La Junta avala al Consistorio al darle un año más de plazo en el caso Corte Inglés

Instantánea captada ayer de la fachada posterior del edificio de El Corte Inglés. /MANUEL LAYA
Instantánea captada ayer de la fachada posterior del edificio de El Corte Inglés. / MANUEL LAYA

El consejero de Fomento publicará la próxima semana en el Bocyl la prórroga de la moratoria, que pretende poner fin a este conflicto urbanístico

Ricardo Rábade
RICARDO RÁBADESALAMANCA

Los miembros del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León aprobaron ayer la petición planteada por el Ayuntamiento de Salamanca, que supone la concesión al Consistorio de una prórroga adicional de un año para que resuelva el conflicto urbanístico generado tras la anulación por los tribunales de la licencia de construcción del edificio de El Corte Inglés en la calle María Auxiliadora.

La reunión, que se celebró por la mañana en Valladolid, no deparó ninguna sorpresa en este sentido y supuso, al mismo tiempo un auténtico balón de oxígeno para la estrategia que viene desarrollando en este espinoso asunto el grupo municipal de gobierno del Partido Popular, dado que el plazo de la moratoria de dos años que le otorgó en abril de 2016 la Administración autonómica para acometer la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana con vistas a poner fin al embrollo urbanístico que envolvió la construcción del centro comercial, expira el próximo 15 de abril.

De esta forma, el Ayuntamiento dispone de un amplio y cómodo plazo de un año –hasta abril de 2019– para culminar este cambio urbanístico y poner fin a a este pleito urbanístico, todo ello a partir del acuerdo plenario que adoptó la corporación local salmantina el pasado 9 de febrero, auspiciado por el Partido Popular y que cosechó finalmente, las adhesiones de los concejales del PSOE y de los ediles del grupo municipal de Ciudadanos.

Ciudadanos recalca que la petición de la prórroga refleja la «incapacidad» del alcalde

Solventado sin ningún tipo de contratiempo inesperado de ni de traba el posible escollo con el que podía haberse tropezado ayer el Ayuntamiento de Salamanca durante la sesión matinal que celebró en la capital del Pisuerga la Comisión de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio, la prórroga de la moratoria ya es real y se materializará la próxima semana en las páginas del Boletín Oficial de Castilla y León, donde se publicará el acuerdo en cuestión con la rúbrica del consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien curiosamente y en un contexto claramente ajeno a esta polémica, visitaba en la mañana de ayer la ciudad del Tormes, acompañando al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

La petición y la posterior aprobación de la prórroga, con un año adicional sobre la moratoria inicial de las dos anualidades, tensó ayer la actividad política en los pasillos y despachos del Ayuntamiento de Salamanca, concretamente entre las filas de la oposición municipal.

El PSOE critica la falta de información y considera que Mañueco «no ha estado a la altura»

Pese a que tanto Ciudadanos como el PSOE votaron a favor de la solución urbanística abanderada por el PP durante la sesión plenaria del pasado 9 de febrero, en ambas formaciones políticas se respiraba ayer un llamativo malestar por la nueva estrategia desplegada por el PP, dado que el grupo de gobierno no comunicó previamente ni a C's ni al Partido Socialista en ninguna comisión municipal sobre sus intenciones de plantear a la Junta una prórroga de un año adicional sobre la moratoria.

El portavoz municipal de Ciudadanos, Alejandro González, Bueno, puntualizó que el PP no les había dado ninguna información previa en este sentido y que solo habían tenido conocimiento de la petición de la prórroga gracias a la noticia que adelantó ayer en exclusiva este diario. El edil naranja arremetió contra Mañueco, a quien responsabilizó de «haber dejado pasar el plazo» máximo de la moratoria, todo ello fruto de su «incapacidad» para resolver este desaguisado urbanístico a lo largo de los dos últimos años que ha durado la misma. «No nos han informado de nada», lamentó González Bueno, quien insistió en que «todo esto demuestra la incapacidad del alcalde, pese a que la solución está sobre la mesa», refiriéndose en este sentido al acuerdo plenario del Ayuntamiento del pasado 9 de febrero.

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