Topas lidera el tráfico ilegal de teléfonos móviles en las prisiones españolas

Imagen de las instalaciones de la cárcel de Topas. /WORD
Imagen de las instalaciones de la cárcel de Topas. / WORD

La tenencia de estos dispositivos se ha convertido en el mayor problema de seguridad

M. SÁIZ-PARDO/COLPISAMadrid

Es el mayor problema en la actualidad de la seguridad en las cárceles españolas, según admiten los expertos y reconocen por primera vez las estadísticas. El tráfico ilegal de móviles en los centros penitenciarios se ha convertido en una pandemia imposible de erradicar. Y la prisión de Topas se lleva la palma.

Aunque Instituciones Penitenciarias considera una prioridad mantener bajo control las comunicaciones de los internos, sobre todo para evitar que los ‘capos’ del crimen organizado y los terroristas prosigan con la actividad delictiva desde su celda, la realidad es que el Ministerio del Interior ha sido incapaz de frenar el flujo de terminales en los 69 centros que dependen de la Administración central. Y eso que la incautación de un aparato supone una falta grave disciplinaria para el preso, que le puede acarrear el aislamiento o el fin de algunos privilegios. Aunque siempre se había sospechado que existía una violación sistemática de la prohibición de que los presos accedan a comunicaciones sin control desde el interior de las cárceles, ni siquiera los propios trabajadores de prisiones pensaban que el problema alcanzaba tal envergadura. Una respuesta de Interior al senador de Bildu Jon Iñarritu ha revelado el alcance del agujero de seguridad. Según admite el departamento que dirige Ángel Yuste, entre el año 2000 y 2017 los funcionarios se incautaron en los centros de 17.140 terminales, una media de un millar de móviles al año. El problema, además, no decrece. Solo el pasado año fueron descubiertos 1.383 aparatos en manos de los internos, casi cuatro móviles incautados al día. Y eso que la población en los centros dependientes del Ministerio del Interior se ha visto reducida en más de un 20% durante los últimos años.

Aun así, 2017 no fue el peor año. En 2009, con una población que rondaba los 65.000 internos, se batieron todos los récords con 1.784 móviles incautados. En 2010 la cifra llegó a los 1.779.

De récord

El problema no es, ni mucho menos, homogéneo. Hay cárceles que son un verdadero coladero, según se ha visto obligado a reconocer el Ministerio del Interior. En trece de los 69 centros penitenciarios del Estado se han incautado más de 500 móviles en los últimos 17 años. A la cabeza se sitúa la cárcel salmantina de Topas con 1.242 incautados. En este centro, en 2009 llegaron a descubrirse 170 teléfonos en una población que apenas superaba los 1.000 reclusos. O lo que es lo mismo, un teléfono ilegal cada siete reclusos. Le siguen Tenerife con 852 móviles desde 2000, Ceuta con 890, Melilla con 839, Valencia con 805, Madrid III con 728, Palencia con 673 o Las Palmas con 608.

Según informan fuentes penitenciarias, sin duda la mayor parte de estos terminales son introducidos en los centros por familiares que portan los teléfonos introducidos en sus propios cuerpos y luego aprovechan los vis a vis íntimos para entregarlos a los presos. Aún así, la información facilitada por el Gobierno al Parlamento constata que también ha habido connivencia de los funcionarios. Desde 2010 a 2016 han sido sancionados ocho trabajadores penitenciarios por «introducir o vender teléfonos a los internos».

Ante la imposibilidad de controlar la entrada de los terminales a los centros, Interior puso en marcha en 2008 un programa para instalar inhibidores. Pero ese plan para impedir las comunicaciones -que no es del todo efectivo, según denuncian los funcionarios- además no abarca a todas las prisiones. El Gobierno admite que solo cuenta con inhibidores en 39 de sus 69 cárceles. Llama la atención también que en buena parte de los establecimientos con más elevadas incautaciones de aparatos (y cuyos nombres no se publican por motivos de seguridad) Instituciones Penitenciarias no haya desplegado todavía sistemas de inhibición, como se admite en la respuesta remitida al Senado.

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