PP y PSOE «tienen que ir de la mano» para reformar el modelo financiero

El secretario de Estado de Hacienda, junto al subdelegado del Gobierno, Antonio Andrés Laso. /ANTORAZ
El secretario de Estado de Hacienda, junto al subdelegado del Gobierno, Antonio Andrés Laso. / ANTORAZ

Hacienda recuerda que el sistema de cuentas regionales depende de una Ley Orgánica que necesita una mayoría «cualificada y absoluta» en el Congreso

C.T.M. / ICALSALAMANCA

El secretario de Estado de Hacienda del Gobierno de España, José Enrique Fernández de Moya, insistió ayer en que «la reforma del modelo de financiación autonómica solo es posible si hay un acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista», y recordó que «el Gobierno, el presidente Rajoy y el ministro Montoro han dicho por activa y por pasiva que tienen la mano tendida para llegar a acuerdos con el PSOE en la reforma del modelo de financiación autonómica».

Fernández de Moya, que realizó estas declaraciones minutos antes de impartir la conferencia ‘El fondo de liquidez autonómica y facilidad financiera’ en el Colegio San Agustín de Salamanca, dentro de la II Semana de Formación ‘Enseñar educando’, recordó que el actual modelo de financiación «fue aprobado por el PSOE en el año 2009».

«A partir de aquí, el Gobierno de España alcanzó el compromiso de poner en marcha una hoja de ruta de cara a la reforma del modelo de financiación autonómica en la Conferencia de Presidentes Autonómicos de enero del año pasado», continuó, señalando que «el instrumento normativo en el que se apoya una reforma del modelo de financiación es una Ley Orgánica».

El secretario de Hacienda destaco el rol «municipalista» de Rajoy y de Montoro

Así, Fernández de Moya manifestó que esa reforma «requiere una mayoría cualificada y absoluta de votos a favor en el Congreso de los Diputados» y que, por ello, «Partido Popular y Partido Socialista tienen que ir de la mano, porque de otra manera resulta imposible articular la mayoría absoluta para sacar adelante este instrumento normativo».

Asimismo, señaló como el siguiente paso la reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación, con un representante de cada Comunidad Autónoma salvo Cataluña, «que declinó esa responsabilidad», para analizar «quincenalmente» el vigente modelo «y las propuestas de presente y futuro para la reforma del modelo» que, insistió, solo se logrará «si hay un acuerdo PP-PSOE».

Plusvalía

En cuanto al proceso de reclamaciones por el impuesto de plusvalía tras la sentencia del Tribunal Constitucional que lo anula para los casos donde no exista incremento de valor desde la compra hasta la venta, Fernández de Moya señaló que el Gobierno «ha cumplido con el mandato de la sentencia del Constitucional».

El secretario de Estado de Hacienda recordó en Salamanca que el Alto Tribunal «no declara inconstitucional el tributo local del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, coloquialmente conocido como plusvalía», sino que «dice que el legislador legisle en aquellas situaciones inexpresivas de capacidad económica».

«Pero ha dicho que el impuesto es constitucional», continuó Fernández de Moya, quien afirmó que el Gobierno añadió «mejoras técnicas y actualización del coeficiente» a través de siete reuniones con grupos parlamentarios de las que salió una Proposición de Ley que «está a punto de registrarse en el Congreso y que nace del consenso no solo de la mayoría de los grupos parlamentarios, sino también de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias».

También hizo mención el secretario de Estado de Hacienda a la posibilidad de flexibilizar el techo de gasto de las administraciones locales, asegurando que «si hay un presidente y un ministro convencidos de que el municipalismo es clave en el diseño de la España actual, esos son Rajoy y Montoro».

Por último, Fernández de Moya se refirió al acuerdo que firmará hoy, junto al director general del Catastro, Fernando de Aragón, y al alcalde de Salamanca para «dotar de lo que significa un mapa de gestión sobre la superficie parcelaria de todos los bienes inmuebles de Salamanca» en lo que supone un convenio municipal pionero.

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