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Solar de la calle Víctimas del Terrorismo, propiedad del Ministerio de Defensa y cuyo uso fue modificado por el Ayuntamiento para ubicar futuros equipamientos públicos. LAYA
Defensa reclama una indemnización de 14,4 millones por el caso Corte Inglés de Salamanca

Defensa reclama una indemnización de 14,4 millones por el caso Corte Inglés de Salamanca

El expediente afecta al solar de Víctimas del Terrorismo y fue remitido a los servicios jurídicos del Estado el pasado 6 de abril

ricardo rábade / word

SALAMANCA

Martes, 8 de mayo 2018, 07:51

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El espinoso conflicto urbanístico generado por la edificación de El Corte Inglés en la avenida María Auxiliadora, cuya licencia de construcción fue anulada por los tribunales con varias sentencias judiciales –la última de ellas dictada en enero de 2016 con carácter firme por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León– se complica todavía más.

El centro comercial, que fue construido en virtud del convenio de colaboración que suscribieron en su día el Ayuntamiento de Salamanca, el Ministerio de Defensa y la cadena de los grandes almacenes en relación a los terrenos del antiguo acuartelamiento de Julián Sánchez El Charro, vuelve a situarse en el ojo del huracán informativo, después de que ayer el Ministerio de Defensa confirmara oficialmente que tiene intención de emprender acciones legales contra la solución urbanística que aprobó el pleno del Ayuntamiento el pasado 9 de febrero con el fin de encontrar una salida a este embrollo urbanístico. Dicho acuerdo plenario fue auspiciado por el grupo de gobierno del PP y salió adelante al recibir el voto favorable de los concejales del PSOE y Ciudadanos, generando, eso sí, la frontal oposición de los cuatro ediles de Ganemos, que votaron en contra.

La alternativa fijada por el Consistorio para poner fin a este complicado galimatías urbanístico consiste en una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en relación a la parcela de María Auxiliadora donde se encuentran situados los grandes almacenes. La propuesta, consensuada previamente en enero por PP, PSOE y C's con el aval de los informes de los técnicos municipales, pretende cambiar el uso del solar de la calle Víctimas del Terrorismo, contiguo al centro comercial, cuyo titular es el Ministerio de Defensa y que se encuentra actualmente sin edificar, que pasará de residencial a dotacional con el fin de albergar futuros equipamientos públicos.

Defensa ha hecho una estimación inicial y no descarta que la cuantía pueda ser aún mayor

Los citados equipamientos que proyecta edificar el Consistorio se destinarían a emprendedores vinculados a la investigación y al conocimiento o a viviendas accesibles para personas mayores y con discapacidad. Además, la propuesta urbanística, según la versión que hizo oficial el Ayuntamiento tras su aprobación en la sesión plenaria del pasad 9 de febrero, «cumple con la premisa de todos los grupos de mantener abierto El Corte Inglés» y de «garantizar sus más de 800 empleos directos e indirectos, así como todos los equipamientos públicos que sumó la ciudad charra gracias al convenio suscrito entre Ayuntamiento de Salamanca, Ministerio de Defensa y los grandes almacenes».

Sin embargo, la postura del Ministerio de Defensa choca frontalmente con el acuerdo del pleno municipal. En su respuesta de ayer, el organismo que dirige la ministra María Dolores de Cospedal desveló que el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), organismo autónomo perteneciente a la estructura del Ministerio de Defensa y que es el titular del solar de la calle Víctimas del Terrorismo, remitió el pasado mes de marzo al Consistorio salmantino «un escrito de respuesta a la notificación del acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Salamanca».

Alegaciones de 2015

El Invied también solicitó en el escrito enviado al Consistorio que «resuelva las alegaciones que había planteado en marzo de 2015», a la vez que instaba al Ayuntamiento a «la continuación de la tramitación administrativa de la modificación puntual número diez del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca en la avenida María Auxiliadora hasta la aprobación definitiva de dicha modificación en los términos expuestos en las alegaciones presentadas».

Es decir, el Ministerio de Defensa, a través del citado instituto, comunicó al Ayuntamiento que la alternativa para remediar este interminable pleito urbanístico era acometer la modificación de la parcela según los criterios que ya había planteado hace tres años en sus alegaciones, mostrando de esta forma su disconformidad con la fórmula que ratificó el pleno municipal el pasado 9 de febrero.

El Invied plantea como otra opción «recuperar las propiedades incluidas en el convenio»

Por su si fuera poco, Defensa ha decidido dar un salto cualitativo en su estrategia confirmando ayer, tal como ya insinuó hace meses y como ya se hizo eco este periódico, que iba a trasladar este asunto a los tribunales y encaminarse por la senda judicial para que sus derechos no se vean perjudicados.

Buena prueba de todo lo anterior es que el Invied volvió a remitir el pasado 6 de abril el expediente urbanístico referido al convenio que amparó la construcción de El Corte Inglés a los servicios jurídicos del Estado para que «proceda a emprender las correspondientes acciones legales, con el fin de que se puedan recuperar las propiedades incluidas en el convenio, o en su caso, se indemnice al Invied por la pérdida patrimonial que, en el momento procesal oportuno, será valorada con todo detalle por los servicios técnicos del Instituto, y cuyo valor se estima inicialmente en la cantidad de 14,4 millones de euros».

En mayo de 2017 el Invied dejó entrever sus intenciones poniendo trabas al planteamiento urbanístico que estaba perfilando el grupo de gobierno del PP en solitario, dado que entonces los ediles socialistas y naranjas no sintonizaban con las tesis que esgrimía el alcalde y habían confeccionado otra alternativa urbanística de forma conjunta con Ganemos.

Además, el Invied desveló entonces que había mantenido reuniones con el Ayuntamiento y con la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León sin haberse logrado ningún avance en las conversaciones. El instituto ministerial puso en tela de juicio la propuesta municipal al apuntar que el Ayuntamiento, en vez de aceptar el abono de una indemnización a Defensa, estaba proponiendo «atribuir a la parcela el uso dotacional público y después solicitar al Ministerio de Defensa su cesión gratuita».

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