La Fiscalía de Menores reduce a una falta las pintadas realizadas en el acueducto de Segovia

La Fiscalía de Menores de Segovia ha tipificado como una falta de deslucimiento de bienes inmuebles las pintadas que realizó una joven el pasado mes de diciembre en dos pilares del acueducto de Segovia situados en el tramo de la calle Almira, a la altura de la Academia de Artillería. El expediente ya ha sido incoado y si la instrucción continuara se formularía escrito de acusación y habría juicio, pero la infracción descrita, inferior a la figura del delito contra el patrimonio histórico gracias a que los daños fueron leves, le da la opción de una conciliación extrajudicial que limita el castigo a pagar la limpieza, pedir disculpas al Ayuntamiento y, como mucho, prestar algún servicio a la comunidad.

El caso está ya en manos de un equipo técnico (dependiente del Juzgado de lo Penal, pero también a disposición de Menores) formado por un educador social, un trabajador social y un psicólogo, tal y como confirmaron a la agencia Ical fuentes oficiales de la Fiscalía. Ellos son los encargados de estudiar la actitud y circunstancias de la joven para determinar si procede aplicar la propuesta de una conciliación extrajudicial.

La ley de responsabilidad penal de menores es punitiva, pero también educativa. Contempla un uso flexible del principio de intervención mínima que da pie a soluciones basadas en el resarcimiento anticipado o conciliación entre las partes, la suspensión condicional de la medida impuesta o su sustitución durante la ejecución. Es decir, acuerdos que no requieren la intervención final de juez ni fiscal.

Las conciliaciones extrajudiciales oscilan desde una mera amonestación y el abono de la responsabilidad civil hasta arrestos de fin de semana en centros de menores. La autora de las pintadas en el acueducto no es reincidente y ha reconocido su culpa, por lo que el internamiento no se contempla, y hay precedentes parecidos en Segovia donde los infractores han asumido la prestación de servicios a la comunidad.

Las pintadas en fachadas han llevado a jóvenes de distintas localidades de la provincia a pasar un tiempo limpiando las suyas o las que otros han hecho. Aunque la prestación acordada puede ser de otro tipo, como en un pueblo, también de la provincia, donde el Consistorio empleó a unos menores infractores para montar y desmontar la plaza de toros portátil.

Menos de 200 euros en limpieza

La responsabilidad civil no la podrá eludir pero a la joven pintora del acueducto (o a sus padres) le supondrá un castigo mínimo, muy inferior a la pena social de haber tocado el monumento romano. De hecho, el Ayuntamiento ha cifrado en menos de 200 euros el gasto en limpieza, a pesar de lo llamativo del acto.

La falta de desperfectos más graves es precisamente lo que ha determinado que la fiscal de menores tipificara el acto como una falta de deslucimiento de bienes inmuebles, sin alcanzar siquiera una de daños. El perjuicio finalmente sólo fue estético, no estructural, según precisaron los técnicos en el informe remitido a la Justicia.

La pintura usada era de un espray de obra que pudo limpiarse con un disolvente y agua a presión. No hubo que recurrir a métodos más abrasivos, por lo que los sillares sólo se vieron afectados en una capa superficial.

El Ayuntamiento fue advertido de las pintadas realizadas en el milenario monumento el 18 de diciembre, el 22 presentó denuncia en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y sólo dos días después fue identificada la menor, que actuó en compañía de otros cuatro jóvenes que no han sido implicados por la Fiscalía. Una pintada ocupaba dos sillares, otra uno, y en ambas podía leerse en rojo NIRE, en alusión a las iniciales de cuatro de estos adolescentes, que también fueron escritas en una fachada del instituto Mariano Quintanilla y en la de otro inmueble próximo.

La gamberrada tuvo un enorme impacto en los medios de comunicación dentro y fuera de la provincia e incluso de la región, al tratarse de la mayor agresión al acueducto que se recuerda, como apuntó en su momento la concejala de Patrimonio Histórico, Claudia de Santos. Pero lo cierto es que todo apunta que el mayor castigo será ése, el impacto social de una fechoría que no ha causado daños estructurales en el monumento y, gracias a ello en buena medida, sin consecuencias penales.