestaron declaración en el juzgado número 5

César Blanco Elipe

Martes, 7 de julio 2015, 20:42

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El auto emitido este jueves por el magistrado del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 5 de la capital estima el recurso interpuesto por la representación legal de Bankia y «deja sin efecto la imputación» hecha contra la entidad financiera en un auto del pasado 25 de marzo. Es decir, el juez desimputa al banco de un posible delito de administración desleal en el caso de la hipoteca que pesa sobre el Torreón de Lozoya.

El préstamo no fue decidido en cuanto Caja Segovia asumió la deuda tributaria contraída por la sociedad Navicoas. Según un documento al que tuvo acceso El Norte y que fue aportado por el representante legal de Bankia, David Lara, durante su declaración ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, el entonces presidente de la institución de ahorro, Atilano Soto, solicitó en un primer momento un préstamo (para pagar los 6,8 millones de euros con los que había sido sancionada Navicoas por Hacienda) de garantía personal. No incluía garantías hipotecarias, es decir, no se iba a avalar poniendo como garantía el Torreón de Lozoya ni ninguno del resto de inmuebles que finalmente fueron hipotecados.

Esa solicitud de un préstamo está fechada el 26 de marzo de 2012, el mismo día que el consejo de administración de la Caja dio autorización a sus responsables para pedir un préstamo con el que afrontar la deuda del fiasco urbanístico de Navicoas en Asturias. Sin embargo, en el consentimiento que los miembros del consejo prestaron a Atilano Soto se especifica que sería un préstamo con garantía personal «e incluso hipotecarias», lo que dejaba vía libre para hipotecar el Torreón y cualquier otro bien de la entidad de ahorros.

Un banco no puede ser autor de delito

Este extremo, el que se refiere al visto bueno de los consejeros para pedir un préstamo con garantías hipotecarias, aparece así recogida en el acta del consejo de administración de ese 26 de marzo, aunque dicha acta no está firmada por el secretario (solo lo está por el presidente) y fue redactada varios meses después de la celebración de la reunión, según varios consejeros. Éstos siguen manteniendo que esa y otras actas fueron falseadas para ofrecer la apariencia de que el consejo de administración dio autorización a Soto para hipotecar el Torreón. Una posibilidad que la mayoría de esos consejeros niega que se les mencionara. Y las grabaciones del consejo que podrían aclarar este y otros puntos están desaparecidas.

En la argumentación que ampara la nueva disposición judicial conocida este jueves, el magistrado esgrime que, «de acuerdo con el principio estricto de legalidad penal, el delito de administración desleal no puede ser cometido por una persona jurídica, como lo es Bankia S. A.».

Esta fue la principal defensa esgrimida por la representación legal del banco en la declaración que realizó ante el juez segoviano el pasado 27 de abril. Si fue lícito que Bankia escapara impune de la losa generada por Navicoas es lo que trata de averiguar el magistrado, que llamó a declarar como imputada a la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri.

La declaración del despacho de Garrigues

Por otra parte, el auto del titular del Juzgado número 5 estima «pertinente y de utilidad el requerimiento» de dirigir a la dependencia regional de Inspección de la Agencia Tributaria con sede en Gijón «para el esclarecimiento de determinados extremos de interés para la causa».

En este sentido, el juez señala que no procede admitir la declaración de los abogados del despacho Garrigues porque ese testimonio ya tuvo lugar el pasado 27 de abril. Uno de los representantes de esta oficina asumió en su declaración testifical la autoría del informe sobre la posible derivación de la responsabilidad tributaria de los administradores de hecho o de derecho de Navicoas. Según desveló ese día el abogado de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Jorge Alexandre, personado en el proceso, Bankia sabía desde un primer momento que no iba a asumir la deuda tributaria generada por Navicoas.

Si después asesoró a Navicoas y a Caja Segovia sobre cómo manejar la negociación con Hacienda y cómo hacer frente a la sanción impuesta por la agencia tributaria, fue «por un compromiso de ética corporativa o de buen gobierno corporativo», según explicó el letrado de UPyD acerca de la declaración del representante legal de Bankia a preguntas del magistrado.

El informe del despacho Garrigues, que parece que fue sufragado por Bankia, ofreció a los administradores de Navicoas tres opciones a la hora de dar respuesta a la inspección de Hacienda. Podían firmar un acta de conformidad, un acta sin conformidad o un acta con acuerdo. Esta última fórmula fue finalmente la elegida y de la que resultó la sanción de 6,8 millones liquidada con un préstamo en el que se puso como aval el Torreón de Lozoya, entre otros inmuebles emblemáticos de Caja Segovia.

El representante de Garrigues aseguró también a preguntas del juez que no recibieron instrucciones de Bankia respecto al sentido que debía tener ese informe que sirvió de base para llegar a un acuerdo con Hacienda y aceptar un castigo de 6,8 millones. Aunque Alexandre ponía en solfa la credibilidad de ese testimonio y que Bankia no tuviera ninguna intervención en el informe «cuando era quien lo pagaba», señaló el abogado de UPyD.

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