El contencioso por las ayudas para libros de texto cuesta 3.000 euros al consistorio

UIna mujer ojea un libro de texto. /ANTONIO TANARRO
UIna mujer ojea un libro de texto. / ANTONIO TANARRO
CIUDAD RODRIGO

El PP critica además que el despacho que factura el servicio de abogacía tiene «sobradas conexiones con Izquierda Unida».

Silvia G. Rojo
SILVIA G. ROJOCIUDAD RODRIGO

Si hay un tema que está trayendo cola a lo largo de esta legislatura es el de las ayudas para la compra de libros de texto que en el año 2015 puso en marcha el actual equipo de Gobierno. En aquella convocatoria se dejó excluidos a los alumnos de la escuela concertada lo que derivó en un litigio que ha supuesto unos honorarios de «poco menos de 3.000 euros», según ha informado el grupo municipal popular y que ha valorado como «un coste elevadísimo y que pone de manifiesto el capricho del tripartito sobre el asunto».

El propio portavoz, Marcos Iglesias Caridad, resumió, tirando de refranero popular que «ha costado más el collar que el galgo» y que al final, «la ideología la van a pagar los ciudadanos».

Concretamente, los honorarios del abogado han sido de 2.783 euros, a los que hay que sumar por parte del procurador otros 126,59 euros. «Con ese dinero, sobradamente los niños y familias excluidos por pertenecer a la escuela concertada hubieran tenido su beca».

El pasado curso se beneficiaron de estas ayudas 32 alumnos de la concertada

Pero los populares van más allá y Marcos Iglesias sin dar nombre, indica que «sorprende, además este gasto como consecuencia de que la empresa que factura el servicio de abogacía, de Salamanca, tiene sobradas conexiones con Izquierda Unida». Su percepción es que «este resultado evidencia que los caprichos ideológicos de Izquierda Unida, secundada por el PSOE y Ciudadanos, que no le ponen freno en sus desafortunados postulados ideológicos, salen caros».

En el curso 2016/2017 se abrió la convocatoria, aunque con matices, a todos los alumnos, y según los datos de los populares, 32 niños de la escuela concertada pudieron beneficiarse de las ayudas municipales. «Con el importe de los honorarios satisfechos en el conflicto, todos esos niños, potenciales beneficiarios en el curso 2015/2016 de no habérsele excluido de la convocatoria, podrían haber disfrutado de la ayuda, y hubiera sobrado dinero; de no habérsele excluido en 2015».

El tripartido acusa al PP de haber gastado 50.000 euros en un despacho próximo

La situación a día de hoy es que «aun así, el tripartito, formado por PSOE, IU y Ciudadanos, sigue dando prioridad a los niños de unos colegios frente a otros, en caso de empate, habiendo familias con necesidades en todos los colegios».

El equipo de Gobierno ha defendido su actuación a través de otro comunicado en el que, en primer lugar, aclaran que el Ayuntamiento «contrata los servicios de abogacía y defensa jurídica con profesionales que disponen de despacho en la localidad» y que «en el caso de Azafranal Abogados, cuya placa puede observarse en la calle Medina, es uno de ellos, siendo además un despacho habitual del turno de oficio en los juzgados de Ciudad Rodrigo».

Recuerdan que el PP «tenía como abogado «principal» a un profesional sin despacho en Ciudad Rodrigo, que además era integrante del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular» y cuyo despacho, «facturó más de 50.000 euros entre los años 2012 y 2016 en este Ayuntamiento».

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