Ganemos anuncia acciones legales contra el presupuesto aprobado ayer por el pleno

Imagen del pleno municipal de ayer. /LAYA
Imagen del pleno municipal de ayer. / LAYA

Los fondos municipales de este año ascienden a casi 154 millones de euros, 6,3 más que en 2017

DANIEL BAJO / WORDSALAMANCA

El presupuesto municipal para 2018 ya es una realidad después de que el pleno del Ayuntamiento rechazase ayer las nueve alegaciones presentadas por Ganemos Salamanca, el sindicato de Policía Municipales de España y una funcionaria del Consistorio. El pleno del 2 de marzo ya dio su visto bueno a las cuentas publicas y ayer corroboró su decisión aprobando el dictamen de la comisión del Economía sobre la aprobación de las cuentas públicas. Tampoco hubo sorpresas y los concejales populares y de Ciudadanos votaron a favor, mientras que los socialistas y los de Ganemos lo hicieron en contra.

La agrupación de electores anunció ayer su intención de acudir a la Justicia para paralizar las cuentas. El concejal Gabriel Risco argumentó ayer que el presupuesto de este año tiene varios aspectos que, según Ganemos, no cumplen la legalidad. Entre éstos citan la falta de documentación, las bases de ejecución presupuestaria «ilegales» y el incumplimiento de la Ley de Transparencia. Risco acusó al equipo de Gobierno (y a Ciudadanos por apoyarles) de querer «ocultar información» para dificultar el control de su actividad y de no publicar el proyecto de presupuestos en la web. Ganemos también lamentó que los presupuestos incluyan la Base de Ejecución 24, que permitirá al Ayuntamiento prorrogar contratos públicos, y tildó al equipo de Gobierno de «autoritario» y «clientelista».

El concejal de Economía y Hacienda, Fernando Rodríguez, fue el encargado de dar la réplica a Ganemos. Según Rodríguez, las nueve reclamaciones presentadas se rechazaban en base a los informes de los técnicos municipales, ya que las quejas sobre puestos de trabajo y plantillas «no pueden incluirse» en el presupuesto y las supuestas ilegalidades denunciadas por Ganemos no concuerdan con los informes técnicos. Rodríguez pidió a la agrupación de electores que «no desprecie» a los funcionarios municipales y aclaró que la Base 24 se emplea «para dar respuesta a problemas prácticos» en Salamanca «y en todas partes».

En cuanto a Ciudadanos, reivindicaron sus aportaciones al presupuesto de este año, se preguntaron quién votaría en contra de unas cuentas con fondos para mociones aprobadas por unanimidad, acusaron a Ganemos de «automarginarse» y rechazaron las presuntas ilegalidades denunciadas por éstos.

Finalmente, los portavoces del Grupo Socialista comentaron que a las cuentas siguen un modelo «caduco y trasnochado que nada tiene que ver con la ciudad del futuro» y, aunque reconocieron que podrían apoyar algunos aspectos de los presupuestos, «globalmente no podemos estar de acuerdo».

Las cuentas municipales para 2018 contarán con un montante total de ingresos y gastos de 153.9 millones de euros, unos 6,3 millones de euros más que el pasado año, lo que supone un incremento del 4,3%. Es un prespuesto «inversor» y pensado para «generar actividad económica y empleo».

Choque anunciado

El segundo gran tema del pleno de ayer fue la composición de la mesa permanente de contratación del Ayuntamiento. Los distintos grupos políticos habían adelantado esta semana sus posturas y ayer se vio claramente la división municipal al respecto. Grosso modo, la nueva Ley de Contratos del Sector Público aboga por crear mesas de contratación (los órganos municipales que elaboran las propuestas de contratación públicas) integradas por técnicos y funcionarios, si bien en el caso de los Ayuntamientos abre la puerta a la presencia de políticos.

Con este trasfondo, el pleno se enzarzó ayer en si la mesa de contratación de Salamanca debe estar formada sólo por técnicos o debe haber representantes políticos.

El debate respaldó crear mesas de contratación con políticos y altos funcionarios

Ganemos y PSOE se presentaron como defensores de la gestión 'profesionalizada'. El PP abogaba por una mesa compuesta por el concejal de Contratación (Carlos García Carbayo) y dos altos funcionarios municipales y Ciudadanos navegaba entre dos aguas pidiendo «reflexión y serenidad» en el debate y alegando que los políticos, como cargos electos, responden de las decisiones de la mesa, tanto si están en ella como si no.

Según el concejal de Ganemos Gabriel Risco, es «muy importante separar la política de los funcionarios». La mesa «es un órgano técnico» y debe tomar sus decisiones al margen de los políticos «en favor de una gestión limpia». La prerrogativa legal que abre la puerta a los representantes electos «es una excepción, no una obligación».

El socialista Arturo Ferreras anunció que no compartían «ni la forma ni el fondo» de la postura del PP y reclamó o bien una mesa puramente técnica o una en la que pudiesen estar todos los partidos de la oposición y no sólo un concejal del equipo de Gobierno. Ferreras también añadió que las propuestas de la mesa pasan por comisiones políticas, lo que garantiza su control y hace innecesaria su presencia en la citada mesa.

El concejal Carlos García Carbayo fue el encargado de defender la postura de los populares. Constituir la mesa con un concejal y dos técnicos «es una propuesta de mínimos». Por cada concejal de más habría que añadir dos funcionarios y la mesa sería «inoperable». «Por eso proponemos una mesa lo más reducida posible», comentó. La idea del PP «es la más lógica y natural, tanto en la forma como en el fondo». En cuanto a la presencia de políticos en una mesa que podría constituirse sin ellos, Carbayo comentó que es una opción común en Ayuntamientos de todo signo político y que lo importante no es tanto quién componga la mesa como que se comporte «de forma ética». La propuesta del PP «es legítima» porque la ley permite componer la mesa con un concejal y dos funcionarios de carrera.

Como era de esperar, el pleno dio su visto bueno a la propuesta con los votos a favor del PP y la abstención de Ciudadanos.

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