Un momento del pleno extraordinario celebrado ayer en la Diputación de Salamanca.
Un momento del pleno extraordinario celebrado ayer en la Diputación de Salamanca. / MANUEL LAYA

El PP aprueba el expediente de contratación del Plan de Conservación de Carreteras

  • Los tres partidos de la oposición, Ganemos Ciudadanos y PSOE, votan en contra de la propuesta para el periodo 2017-2021

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El equipo de Gobierno del PP de la Diputación de Salamanca sacó ayer adelante, en solitario, el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación, para la conservación de las carreteras provinciales. Un plan con una duración de cuatro años (2017-2021), que divide las carreteras de la provincia en tres lotes o zonas distintas, y que contará con un presupuesto de 18.420.240 euros, lo que significa que se destinará a cada una de las zonas un máximo de 6.140.078 euros.

Los tres partidos de la oposición (Ganemos Salamanca, Ciudadanos y PSOE) votaron en contra de dicho expediente de contratación al entender que la institución provincial no necesita «privatizar» o «externalizar» este servicio pues cuenta con personal de la Diputación -las brigadas- para su realización.

Otro de los argumentos en los que las tres formaciones estuvieron de acuerdo fue en señalar que aún no se conoce el resultado del actual Plan de Conservación de Carreteras, que se «privatizó» hace cuatro años, para poder valorar si la medida es la adecuada o no.

Durante el debate de este punto del orden del día, el diputado de Ganemos Salamanca, Gabriel de la Mora, señaló -además de lo indicado anteriormente- que se «reduce la transparencia en cuanto a conocer con claridad qué es lo que deben hacer las brigadas de la Diputación y qué corresponde al servicio privatizado». Por ello, propuso «recuperar la ejecución del servicio para prestarlo directamente y, solo subsidiariamente complementar mediante externalizaciones puntuales pero asegurándose un adecuado control y seguimiento de la ejecución, incluyendo cláusulas sociales y ambientales con un auténtico contenido material, que asegure que la externalización no supone pérdida de derechos laborales, mejorando las condiciones en el empleo, reduciendo la contaminación y la gestión de los residuos, más allá de las leyes vigentes y otorgando un plus de calidad a los servicios públicos».

Ciudadanos, de forma breve y utilizando sólo uno de los dos turnos de intervención, ratificó las palabras de Ganemos y añadió que está muy bien que se destinen 18 millones para la conservación de carreteras pero que en estos momentos el equipo de Gobierno no está llevando a cabo «políticas válidas para el sostenimiento de la población».

Por su parte, el PSOE -a través de Francisco Martín del Molino- demandó un informe específico del trabajo efectuado durante los últimos años para evaluar si se han cumplido los objetivos; que se endurezca el hecho de poder subcontratar este servicio porque la subcontratación va en detrimento del objetivo principal -la conservación de las carreteras, a las que así se destina menos dinero-; y que se defienda y potencie el servicio público de mantenimiento de las carreteras.

El vicepresidente y diputado de Fomento, Carlos García Sierra, contestó a todos ellos pidiéndoles que no confundan las subcontratas con la contratación de suministros y señalando que el hecho de «externalizar» este servicio permite realizar un mayor número de actuaciones, responder de forma ágil a algunas cuestiones e incluso colaborar con los ayuntamientos en la mejora de caminos municipales, ya que brigadas y las empresas se complementan y realizan un trabajo coordinado por un empleado de la Diputación. Respecto al informe que solicitaban los tres grupos, señaló que una vez que finalice la actual contratación, en septiembre, se podrá dar, pero recordó que, a través de las comisiones, se ha ido informando del trabajo realizado. Y en cuanto a la transparencia, recordó que se trata de un procedimiento abierto y público.