La ofensiva catalana por el Archivo vislumbra nuevas salidas de fondos

  • La Comisión de la Dignidad se muestra optimista y recalca que el litigio es «una cuestión del Estado y no de Cataluña»

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La devolución este pasado viernes a María del Carmen Reparaz de 61 cajas del Archivo de la Guerra Civil, repletas de documentos y libros que pertenecieron a su padre Gonzalo de Reparaz Ruiz (1901-1984) y su abuelo Gonzalo de Reparaz Rodríguez (1860-1939), ambos insignes geógrafos de prestigio internacional, ha reabierto el espinoso y palpitante debate sobre la posible salida de nuevas remesas de documentos hacia tierras catalanas.

El interminable conflicto de los denominados ‘papeles de Salamanca’ vuelve a irrumpir en la actualidad, especialmente por tratarse de un delicado asunto que ha emergido de forma periódica en las ásperas negociaciones entre la Generalitat y el Gobierno, dado que el Ejecutivo catalán considera que todavía quedan documentos catalanes almacenados desde hace décadas en el Archivo que deberían retornar a tierras catalanas.

El abogado de la familia Reparaz, Josep Cruanyes, quien acompañó a María del Carmen Reparaz en la recuperación de las cajas es, al mismo tiempo, el portavoz de la Comisión de la Dignidad, la asociación catalana que ha venido abanderando desde el plano civil la sempiterna reivindicación catalana por la restitución de los fondos catalanes del Archivo de la Guerra Civil.

Cruanyes exteriorizó su «optimismo» en relación al futuro traslado a Barcelona de la documentación que siguen reclamando, tanto la Comisión de la Dignidad como la propia Generalitat, y consideró que Cataluña «no ha empujado» el litigio, dado que «no se trata de un tema de Cataluña, sino un tema del Estado español», vinculado directamente a la memoria histórica y que obliga a restituir a todos aquellos particulares y entidades los fondos que fueron de su propiedad y que fueron requisados por el régimen del general Franco.

La coyuntura política generada tras la constitución del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, que deja en manos de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría las siempre espinosas negociaciones del Estado con la Generalitat, no es ajena a los planteamientos de JosepCruanyes quien confía en que, finalmente, toda la documentación catalana será restituida. «Hay que empezar a cerrar temas que se están manteniendo demasiado en el tiempo, todo es cuestión de voluntad y hemos de ser optimistas». Rememoró también que «la ministra Pilar del Castillo también llegó a declarar que esta cuestión era un tema cerrado y al final se pudieron recuperar documentos».

Cruanyes arremetió contra aquellos que lanzan«insidias» contra los funcionarios del Archivo, cuando se les responsabiliza de no haber controlado de forma rigurosa los fondos que debían ser enviados a Cataluña, refiriéndose de forma implícita, pero sin citar su nombre en ningún momento, al investigador y presidente de la asociaciónSalvar el Archivo, Policarpo Sánchez, quien ha venido denunciando de forma reiterada que Cataluña se apropió de legajos del Archivo que no pertenecieron nunca ni a particulares ni a entidades catalanes durante el periodo republicano y la Guerra Civil. Cruanyes reconoció que «ha habido unos poquísimos errores entre los miles de documentos transferidos, como puede pasar en cualquier empresa».

El portavoz de la Comisión de la Generalitar insistió en que las acusaciones vertidas contra los funcionarios del Archivo «no se pueden tolerar», ya que afectan a su honor, al poner en duda su profesionalidad en el ejercicio del trabajo. Cruanyes también se posicionó sobre la demanda que presentó en su día Policarpo Sánchez contra el director del Centro Documental de la Memoria Histórica, Manuel Melgar, al que acusó de impedirle el acceso a los fondos del Palacio de San Ambrosio. «Presentaron una querella sin ningún fundamento contra él y es algo que no tiene nombre».

La documentación de las consejerías de Orden Público y Justicia de la Generalitat durante la Guerra Civil, papeleo de diferentes ayuntamientos catalanes y diversos objetos, como banderas, son los fondos catalanes que siguen siendo reclamados por la Generalitat. Eso sí,«queda muy poco por recuperar, ya que la mayoría ya se llevó», concluyó Cruanyes.