El sindicato Acaip se querella contra los responsables de Instituciones Penitenciarias

Representantes del sindicato en un concentración en Madrid./Word
Representantes del sindicato en un concentración en Madrid. / Word

El sindicato denuncia irregularidades en el concruso de traslados

Ricardo Rábade
RICARDO RÁBADESalamanca

El sindicato Acaip, que es la sigla sindical con mayor porcentaje de representación entre los trabajadores del centro penitenciario de Topas, ha presentado una querella criminal por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos contra el subsecretario de Interior, Luis Aguilera Ruiz; el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo , y la subdirectora general de Recursos Humanos, Ana María Velasco.

Acaip recuerda que el 28 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria del concurso de traslados en Instituciones Penitenciarias, publicándose la correspondiente resolución de ese concurso en el BOE del día 6 de noviembre. En dicho concurso de traslados, los funcionarios de prisiones de toda España podían solicitar las plazas vacantes que salían, aproximadamente 3.500, en los más de 80 establecimientos penitenciarios repartidos por la geografía española.

Durante todo el proceso de resolución se fueron produciendo por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, según la versión de Acaip, «una serie de irregularidades intolerables, llevando a cabo actuaciones aberrantes, colocando la tramitación de ese concurso de traslados al frente de un hipotético ranking de ilegalidades e irregularidades intolerables, de oscurantismo total y absoluto y de falta de respeto a las más elementales normas de procedimiento».

Acaip ha remitido una carta por este asunto al subdelegado delGobierno en Salamanca, Antonio Andrés Laso, donde le insta a solicitar a la Intervención de Hacienda en la provincia «la comprobación de la existencia de la totalidad de puestos de trabajo que hayan resultado adjudicados» el 6 de noviembre.El sindicato señala que «dar puestos de empleados públicos a quienes no les corresponden, conceder destinos a personas que no les corresponden, conceder destinos en puestos públicos en provincias en las que ni siquiera existen esos puestos, crea una alarma social intolerable e inasumible».

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