El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, en un acto de partido.
El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, en un acto de partido. / EFE

¿Quién sufragará la construcción del edificio aledaño al Corte Inglés?

  • El alcalde Fernández Mañueco desecha posibles compensaciones para la ciudad e insiste en la modificación puntual del PGOU. La oposición lamenta su falta de concreción sobre quien pagará la adquisición del solar

La solución presentada ayer por el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, no logró los aplausos de la oposición. Tanto PSOE como Ganemos acusaron al regidor de «falta de concreción» y de contar «más de lo mismo», mientras que desde Ciudadanos se señaló que la propuesta de Fernández Mañueco «no supone un gran avance», porque, como indicó el portavoz naranja, Alejandro González Bueno, es lo que el primer edil ya dijo en una rueda de prensa de hace días y lo que Carlos García Carbayo contó en una entrevista en televisión.

Lo que ya en la práctica se sabía y ayer alcalde volvió a contar es que el equipo de Gobierno pretende solucionar la descompensación de edificabilidad del sector 37 del planeamiento urbanístico de la ciudad incluyendo el solar de la calle Víctimas del Terrorismo. Una parcela propiedad del Ministerio de Defensa, a la que, a través de una modificación puntual del PGOU se le cambiaría su destino, pasando de residencial a dotacional, para que así se pudiera construir allí un edificio destinado a «emprendedores e investigadores», en colaboración, tal vez, con la Universidad de Salamanca. A esta idea se sumó la aportada por Ciudadanos de aprovechar parte de los 14.000 metros cuadrados de la franja para levantar un inmueble de viviendas sociales, adaptadas y destinadas a personas mayores y discapacitados.

En resumen, y según explicó el alcalde ayer en un encuentro con los medios, hablaríamos de tres pasos. En primer lugar, aprobar ese planeamiento nuevo para el sector de El Corte Inglés, «partiendo de suelo urbano consolidado». Después, conseguir que ese solar de la calle Víctimas del Terrorismo pase a ser de titularidad municipal. Y, finalmente, plantear quién y cómo se financiará ese edificio dotacional que allí se quiere construir.

Demasiadas incógnitas en la propuesta, al menos a ojos de la oposición. Y es que las preguntas son muchas: ¿bastará esa modificación del PGOU para solucionar los problemas que afectan al sector? ¿Quién pagará al Ministerio de Defensa el solar o a cambio de qué se conseguirá? ¿Quién sufragará el edificio a construir en esa parcela? Una construcción prevista, cabe destacar, de 10.000 metros cuadrados en un solar de 14.000, frente a un exceso de edificabilidad, según el informe del arquitecto Fernando Lombardía, de 21.000. Las cuentas siguen sin salir y el alcalde así lo reconoció ayer, al mencionar, en un encuentro con los medios, que los recursos judiciales de partidos, asociaciones y vecinos «seguirán siendo posibles».

En cuanto a plazos, la intención es que todo esté listo para aprobación inicial en pleno antes del fin de la moratoria concedida el año pasado por la Junta: abril de 2018. Mañueco repitió en varias ocasiones que serán necesarios 14 votos de concejales para sacarlo adelante, por lo que «bastará con que uno de los grupos de la oposición nos dé su apoyo». El más proclive a dar este paso, al menos por las opiniones posteriores a la junta de portavoces, es Ciudadanos. Los naranjas consideran que, pese a que la propuesta del alcalde ya era conocida, no deja de ser un avance. Así lo señaló su portavoz, Alejandro González Bueno, para quien este intento de solución tiene un enfoque «positivo», aunque, eso sí, lamentó que Mañueco no hubiera sabido decir a cambio de qué el solar pasará ser municipal y quién sufragará el edificio que allí se construya. No obstante, González Bueno consideró que, de todos modos, si el alcalde se atreve a implicar, aunque sea ligeramente, a otras administraciones en esta historia, como el Ministerio de Defensa o la Junta de Castilla y León, es porque «ya ha tenido contactos previos».

Un año después

Para el PSOE, sin embargo, la solución planteada por el alcalde «no está a la altura». El concejal Fernando Vegas lamentó que «un año después» Mañueco no presentara «nada concreto, ningún documento». Se refería Vegas al acuerdo al que llegó la oposición a principios de 2016 basado en un informe del arquitecto redactor del PGOU, Fernando Lombardía, que indicaba un exceso de edificabilidad de 21.650 metros cuadrados en el sector 37, y a la decisión del equipo de Gobierno de solicitar una moratoria de dos años a la Junta de Castilla y León para presentar una nueva regulación urbanística de la zona.

Vegas reiteró que, a pesar de la expectación creada, lo manifestado por el alcalde «no avanza nada nuevo que no se supiera ya, tal y como quedó reflejado hace un mes por los medios de comunicación, ni viene acompañado por un documento físico que sea el punto de partida para empezar un estudio sobre la solución definitiva». De hecho, Fernández Mañueco habló en este sentido de «mes y medio» como plazo probable para que los técnicos municipales presenten el informe técnico de modificación del PGOU para que el solar de Defensa pase a ser de uso dotacional.

El PSOE añadió que quiere formar parte de la solución del problema, siempre que esta solución se base en tres principios fundamentales: «el mantenimiento de los puestos de trabajo, algo absolutamente primordial, que se cumpla estrictamente la legalidad dándose todas las garantías de seguridad para que las actuaciones que se realicen desde el Ayuntamiento de Salamanca no puedan verse cercenadas por los tribunales de justicia o por aquellos que puedan reclamar, y por último y sobre todo también, todo lo que se haga tiene que venir avalado por los técnicos municipales en relación tanto a los informes sectoriales como jurídicos», apuntó Fernando Vegas.

Por su parte, desde el Grupo Municipal Ganemos se calificó a la propuesta municipal como un «apaño». Gabriel Risco reiteró que «hasta seis sentencias han determinado que se otorgó más edificabilidad y eso hay que recuperarlo» y aseguró que, en su opinión, lo que pretende hacer el equipo de Gobierno es «lo mismo que ya tenían pensado», esto es, modificar el PGOU partiendo de suelo urbano consolidado, pero con la salvedad de que, con esa idea, el Estado, «que somos todos», pierde edificabilidad, al quedarse sin el solar del Ministerio de Defensa.

Risco echó de menos, asimismo, a la empresa propietaria del centro comercial, «que no aparece por ninguna parte» y preguntó que quién va a pagar la adquisición de la franja de terreno de Defensa y la construcción de ese edificio dotacional, así como no se olvidó de señalar que si se suman esos 14.000 metros cuadrados de edificabilidad, aún quedarín 6.000 sin compensar.