El Norte de Castilla

El Archivo acumula miles de documentos que explican la historia de Salamanca

Carnet militar de Miguel Hernández.
Carnet militar de Miguel Hernández.
  • Alberga infinidad de legajos que permitirían conocer mejor el periodo entre la II República y la Transición

Si algo ha quedado claro a lo largo del polémico proceso de entrega a Cataluña y el País Vasco de fondos pertenecientes al antiguo Archivo General de la Guerra Civil es que los políticos se han manejado en un territorio de inexactitudes. La primera, fuera aquella que aseguraba que del Colegio de San Ambrosio saldría una ‘pequeña’ cantidad de papeles (apenas el tres por ciento, afirmó Federico Mayor Zaragoza) y han sido un millón largo de papeles. La segunda, escuchada hasta la saciedad, es que aunque tuviera el sobrenombre de Archivo de Salamanca, su contenido nada tenía que ver con Salamanca. Y esto es, directamente, mentira. De hecho, el trabajo de rastreo sistemático en los fondos del actual Centro Documental de la Memoria por parte del investigador Policarpo Sánchez permite señalar que en San Ambrosio se custodia una parte esencial de la historia salmantina, miles de documentos que permitirían, además, arrojar luz y detalles sobre un periodo que presenta muchas dificultades para los investigadores.

Es una historia apasionante, construida a través del goteo de detalles de documentos particulares, de escritos oficiales, registros, burocracia y correspondencia que componen un relato entre la República y la Transición que, realmente, bien merece un mayor esfuerzo público de difusión.

Una historia que podría comenzar, por ejemplo, en 1933. El 19 de noviembre de ese año se celebraron en España elecciones generales a las Cortes. No son unas elecciones cualesquiera, son las primeras en las que pudieron votar las mujeres y que ganaron los partidos más conservadores, iniciándose el llamado ‘bienio negro’.

Dos días antes de la primera vuelta de aquellos comicios, el Gobierno Civil envía al Ministerio de la Gobernación un curioso documento. Se trata ni más ni menos de la relación numerada de las personas de la ciudad «de significación extremista de derecha e izquierdas que se ‘suponen’ (sic) pudieran actuar subversivamente después del resultado de las elecciones».

La relación de José María Friera, gobernador civil, suponía en la práctica la orden policial de seguimiento e incluso de arresto domiciliario para estas personas con el fin de evitar altercados. El listado, que incluye los domicilios de los afectados, supone un recorrido por las figuras más relevantes de la política local. Aparecen Gregorio Mirat Domínguez (conocido empresario y banquero), José Cimas Leal (luego director de La Gaceta), Miguel Íscar Peyra (quien fuera alcalde de la ciudad) o el marqués Ignacio Arenillas López Chaves (que fue condecorado el 18 de julio de 1962 en el aniversario del golpe de Estado por el general Franco con la cruz distinguida de San Raimundo de Peñarfort).

Esa, podría decirse, fue la historia de los vencedores, o al menos de los que se integraron sin problemas en la España de la dictadura. Pero es de suponer que estos listados trasladados luego al archivo creado por Franco fueran esenciales para ejercer la represión contra líderes sindicales e izquierdistas. Así, figuran nombres como los socialistas José Andrés y Manso (fusilado en La Orbada en 1936 tras una saca ilegal), Manuel Fiz Fonseca (fusilado en las tapias del cementerio en 1937) Rafael de Castro Manjón (condenado a pena de muerte y luego a 30 años de cárcel), comunistas como Manuel Sánchez Rodríguez (que también fue condenado a muerte inicialmente tras fugarse a Portugal con el fin de la guerra y ser extraditado por las autoridades lusas) o sindicalistas como Gregorio Hernández Rodríguez (afiliado a la CNT que fue detenido en su casa, en las Peñuelas de San Blas, por una partida de falangistas que luego lo sacaría de la cárcel para ser fusilado).

También aparece en el listado Agustín Froufe Carlos, líder comunista de la ciudad, que siempre tuvo la consideración de «elemento peligroso» y que fue detenido los primeros días del golpe. Tras Consejo de Guerra sumario fue fusilado en las tapias del cementerio en 1937.

Carta de Froufe a La Pasionaria

Carta de Froufe a La Pasionaria

Froufe será protagonista de otro de los papeles de gran valor histórico que pueden encontrarse en el Centro de la Memoria. De él, en un registro realizado en Madrid, se incautaron los golpistas de distinta documentación, entre la que destaca una carta dirigida en mayo de 1936 a Dolores Ibarruri. La Pasionaria había resultado elegida diputada por el PCE en las elecciones de febrero de aquel año y el salmantino le manda una misiva en la que le pide que le informe sobre el avance de la prometida amnistía de los presos comunes. Afirma Froufe que no lo pregunta por él, sino por «una madre sufrida, con diez hijos de familia», que podría beneficiarse de la medida. Añade a mano un detalle curioso: «adjunto sello contestación». Lle anticipa el franqueo de su respuesta para evitarle este gasto a la diputada comunista.

De la intensa actividad política en los años previos a la Guerra Civil también guarda el archivo infinidad de documentos que fueron luego acumulados en San Ambrosio con el fin de tener noticia de primera mano de los participantes en las diferentes corrientes políticas.

Acta de fundación del partido Republicano Progresista

Acta de fundación del partido Republicano Progresista

Hay multitud de actas de constitución de partidos durante el periodo de la Segunda República. Fondos entre los que pueden destacarse por su valor, por ejemplo, el acta de fundación del Partido Republicano Progresista (una opción de ideario conservador encabezada por el presidente de la República Niceto Alcalá Zamora) en Ciudad Rodrigo. La constitución tuvo lugar el 7 de mayo de 1933 en el bar Madrid y se eligió presidente del comité local a Marcelo Sánchez Manzano, conocido médico forense en la ciudad e historiador local.

También entre bambalinas tenía lugar una frenética actividad hacia los partidos políticos y responsables de la administración. La corrupción estaba a la orden del día y se pedían favores, muchos favores. Trasiego del que deja constancia también el Archivo de la Guerra Civil. Podemos fijarnos en la airada carta que escribe en 1935 el abogado salmantino Tomás Santos Roda al ministro de Trabajo y Justicia, Federico Salmón (del gobierno Lerroux) denunciando que se ha producido el «nombramiento ilegal» para la plaza de oficial de Sala de la Audiencia Provincial de Luis Lozano Jiménez. Se enfada el abogado porque Lozano ha obtenido la plaza «sin título alguno», frente a otros candidatos más preparados, y que como tal disfruta de un sueldo de 4.000 pesetas al mes, que no le corresponde, y al que además añade un complemento de 3.000 pesetas como oficial del Tribunal de lo Contencioso «también debido al favor».

Curiosamente, el nombre de Luis Lozano Jiménez, «habilitado personal de la Audiencia», aparecerá en otro archivo, el Histórico de Burgos, como una de las personas que destinó en septiembre de 1936 parte de su sueldo a financiar el golpe de Estado (vía donativo a la Junta de Defensa Nacional). Al menos fueron 921,45 pesetas en septiembre de 1936, según una investigación de la profesora María Luz del Prado.

Misiva de Federico Salmón

Misiva de Federico Salmón

A veces los favores entraban más en el terreno de lo humanitario, aludiendo al célebre espíritu religioso del ministro Salmón, que no debía de ganar para atender cartas. Al menos desde Salamanca. A él se dirigía también, según queda registrado en el Archivo, el secretario político de Acción Popular de Salamanca, Maximiliano Criado, pidiéndole que se trasladara a Cádiz o a Cartagena a Ramón Olivares San Gregorio, que se encontraba en prisión en Salamanca condenado por la ley de Vagos y Maleantes. Dos motivos apuntalaban la petición: que así lo solicitaba su madre («viuda de guardia civil y buena persona») y que el clima de estos lugares le sería más propicio al condenado para soportar su «padecimiento reumático».

De qué haría el bueno de Salmón no se tiene constancia, como tampoco de si atendió la propuesta de otra carta remitida por José Herrera, secretario general de la Juventud de Acción Popular Salmantina. Esta vez se trata de la petición de un artículo firmado por el ministro para inaugurar, con ánimo propagandista de la CEDA, el primer número de la revista ¡¡Presente!!, publicación de inicios de 1936 en Salamanca del que no se ha conservado ejemplar alguno.

Si las juventudes de ideología conservadora se movían, también lo hacían las de izquierda. Es uno de los documentos que ha quedado para la historia. Justo el 17 de julio de 1936, un día antes de la extensión a la Península del golpe de Estado, el Comité Provincial de las Juventudes Socialistas Unificadas escribe a la Casa del Pueblo de Madrid una carta en la que se solicita la presencia de destacados representantes del PCE, como Vicente Uribe; del PSOE, como Álvarez del Vayo; y un emblema de la juventud socialista, Aurora Arnaíz Amigo, para participar en el primer congreso provincial de la formación previsto para el 26 de julio. Un congreso que nunca tendría lugar ante el estallido de la guerra.

Guerra que desató de inmediato una ola de represión en las zonas que iban dominando los militares sublevados. Represión que luego se iría ‘institucionalizando’ con la puesta en marcha de distintos organismos, como el propio Archivo o el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

Muchas personas perdieron la vida y otras se vieron condenadas a una larga estancia en prisión. De ello da cuenta un emocionante documento sobre la «liquidación del tiempo de condena» que resta a Pablo Sotés Potenciano. El presidente de la Unión Republicana en Salamanca y secretario de la Liga de los Derechos del Hombre era concejal del Ayuntamiento de Salamanca en 1936. Detenido en los primeros días del golpe militar, fue condenado a muerte en 1937 al ser considerado un «elemento muy peligroso», masón y comunista. El catedrático de la Escuela Normal vio luego conmutada su pena por 30 años de prisión, siendo uno de los represaliados que más tiempo permaneció en la cárcel. En la cartulina del CDMH quedan recogidos los «cálculos» para saber hasta cuándo tendría que estar en prisión y al menos estuvo hasta diciembre de 1952.

La petición de Joaquín Dicenta

La petición de Joaquín Dicenta

Otras veces la pena era algo más «liviana». Es el caso del dramaturgo Joaquín Dicenta, que en 1946 pide al Tribunal que le exima temporalmente de la obligación de presentarse los 10, 20 y 30 de cada mes en el juzgado, ya que tiene que estrenar en Salamanca, en el Liceo, tres de sus obras: ‘Madre Paz’, ‘Algo menos que una santa’ y ‘Pluma en el viento’. Por ello, «suplica» al tribunal que se le permita viajar a Salamanca desde el 24 de abril hasta el 18 de mayo. Permiso que fue concedido.

No siempre hubo tanta suerte. Incluso el Archivo guarda muchas curiosidades sobre su propio funcionamiento. Entre ellas, sin duda, merece un lugar aparte el escrito firmado por el secretario general de Cultura Popular en 1973, el conocido historiador Ricardo de la Cierva. Ese año, Gonzalo Santonja había solicitado permiso para consultar el Archivo con el fin de completar un estudio sobre la literatura de posguerra. De la Cierva pide al Jefe de los Servicios Documentales que no se le permita bajo ningún concepto la consulta: «parece un sujeto absolutamente indeseable para entrar en los Archivos de Salamanca».

Retazos de la historia de Salamanca que conforman un mosaico sensacional para reconstruir el pasado. Desde Salamanca, de Salamanca.