Defensa desdice al Ayuntamiento y no ve ningún avance en el caso Corte Inglés

Solar de la calle Víctimas delTerrorismo, contiguo al Corte Inglés y donde el Ayuntamiento quiere instalar equipamientos públicos./Laya
Solar de la calle Víctimas delTerrorismo, contiguo al Corte Inglés y donde el Ayuntamiento quiere instalar equipamientos públicos. / Laya

El Gobierno confirma que la negociación con el Consistorio y la Junta no ha dado ningún fruto

Ricardo Rábade
RICARDO RÁBADESalamanca

La solución urbanística abanderada por el Ayuntamiento para intentar resolver el espinoso conflicto urbanístico generado por la construcción de El CorteInglés cada vez cuenta con menos posibilidades para su cristalización.Los escollos planteados por elMinisterio de Defensa se perfilan ahora como prácticamente insalvables, tal como ha quedado patente en la respuesta parlamentaria que el Gobierno tramitó el pasado 22 de noviembre en elCongreso de los Diputados, dando contestación a la pregunta previa que formuló el 20 de septiembre en la Cámara Baja el diputado delGrupo Confederal de Unidos Podemos- En Común Podem-En Marea, JuanAntonio López de Uralde. En su interpelación, el parlamentario y conocido activista deEquo interrogaba al Ejecutivo de Mariano Rajoy sobre las vicisitudes y las consecuencias derivadas de la operación urbanística que se fraguó la pasada década para construir El Corte Inglés en los terrenos del antiguo acuartelamiento JuliánSánchez El Charro de la capital salmantina.

La reciente contestación del Ejecutivo no tiene desperdicio y resulta especialmente elocuente, confirmando, al mismo tiempo, las trabas que ya había verbalizado el Ministerio de Defensa a la alternativa urbanística defendida por elAyuntamiento de Salamanca y por su alcalde,AlfonsoFernández Mañueco. Dichas objeciones fueron adelantadas por este diario en su edición del pasado 28 de mayo –la información publicada entonces se reproduce en esta página–, donde quedaba patente la absoluta disconformidad del Ministerio que dirige María Dolores de Cospedal respecto a la fórmula planteada por el Consistorio para tratar de buscar una salida a este atolladero urbanístico, propiciado por la anulación, primero por parte delTribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y posteriormente por parte delTribunal Supremo, de las licencias y la ordenación urbanística que amparó la edificación de los grandes almacenes en la avenida María Auxiliadora.

En su respuesta parlamentaria, elGobierno señala textualmente que «el Ministerio de Defensa es conocedor de las sentencias número 807, de 31/03/2011 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y número 112, del 7/01/2014 del Tribunal Supremo, en las que se declara nula la delimitación y ordenación del sector suelo urbano no consolidado en lo que afecta al antiguo cuartel Julián Sánchez el Charro y a los terrenos que en su día recibió el Invied (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa) como permuta».

El Gobierno también rememora en su respuesta que desde el año 2016 el Invied ha mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Salamanca y con la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, «sin que se haya llegado todavía a un acuerdo» en relación al caso Corte Inglés. El texto de la contestación es especialmente jugoso y llamativo, dado que concluye indicando, con un tono de clara advertencia, que «llegado el caso el Invied –organismo autónomo perteneciente a la estructura del Ministerio de Defensa– ejercería la defensa de sus derechos como se considere oportuno». Es decir, el organismo ministerial no oculta que está sopesando la posibilidad de plantear posibles indemnizaciones si, finalmente, resultara perjudicado en la alternativa municipal para resolver y dar por zanjado este agrio pleito urbanístico.

Varapalos judiciales

La réplica parlamentaria viene a confirmar, en definitiva, el posicionamiento púbico que ya expresó elMinisterio de Defensa en mayo. Precisamente, en aquel mes, concretamente el día 15, el alcalde intentó arrojar luz sobre este espinoso asunto, ocasionado por los varapalos judiciales que sufrió el Consistorio, y comunicó a los partidos de la oposición su particular propuesta para resolver este litigio en el transcurso de la reunión que mantuvieron los miembros de la Junta de Portavoces, órgano municipal del que forman parte el PP, el PSOE, Ciudadanos y Ganemos.

Según el planteamiento defendido entonces por el equipo de gobierno delPP, el Ministerio de Defensa podría ceder gratuitamente al Consistorio el solar de su propiedad, próximo a la instalación comercial, que está ubicado en la calle Víctimas del Terrorismo, con el fin de destinarlo a la habilitación de equipamientos públicos, todo ello como compensación por el exceso de edificabilidad que aparejó la construcción de la gran superficie.

Frente a todo ello, el Invied manejó en mayo tesis similares a las esgrimidas ahora en la respuesta parlamentaria delGobierno, cuando reconoció que las conversaciones entabladas con elConsistorio y la Junta no habían cosechado ningún fruto. Defensa rememoró entonces la evolución de este caso cuando, por boca de su instituto, recordó que «para obtener esta edificabilidad el Ayuntamiento se comprometía a tramitar una modificación del PGOU de Salamanca».

Dicha modificación puntual definió «una actuación integrada, delimitada como Unidad de Actuación Discontinua, incluyendo las propiedades de Defensa y de la empresa El Corte Inglés» y concretando «una parcela edificable en el que se materializan los usos lucrativos resultantes de esta actuación integrada», consistentes en «14.085 metros cuadrados construidos de uso residencial, patrimonializables en su totalidad por el Estado-Ramo de Defensa, la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED), y de 31.782 metros cuadrados de uso comercial, patrimonializables para El Corte Inglés».

Actuaciones urbanísticas

Según el relato de los hechos que desglosó de forma pormenorizada el Invied en mayo, las actuaciones urbanísticas fueron llevadas a cabo, inscribiéndose en abril del año 2005 en el Registro de la Propiedad «las parcelas resultantes: Ayuntamiento de Salamanca, espacios libres, viales y zonas verdes; GIED, la parcela de uso residencial; y El Corte Inglés, la parcela de uso comercial».

Sin embargo y con posterioridad a estas actuaciones, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a través de una sentencia dictada el 31 de marzo de 2011, y posteriormente el Tribunal Supremo, con otro fallo judicial emitido el 17 de enero de 2014, acordaron declarar «nula la delimitación y la ordenación del suelo urbano no consolidado objeto del convenio», dejando de esta forma «una situación de incertidumbre legal y sin contenido patrimonial las parcelas resultantes de la operación urbanística». Dichos fallos judiciales, recordó el Invied, dejaron sin efecto la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que fue aprobada con carácter definitivo para el ámbito del antiguo acuartelamiento Julián Sánchez El Charro. El Ministerio de Defensa también recapituló que las resoluciones judiciales se desencadenaron tras el contencioso que tramitó la formación política Foro de Izquierdas-Los Verdes.

Las aseveraciones vertidas por el Invied en mayo, que han sido ratificadas ahora por elGobierno, constituyeron entonces el primer posicionamiento oficial del Ministerio que dirige María Dolores de Cospedal sobre el posible remedio al pleito urbanístico y judicial en torno al Corte Inglés, que viene arrastrando desde hace años la ciudad.

Por si fuera poco y tras repasar las peculiares vicisitudes que han marcado la evolución de este controvertido conflicto, el instituto ya aportó en mayo, a través de un comunicado, una conclusión demoledora, que supuso todo un jarro de agua fría contra la fórmula consistorial. El instituto fue contundente cuando no dudó en proclamar que «las expectativas de soluciones satisfactorias para el Invied son escasas, ya que la solución pasaría por indemnizar a este instituto con el valor del inmueble a fecha de hoy», en clara referencia a las edificaciones que iban a construirse en el solar de la calle Víctimas del Terrorismo. Es decir, el Ministerio no ha titubeado en condicionar la articulación de una hipotética salida a este enredo urbanístico a que perciba una indemnización, que debería estar actualizada conforme a los precios actuales del mercado.

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