Detectan el uso de biocidas ilegales en explotaciones agrarias de la provincia

Agentes de la Guardia Civil, ayudados por miembros del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, han llevado a cabo la operación Antitox, que ha permitido detectar productos fitosanitarios ilegales y caducados, junto con el uso de artes de caza no autorizadas, en explotaciones agrarias de la provincia de Salamanca. Estas inspecciones conjuntas, llevadas a cabo durante la pasada semana, comenzaron con el objetivo la detección del uso irregular de biocidas, para lo cual se inspeccionaron naves vinculadas a explotaciones agrarias y se realizaron rastreos en el campo con la ayuda de perros especializados en la detección de cebos envenenados.

El propósito era el de «investigar los casos de fauna protegida envenenada ocurridos en la provincia» y los trabajos se desarrollaron en las comarcas de Campo de Alba, Campo de Peñaranda, Abadengo, Campo de Vitigudino y Arribes.

El resultado de las investigaciones ha permitido detectar productos fitosanitarios ilegales y caducados, junto con la detección de artes de caza no autorizadas, que han dado lugar a los correspondientes comisos por infracción administrativa.

Las muertes de fauna protegida por envenenamientos, cepos y disparos se encuentran entre las principales amenazas para la recuperación de especies protegidas y en peligro de extinción. Dichas muertes están dificultando los esfuerzos para la recuperación de dichas especies que están llevando a cabo tanto la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, como otros organismos públicos de España y Portugal.

Las actuaciones conjuntas del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y de los Agentes de Medio Ambiente se encuadran dentro del marco de colaboración y coordinación entre dichos cuerpos de Agentes de la Autoridad en la vigilancia y persecución de todas aquellas actividades ilícitas perturbadoras del medio ambiente.

La operación ha sido posible gracias al trabajo coordinado de los miembros de la Guardia Civil del Seprona de Salamanca y de la Unidad Cinológica Central, con los agentes del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, cuyas inspecciones se llevaron a cabo para detectar el por qué se habían producido casos de fauna protegida envenenada.

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