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Ricardo Rábade
Sábado, 14 de enero 2017, 12:17
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La reclamación administrativa por responsabilidad patrimonial presentada por El Corte Inglés contra el Ayuntamiento, al que ha planteado una astronómica indemnización de 150 millones de euros en el caso de que se ordene la clausura del centro comercial como consecuencia de las seis sentencias judiciales que han anulado la concesión de las licencias otorgadas por el Ayuntamiento, desató ayer un acalorado rifirrafe político, especialmente entre Ganemos y elgrupo municipal de gobierno del Partido Popular, que se enzarzaron en un virulento cruce de acusaciones, en las que cada uno responsabilizó al otro de estar bloqueando la búsqueda de una solución a este espinoso conflicto urbanístico, una medida que debería compaginar la restitución de la legalidad con la continuidad del centro comercial y el mantenimiento de los puestos de trabajo para los 800 empleados de El Corte Inglés.
Sobre la petición de indemnización y sin entrar a valorar el contenido concreto del anuncio de los grandes almacenes, el Grupo Municipal Popular se apresuró a acusar a Ganemos de «torpedear y poner continuas trabas a la solución definitiva» para el centro de El Corte Inglés en la ciudad y de «poner en peligro» la continuidad de la gran superficie y sus 800 empleos.
A juicio del PP, la postura de los ediles de Ganemos «puede enfrentar a la ciudad de Salamanca a una posible indemnización de 150 millones de euros» por una situación que «se deriva de la guerra en los tribunales impulsada por el actual partido Equo, que está integrado en Ganemos». Esta estrategia podría llevar también a la pérdida por la ciudad del campo de fútbol NemesioMartín, el centro cívico Julián Sánchez El Charro, la plaza de la Concordia y el polvorín de Tejares, «equipamientos que la ciudad ganó sin coste alguno, gracias al acuerdo del Ayuntamiento con el Ministerio de Defensa». Igualmente, la reclamación supondría la devolución a El Corte Inglés de más de tres millones de euros de tasas y licencias municipales y autonómicas.
El equipo que lidera el alcalde Alfonso Fernández Mañueco insistió en que este convenio permitió la regeneración urbana del barrio de Garrido, que ha visto mejoradas sus infraestructuras y equipamientos. En concreto, el centro comercial impulsó urbanizaciones e infraestructuras por valor de 10,8 millones de euros, «sin coste alguno para las personas de Salamanca», y la ejecución de una inversión de 93 millones de euros en el mismo centro.
El PP elevó el tono de sus diatribas contra Ganemos al pedir explicaciones al grupo municipal de Virginia Carrera y Gabriel Risco por el destino de los 476.000 euros que El Corte Inglés tuvo que pagar a Equo tras el proceso judicial.Los populares incidieron en que Equo forma parte del grupo municipal de Ganemos, a quien llegaron a acusar de oponerse «política y judicialmente a las soluciones urbanísticas que pretenden mantener El Corte Inglés abierto», llegando a reclamar «su cierre en ejecución de sentencia».
La reacción de Ganemos ante estos contundentes ataques dialécticos fue inmediata. Los ediles Virginia Carrera y Gabriel Risco tildaron de «vergonzoso» y un sinfín de «mentiras» todas las acusaciones vertidas contra ellos y subrayaron que el único partido que está poniendo trabajas a la búsqueda de una solución para este conflicto urbanístico es «el PPy el señor Mañueco», quienes «se niegan a sentarse» con los grupos de la oposición municipal desde el pasado 2 de noviembre, cuando tuvo lugar la última reunión sobre este caso y «donde el alcalde dejó caer» que habría compensaciones con la cesión de una parcela del Ministerio de Defensa en la calle Víctimas deTerrorismo, aunque aquel anuncio, según matizó Virginia Carrera, no se ha materializado en nada concreto.
Carrera y Risco insistieron en que su grupo político apuesta por el restablecimiento de la legalidad urbanística y el mantenimiento del centro comercial y sus 800 puestos de trabajo. Apelaron a la hemeroteca para rescatar todas las noticias publicadas que ponen de relieve que las acusaciones del PP contra ellos sobre su supuesto empeño por conseguir la clausura del centro comercial son totalmente falsas. Yse mostraron sorprendidos por el hecho de que el PP no se haya pronunciado en ningún momento sobre la jugosa y cuantiosa indemnización que se reclama, optando en vez de ello «por atacar a los concejales de Ganemos».
Alarma social
Risco puntualizó que las seis sentencias judiciales que han condenado al Ayuntamiento evidencian que hubo «un exceso de edificabilidad de 20.000 metros cuadrados», lo que obliga necesariamente, en la futura solución urbanística, a realizar compensaciones a la ciudad con la cesión de suelo público. Además, Risco consideró que la estrategia adoptada por el PP tras la reclamación administrativa de El Corte Inglés pretende generar «alarma social», cuando, realmente, no tiene sentido que la cadena comercial plantee ahora una indemnización de este calibre, «cuando no ha ocurrido nada nuevo ni se ha hecho ningún daño al Corte Inglés que así lo justifique».
Una situación bien diferente será la que se escenificará en marzo de 2018, cuando expire la moratoria concedida por la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento para resolver este interminable conflicto. Si finalmente se materializara la demanda, se trataría de un proceso especialmente complejo y farragoso y resultaría preciso determinar las cuantías a las que podría optar El Corte Inglés en concepto de indemnización.
Profundamente molesto por las «mentiras» del PP, Risco precisó que, en estos momentos, El Corte Inglés «no corre ningún peligro» de cierre. «Ganemos enfatizó Risco ha defendido los intereses generales y el PP defiende los intereses de El Corte Inglés y no los de la ciudad, regalando a una empresa lo que no le correspondía y los ciudadanos deben recuperarlo».
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