Los ERE van en retroceso al bajar de 2.300 a 500 los trabajadores afectados

Trabajadores del sector de la construcción en una obra en la capital salmantina. /WORD
Trabajadores del sector de la construcción en una obra en la capital salmantina. / WORD

El lustro 2012-2016 se saldó con un descenso de los empleados inmersos en despidos colectivos, suspensiones de contratos y reducciones de jornada

Ricardo Rábade
RICARDO RÁBADESALAMANCA

Los rayos esperanzadores que se otean en el encogido mercado laboral salmantino en los dos últimos años están propiciando un aluvión de debates entre quienes defienden que, efectivamente, se comienza a ver la luz y la cacareada crisis ya no golpea de forma tan virulenta como lo ha hecho a lo largo de los anteriores ejercicios, y los que sostienen que los supuestos brotes verdes en la economía no se están vislumbrando en los diferentes tejidos del sector productivo de la provincia.

En el caso de los indicadores que reflejan el volumen de los trabajadores afectados por las diferentes modalidades que abarcan los expedientes de regulación de empleo (ERE), las tendencias indican una clara mejoría. Al menos, así se desprende de los datos oficiales que hizo públicos el Gobierno en el Congreso en relación a la tesitura que viene atravesando la provincia salmantina. Esta información da respuesta, precisamente, a una pregunta parlamentaria que formuló meses atrás en la Cámara Baja el diputado del Partido Popular por la provincia de Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro.

Los números resultan especialmente elocuentes y hablan por sí solos, marcando una evolución sustancialmente positiva a lo largo de este último lustro. En concreto, en el año 2012 se detectaron en nuestra provincia nada más y nada menos que 2.302 casos de trabajadores inmersos en expedientes de regulación de empleo. De ellos, el mayor bloque correspondió con los expedientes relativos a las suspensiones de contratos –un total de 1.028– seguidos en segundo lugar por los expedientes derivados por la reducción de la jornada –996 casos más–, vinculándose los 278 restantes a situaciones más traumáticas, dado que fueron trabajadores que acabaron relegados al ostracismo del desempleo al verse perjudicados por los despidos colectivos acometidos en sus empresas.

Cinco años después, sin embargo, este panorama irradia sensaciones más reconfortantes. El año 2016 se cerró con solo 499 empleados afectados por procedimientos de regulación de empleo, es decir, casi cinco veces menos en comparación con los dígitos computados hace un lustro. Esta cantidad se desglosa con 265 expedientes por suspensiones de contrato, 159 derivados de despidos colectivos y apenas 75 por reducción de la jornada, tal como se enumera en los datos que vertebran la contestación parlamentaria del Gobierno a la interpelación del diputado salmantino. Se trata de datos oficiales y totalmente asépticos, dado que han sido extraídos de las estadísticas que confecciona el Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social. La problemática de los ERE ha ido mitigándose con el paso de los años, ya que en 2013 fueron 2.092 los trabajadores afectados, en 2014 se redujeron hasta los 994 y en 2015 bajaron hasta los 853.

Un expediente de regulación de empleo, conocido laboral y socialmente por sus siglas ERE, es un procedimiento administrativo-laboral de carácter especial dirigido a obtener de la autoridad laboral competente la autorización para suspender o extinguir las relaciones laborales cuando concurran determinadas causas y garantizando en todo momento los derechos de los trabajadores.

La normativa ministerial especifica que se pueden tramitar procedimientos por expedientes de regulación de empleo en diferentes situaciones, como pueden ser el despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, la suspensión o la extinción de la relación laboral por fuerza mayor, la suspensión de la relación laboral fundada en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, la extinción de la relación laboral por extinción de la personalidad jurídica del contratante, además de la reducción de la jornada laboral.

La doctrina ministerial establece que la adopción de medidas de regulación de empleo por parte de las empresas, ya sean de reducción de la jornada, suspensión temporal del contrato o de extinción de las relaciones laborales, exigen el seguimiento de un determinado procedimiento en el que interviene la autoridad laboral como garante del cumplimiento de todos los requisitos establecidos legal y reglamentariamente.

La consideración de un procedimiento como despido colectivo requiere que, en un periodo de 90 días, la extinción de los contratos afecte a un número mínimo de trabajadores según los umbrales previstos en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores. Este requisito numérico no se exige en los supuestos de reducción de la jornada laboral o suspensión de contratos ni en los de fuerza mayor.

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