Defensa se enfrenta a la demanda de 12 soldados salmantinos por su cese a los 45 años

Militares del Ejército de Tierra, durante unos ejercicios. /R. OTAZO
Militares del Ejército de Tierra, durante unos ejercicios. / R. OTAZO

Un despacho de abogados coordina la reclamación salmantina contra el Ministerio de Defensa, auspiciada por 35 soldados de la región

J. MORENOSALAMANCA

Un despacho jurídico de Madrid se ha hecho cargo de la reclamación que 35 soldados de Castilla y León, entre los que figuran 12 militares salmantinos, han presentado esta pasada semana contra el Ministerio de Defensa, y por la que reclaman una solución laboral a su cese dentro de las Fuerzas Armadas, tras cumplir los 45 años.

La ley de Tropa y Marinería del año 2006 establecía que aquel personal que ingresase en esta escala, tras pasar un proceso de selección, tenía la opción de firmar un contrato de permanencia, cuyo límite son los 45 años. A partir de esa edad, conllevaba su cese en el Ejército.

En el caso de Salamanca, un total de 177 soldados de tropa profesional destinados en nuestra provincia se quedarán sin trabajo en los próximos seis años como consecuencia de la finalización del Contrato de Larga Duración (CLD) que firmaron con el Ministerio de Defensa para acceder como miembros de las Fuerzas Armadas españolas, según los datos que maneja la Asociación de Tropa y Marinería (ATME).

La salida del Ejército afecta al personal que haya cumplido los 45 años, edad en la que la ley del Militar Profesional del año 2006 fija la marcha. Esta situación afectará a unos 8.931 militares de toda España en siete años (768 en la región). En Salamanca se verían afectados los 177 mencionados, que corresponden con el periodo 2017-2023. Las estadísticas del Ministerio de Defensa contemplan que en ese periodo se pasará de los 138 soldados que cumplen 45 años a los 2.325 en 2023 en todo el territorio nacional.

Estos datos, y la preocupación por el futuro que acarrea entre las familias, está en el fondo de esta demanda, que coordina el despacho jurídico Hebrero & Asociados, que ya tiene el respaldo de 35 soldados de Castilla y León (18 de Valladolid, doce de Salamanca y cinco de Segovia).

Hace unos días, ATME presentó un escrito al subsecretario de Defensa, Arturo Romaní Sancho, a quien corresponde la Política de Personal y Reclutamiento, en el que solicitan que se dé una solución laboral a este colectivo, que vaya más allá de la prestación indefinida del Estado de 600 euros, incompatible con otro trabajo. El sueldo de un soldado es de unos 1.100 euros al mes.

Esta reclamación administrativa se ampliará con más números de soldados a principios de agosto. Los letrados de ATME entienden que la ley de Tropa del 2006 es inconstitucional en cinco de sus artículos, «porque discrimina a estos militares y atenta contra el principio de igualdad de todos los trabajadores, ya sean públicos o privados. Este grupo está en un limbo profesional, al que no se le aplica ni Estatuto de los Trabajadores, ni el Estatuto de la Función Pública», explican.

Incumplimiento

Los demandantes plantean que se incumplen varias directivas de la UE, en relación con lo que sucede en el ámbito civil, donde se permite convertir muchos contratos temporales en fijos o indefinidos. La Asociación de Tropa sostiene que tanto el llamado contrato de larga duración, que firmaron estos soldados, como las campañas que desde hace 25 años ha venido realizando el Ministerio para reclutar a este personal, establecían reincorporaciones laborales tras el cese, formación y promoción profesional dentro de la Administración pública, circunstancias que «ya se han incumplido sistemáticamente».

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