El Norte de Castilla

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. / M. LAYA

El PSOE se une a la petición de retirada del medallón de Franco de la plaza Mayor

  • La sentencia que condena al Ayuntamiento a remitir el caso a la Comisión Territorial de Patrimonio supondrá para sus arcas el pago de 2.000 euros en concepto de costas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha hecho efectiva esta mañana, en la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior del Consistorio salmantino, su petición para que el equipo de gobierno municipal tramite la retirada del medallón de Francisco Franco existente en la plaza Mayor de la ciudad. La formación socialista también pidió la eliminación de una pintura con la efigie del dictador en una de las vidrieras que adornan el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

Esta petición, que según recuerda el PSOE ya fue realizada por los socialistas en las dos legislaturas anteriores, viene avalada por la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Salamanca "en la que se falla que el Equipo de Gobierno municipal ha impedido cumplir con la Ley de Memoria Histórica", según apuntan fuentes del PSOE.

Izquierda Unida, por su parte, aboga por trasladar el polémico medallón erigido en honor al general Francisco Franco en la Plaza Mayor a las dependencias del Centro Documental de la Memoria Histórica. La formación de izquierdas lanzó ayer esta propuesta a la hora de posicionarse sobre los contenidos de la reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno, que les otorga la razón en la demanda que presentaron contra el Ayuntamiento por el mantenimiento de este medallón en los arcos del ágora monumental.

IU recalca que el fallo judicial estipula que el Ayuntamiento ha vulnerado el ordenamiento jurídico al incumplir las disposiciones de la Ley de Memoria Histórica y obliga al Consistorio a dar traslado de la petición formulada por IU a la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, según resaltaron los coordinadores provincial y local de Izquierda Unida, Miguel Rodero y Francisco Javier Herrero, respectivamente.

El varapalo judicial supondrá para las arcas municipales el desembolso de 2.000 euros, en concepto de costas, lo que constituye «un despilfarro de recursos económicos públicos, los cuales salen del bolsillo de los habitantes de Salamanca».

No obstante, el equipo municipal de gobierno del PP, que lidera el alcalde Alfonso Fernández Mañueco, puede elevar un recurso contra la sentencia ante las instancias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. «Entendemos –puntualizaron los representantes de IU– que si hay recurso el Ayuntamiento solo lo interpondrá con un afán dilatorio del proceso, para seguir vulnerando la ley y evitando cumplir con su deber», además de «aumentar la factura para las arcas públicas y el derroche en trabajo y medios del propio Consistorio». Además, existe jurisprudencia previa al respecto, como la sentencia dictada por el TSJCyL contra el Ayuntamiento de Valladolid, al que condenó a retirar los símbolos franquistas de la capital del Pisuerga ante otra demanda de Izquierda Unida.

Para Rodero y Herrero, la actitud del Consistorio salmantino «vulnerando la Ley de la Memoria Histórica, constituye una defensa del franquismo, de su simbología y de su ideario». IU argumenta que esta proceder no es exclusivo del Ayuntamiento de Salamanca, sino que «estos actos y actitudes de desprecio de la ley y de la memoria de las víctimas de la represión de la Guerra Civil y de la dictadura, así como de defensa de está y de sus verdugos responde a un ideario y una directriz interna y general del Partido Popular».

En el caso de que el Consistorio descartara finalmente recurrir el fallo judicial, el asunto sí acabará en manos de la Comisión Territorial de Patrimonio. Sin embargo, IU desconfía de la citada comisión, dado que la designación de sus miembros recae en el delegado territorial de la Junta, «el cual depende y ha sido nombrado por el PP». Por ello, la formación de izquierdas no oculta sus temores a que dicha comisión falle para que el medallón se mantenga en la Plaza Mayor amparándose en la normativa reguladora de los bienes de interés cultural (BIC).