En la parte derecha de la imagen se ubica la zona objeto de sanción.
En la parte derecha de la imagen se ubica la zona objeto de sanción. / S.G.

Multan con 20.002 euros al vendedor de un terreno proindiviso en Las Picadas

  • El Ayuntamiento insiste en la vigilancia urbanística y en la restauración de la legalidad

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Es uno de esos temas que está ahí y que de vez en cuando se vuelve a convertir en noticia. Las irregularidades urbanísticas han pasado por varias fases en Ciudad Rodrigo y el último capítulo, se escribe en forma de sanción, la que deberá abonar el vendedor de una parcela proindiviso ubicada en la zona conocida como Las Picadas.

Fuentes municipales insisten en que se sigue adelante con los procedimientos de política e inspección urbanística y que «en la medida en la que se pueda se actuará en la vigilancia y restauración de la legalidad» por lo que, este ejemplo, forma parte de esas inspecciones.

En este caso concreto, el Consistorio de Ciudad Rodrigo tuvo constancia de la venta de un proindiviso, una parcela única vendida por partes a distintas personas, que se hizo efectiva y ante notario en el año 2014. En ese mismo entorno existen diferentes edificaciones irregulares pero que con el paso de los años, el hecho ha prescrito. La venta objeto de sanción afecta a dos parcelas que suponen el 2,85% de todo el terreno, y suponen una infracción urbanística porque es suelo rústico y no está permitida la parcelación urbanística. Además, según recoge la ley y por los informes elaborados, se ha demostrado que había un «fin manifiesto o implícito» de urbanizar la zona vendida.

Esta acción está tipificada como grave y tras abrir un expediente sancionador y escuchar a todas las partes, la conclusión del proceso ha tenido como resolución que el vendedor ha sido sancionado con 20.002 euros. Este tipo de sanciones, en función de diversas circunstancias, pueden oscilar entre los 10.001 y 300.000 euros y aquí se ha optado por la cuantía más baja pero al tratarse de dos partes suma los 20.002 euros. Aclaran que «son sanciones graduales en función de las circunstancias y de si es posible o no restaurar la legalidad».

Los actuales propietarios, aquellos que en 2014 compraron el terreno, no son objeto de sanción pero lógicamente no pueden edificar en su superficie más allá de lo que contempla la ley para los suelos rústicos. En ningún caso viviendas.

Desde el Consistorio insisten en que «hubo una etapa en la que se miraba para otro lado pero ahora no es el caso y en aquellos casos en los que se incumple, se actúa».

Esta zona concreta se ubica en la parte derecha de la antigua nacional 620, a la altura del matadero en dirección a Fuentes de Oñoro, pero las fuentes municipales confirman que «hay más expedientes abiertos por otras zonas».

Por otra parte, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo no es el único que está actuando en este sentido, lo contrario sería no cumplir con sus funciones, sino que el Procurador del Común, la fiscalía o el Seprona también han demando comunicaciones.

En tiempos recientes también se ha obligado a un propietario de Ciudad Rodrigo a restaurar la legalidad en un terreno.