El Gobierno restringe el acceso a los documentos del Archivo sobre Franco

Los fondos del Archivo de la Guerra Civil, almacenados en el Centro Documental de la Memoria Histórica situado en la calle Gibraltar de la capital salmantina, siguen generando nuevas polémicas. En esta ocasión la controversia no obedece a los 400.000 documentos que fueron entregados a la Generalitat de Cataluña en diferentes remesas desde al año 2006, un interminable litigio que se acabó judicializando y que está pendiente de que dicte sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante la demanda que presentó la asociación Salvar el Archivo contra el Ejecutivo catalán, al que ha acusó de incumplir la ley y llevarse legajos del Archivo salmantino de forma irregular.

En esta ocasión, el Archivo salmantino vuelve a situarse en el ojo del huracán por las copias digitalizadas de documentos vinculados al general Francisco Franco que se encuentran guardadas en sus dependencias.Dichas reproducciones son, en realidad, las copias de parte de los documentos que posee la Fundación Nacional Francisco Franco, que rubricó la década pasada un acuerdo con el Ministerio de Cultura para su digitalización, recibiendo a cambio una ayuda ministerial para financiar dichos trabajos.

El diputado y coordinador nacional de IU, Alberto Garzón, formuló meses atrás en elCongreso una pregunta al Gobierno, donde indicaba que dicha documentación «debería estar en la institución correspondiente y no en una entidad privada», en clara referencia a laFundación Nacional Francisco Franco. Garzón recordó en su interpelación que «a la vista de la documentación digitalizada y depositada en elCentro Documental de la Memoria Histórica»de Salamanca, como consecuencia de«las ayudas concedidas a principio de los años 2000» a la Fundación Nacional Francisco Franco, «se aprecia que buena parte de los documentos están clasificados, muchos de ellos como secretos». Según Garzón, dicha documentación debería ser retirada de forma inmediata de la consulta pública, ya que también aparece información de los Consejos de Ministros que presidía Franco,«documentación igualmente clasificada como secreto y que no debería estar accesible».

En su respuesta parlamentaria, fechada el pasado 21 de marzo, el Gobierno reconoció que había ordenado restringir el acceso a las copias digitales de la documentación referida a Franco en el Archivo salmantino.«Analizados por los técnicos facultativos los contenidos documentales de las copias recibidas –puntualiza el Gobierno en su contestación– se adoptaron las medidas oportunas encaminadas a retirar de la consulta pública todos aquellos materiales que se consideran afectados por la normativa sobre secretos oficiales».

Además de las copias digitalizadas incorporadas al Archivo, la Secretaría de Estado de Cultura remitió a la Fundación Nacional Francisco Franco un escrito para que eliminara del posible acceso público la mencionada documentación, así como la remisión de la oportuna información a los organismos competentes a los efectos de la protección de la información de los documentos mencionados y contra la eventual divulgación de sus contenidos.