El Norte de Castilla

La Diputación inicia por tercera vez la resolución del contrato con Vegater

    Un momento del pleno ordinario del mes de octubre de la Diputación de Salamanca celebrado ayer.
    Un momento del pleno ordinario del mes de octubre de la Diputación de Salamanca celebrado ayer. / Manuel Laya
    • El Consejo Consultivo de Castilla y León pide explicaciones sobre por qué no se depositó la garantía que formalizaría el acuerdo con La Salina

    Las aguas que bañan el muelle de Vega Terrón, en La Fregeneda, volvieron a llevar la marejada hasta el pleno de la Diputación provincial y es que, la iniciación, por tercera vez en menos de dos años, de la resolución del contrato de explotación del muelle fluvial con Vegater protagonizó los momentos más tensos de la sesión ordinaria del mes de octubre, celebrada ayer en La Salina.

    Cabe recordar que en noviembre de 2014, el grupo socialista destapó el impago por parte de la empresa del canon por la explotación del muelle desde 1997. Una cantidad que, en aquel momento, rondaba los 600.000 euros y que, tras negarlo en un principio, el equipo de Gobierno del PP decidió reclamar, aunque solo desde el año 2011 (unos 80.000 euros) ya que lo anterior habría prescrito. En febrero de 2015 se inició el primer proceso de resolución del contrato, pero los plazos se excedieron y se tuvo que declarar nulo, algo que se aprobó en la Diputación en abril de 2016, iniciando un segundo proceso de resolución.

    Este proceso finalizaba este verano, cuando el Consejo Consultivo de Castilla y León, tal y como explicaron los tres grupos de la oposición –Ganemos, Ciudadanos y PP– en el pleno de ayer, señaló que no podía emitir dictamen al no haberse llegado a constituir la garantía definitiva por parte de la empresa. Una falta que, de confirmarse, implicaría la no formalización del contrato. «Sin depósito de la garantía definitiva no hay contrato que valga», resumía el socialista Manuel Ambrosio Sánchez en referencia al informe del Consejo Consultivo.

    Finalizado el segundo proceso, el PP aprobó –con el voto en contra de Ciudadanos y la abstención de PSOE y Ganemos– el inicio de un nuevo expediente pero, toda la oposición, se lamentó advirtiendo que «esto va para rato». Y es que, para poder seguir adelante con el proceso, habría que justificar el porqué no se hizo efectivo el pago de dicha garantía y por qué, durante esos 17 años (ya casi 20), no se había reclamado el pago del canon.

    La oposición en bloque, basándose en un informe escrito por el director del área de Fomento durante estos procesos de resolución del contrato, habló ayer de un cúmulo de irregularidades permitidas por los distintos equipos de Gobierno del PP durante estos años (encabezados por Alfonso Fernández Mañueco, José Manuel Velasco, Isabel Jiménez y Javier Iglesias). Y es que el informe del técnico asegura, textualmente, que «no es posible obviar que la propia Administración consintió la falta de formalización del contrato aun sin haberse constituido la garantía definitiva, y que consintió incluso que comenzara su ejecución y se haya prestado el servicio público objeto del contrato durante más de diecisiete años».

    Ante estos hechos, el diputado de Ganemos Salamanca, Gabriel de la Mora, aseguraba que se trata de «una tomadura de pelo» y se preguntaba que «¿a cambio de qué?» se habría producido esta situación y un supuesto acuerdo verbal entre La Salina y Vegater, apuntando incluso a una posible financiación ilegal de campañas políticas populares.

    Por su parte, Ciudadanos, además de echar en cara este informe y la resolución del Consejo Consultivo, se preguntó, a través de su portavoz Manuel Hernández, si realmente la concesionaria es Vegater o una UTE formada por varias empresas, pidiendo un informe del secretario para saber a quién pedir responsabilidades en este asunto.

    Por último, Manuel Ambrosio Sánchez, del PSOE, apuntaba que hay otro «escollo»: la ruptura unilateral del acuerdo por parte de La Salina que conlleva una «quebrantación de la buena fe contractual», lo que podría provocar que la empresa «tenga argumentos para irse de rositas». «Tenemos resolución del contrato para largo», insistía el socialista a la vez que denunciaba no solo la falta de pago del canon y la garantía, sino la inactividad durante casi 20 años de un muelle con inversiones millonarias, pidiendo además al presidente, Javier Iglesias, y al diputado de Fomento, Carlos García Sierra, que tomaran responsabilidades políticas.

    Por su parte, los populares, a través de García Sierra, aseguraron «desconocer cualquier acuerdo con Vegater».«El contrato se estaba prestando cuando llegué y entendí que estaba bien», se defendía, insistiendo en la necesidad de continuar el proceso para resolver el asunto.