El Ayuntamiento deniega 12 mesas informativas al año

El Grupo Municipal Ganemos Salamanca ha decidido volver a la carga contra la política del Ayuntamiento en materia de derechos civiles y libertades públicas. En concreto, el concejal Gabriel de la Mora denunció ayer, durante un encuentro con los medios en el que estuvo acompañado por su compañera Pilar Moreno, que el Consistorio en los últimos cinco años ha denegado la colocación de 60 mesas informativas en las calles de la ciudad. Una actitud que puede tener consecuencias jurídicas, pues Ganemos se plantea denunciar al Consistorio en vía penal.

En este sentido, el concejal de Ganemos recordó que hay sentencias que condenan al Ayuntamiento por estas actuaciones y que, de igual modo, en octubre de 2015 se aprobó una moción plenaria en la que se instaba al Consistorio a respetar la libertad de expresión y a no sancionar estas actividades. Moción que no se ha respetado, aseguró De la Mora, ya que se siguen redactando expedientes en los que se deniega la utilización de la vía pública con esos fines.

Así, en el informe presentado por Ganemos se determina que, en opinión de este grupo municipal, el equipo de Gobierno «ha seguido dando instrucciones a los servicios de información, policía local y policía administrativa para que no informen a los ciudadanos sobre el derecho fundamental al uso libre de los espacios públicos, sin necesidad de permiso ni autorización municipal, contraviniendo la moción aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Salamanca, en cumplimiento de las sentencias de los tribunales de la región».

Una situación que puede suponer «desobediencia hacia el poder judicial y el poder legislativo» por parte del ejecutivo del Ayuntamiento de Salamanca. Circunstancia, subrayó De la Mora, «absolutamente improcedente en un Estado de Derecho, como el PP nos recuerda continuamente respecto a la Generalitat de Catalunya». De ahí que se plateen la vía de los tribunales.

Y es que, hasta hace pocos años, recordó también el concejal de Ganemos, el PP «sancionaba a cualquier persona o colectivo que repartiera octavillas de índole social, sindical o política», arguyendo que sólo se permitía el reparto de octavillas «en tiempos de campaña electoral».

«Por este motivo fue condenado hasta en seis ocasiones, debiendo incluso modificar forzosamente ordenanzas municipales, al ser contrarias al artículo 20 de la Constitución», concluyó Gabriel de la Mora.

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