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Solar de la calle Víctimas delTerrorismo, donde elAyuntamiento deSalamanca proyecta la instalación de equipamientos públicos.
Defensa pone trabas a la solución de Mañueco para el caso Corte Inglés

Defensa pone trabas a la solución de Mañueco para el caso Corte Inglés

Ricardo Rábade

Lunes, 29 de mayo 2017, 11:31

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El embrollo urbanístico y el galimatías político generado en torno al espinoso litigio social y judicial que envolvió la construcción de El Corte Inglés se complica y embarulla todavía más, pese a que el pasado 15 de mayo el alcalde de la ciudad, Alfonso Fernández Mañueco, intentó arrojar luz sobre este espinoso asunto al comunicar a los partidos de la oposición su propuesta para resolver este conflicto en el transcurso de la reunión que mantuvieron los miembros de la Junta de Portavoces, órgano municipal del que forman parte el PP, el PSOE, Ciudadanos y Ganemos.

En esta ocasión quien arroja nueva dudas sobre la fórmula abanderada por el alcalde y su grupo de gobierno para poner fin a este interminable escollo es, nada más y nada menos, que el Ministerio de Defensa, un organismo que, según la alternativa ideada por el regidor municipal y su equipo de colaboradores, debería ceder gratuitamente al Consistorio el solar de su propiedad, próximo a la instalación comercial, que está ubicado en la calle Víctimas del Terrorismo, con el fin de destinarse a la habilitación de equipamientos públicos, todo ello como compensación por el exceso de edificabilidad que aparejó la construcción del centro comercial.

El Instituto de Vivienda,Infraestructura y Equipamiento de la Defensas (INVIED), organismo perteneciente a la estructura del Ministerio de Defensa y que centra su actividad en la enajenación de bienes inmuebles y muebles del área de la Defensa, aportó, tras ser requerido por este diario para conocer su opinión sobre la viabilidad de la fórmula abanderada por el Ayuntamiento de Salamanca, datos especialmente jugosos sobre el estado real de las negociaciones que ha venido manteniendo con elConsistorio.

El INVIED fue preciso en su respuesta al reconocer expresamente que «durante los años 2016 y 2017 se han mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Salamanca y la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento de la Comunidad de Castilla y León, sin que se haya encontrado una solución para resolver la situación planteada», debido a las sentencias dictadas en este sentido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo en el conflicto de El Corte Inglés.

En sus puntualizaciones, Defensa rememoró, por boca de su Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento, que «para obtener esta edificabilidad el Ayuntamiento se comprometía a tramitar una modificación del PGOU de Salamanca».

Dicha modificación puntual definió «una actuación integrada, delimitada como Unidad de Actuación Discontinua, incluyendo las propiedades de Defensa y de la empresa El Corte Inglés» y definiendo «una parcela edificable en el que se materializan los usos lucrativos resultantes de esta actuación integrada», consistentes en «14.085 metros cuadrados construidos de uso residencial, patrimonializables en su totalidad por el Estado-Ramo de Defensa, la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (GIED), y de 31.782 metros cuadrados de uso comercial, patrimonializables para El Corte Inglés».

Según el relato de los hechos que desglosó de forma pormenorizada el INVIED, las actuaciones urbanísticas fueron llevadas a cabo, inscribiéndose en abril del año 2005 en el Registro de la Propiedad «las parcelas resultantes: Ayuntamiento de Salamanca, espacios libres, viales y zonas verdes; GIED, la parcela de uso residencial; y El Corte Inglés, la parcela de uso comercial».

Sentencias

Sin embargo y con posterioridad a estas actuaciones, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla yLeón, a través de una sentencia dictada el 31 de marzo de 2011, y posteriormente el Tribunal Supremo, con otro fallo judicial emitido el 17 de enero de 2014, acordaron declarar «nula la delimitación y la ordenación del suelo urbano no consolidado objeto del convenio», dejando de esta forma «una situación de incertidumbre legal y sin contenido patrimonial las parcelas resultantes de la operación urbanística». Dichos fallos judiciales, recordó el INVIED, dejaron sin efecto la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que fue aprobada con carácter definitivo para el ámbito del antiguo acuartelamiento Julián Sánchez El Charro. El Ministerio de Defensa también recordó que las resoluciones judiciales se desencadenaron tras el contencioso que tramitó la formación política Foro de Izquierdas-Los Verdes.

Las aseveraciones verbalizadas por el INVIED constituyen, en realidad, el primer posicionamiento oficial delMinisterio que dirige María Dolores de Cospedal sobre el posible remedio al pleito urbanístico y judicial en torno al Corte Inglés, que viene arrastrando desde hace años la ciudad.

Por si fuera poco y tras repasar las peculiares vicisitudes que han marcado la evolución de este controvertido conflicto, el citado instituto aportó una conclusión demoledora, que supone todo un jarro de agua fría contra la fórmula defendida por elAyuntamiento para intentar poner fin a este disputa urbanística. En sentido, este instituto ha sido contundente cuando no dudó en proclamar que «las expectativas de soluciones satisfactorias para el INVIED son escasas, ya que la solución pasaría por indemnizar a este instituto con el valor del inmueble a fecha de hoy», en clara referencia a las edificaciones que iban a construirse en el solar de la calle Víctimas del Terrorismo. Es decir, el Ministerio condiciona la articulación de una hipotética salida a este enredo urbanístico a que perciba una indemnización, que debería estar actualizada conforme a los precios actuales del mercado.

El planteamiento del Ministerio de Defensa choca directamente con las pretensiones que ha anunciado el alcalde. No en vano, el INVIED pone claramente en tela de juicio la idea municipal al apuntar que el Ayuntamiento, en vez de aceptar el abono de una indemnización a Defensa, está proponiendo «atribuir a la parcela el uso dotacional público y después solicitar al Ministerio de Defensa su cesión gratuita».

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