El Norte de Castilla

«En Castilla y León se cumple con la Ley de Transparencia pero no se es transparente»

Luis Hernández Olivera.
Luis Hernández Olivera. / Efe
  • Luis Hernández Olivera / Presidente de la Asociación de Archiveros de Castilla y Léon

  • Asegura que aunque se respeta la legislación vigente, no se facilita al ciudadano «un acceso claro a la información»

El presidente de la Asociación de los Archiveros de Castilla y León (Acal), Luis Hernández Olivera, reclama un mayor cumplimiento de la Ley de Transparencia por parte de las administraciones de esta Comunidad, ya que se trata de una normativa que «busca un mayor acceso a la información pública». Concluye Hernández Olivera que, «en términos generales, en Castilla y León se cumple con la Ley», en referencia a la Ley de Transparencia, pero «no se es transparente».

Es más, califica de «penoso» que instituciones como las universidades de esta Comunidad «ni son transparentes como deberían de ser» ni tienen «un acceso a la información» como correspondería a una administración de este tipo.

En la adaptación de la Ley a la realidad, en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, es en lo que la Asociación de los Archiveros de Castilla y León, que este año cumple su 25 aniversario, centra sus objetivos, en conseguir «que se cuente con los archiveros para el desarrollo de estas nuevas legislaciones».

«En estos momentos estamos ante un futuro lleno de incertidumbres, sobre todo en lo relacionado con el paso de la realidad del papel a la era digital. Es por ello que reclamamos nuestra posición, nuestro trabajo y nuestra profesionalidad», apunta. En su opinión, son los archiveros los «profesionales» que deben ser los «adalides de la transparencia y de la adaptación de los archivos de papel al mundo tecnológico».

Luis Hernández Olivera es especialmente crítico con el papel que juegan las administraciones de Castilla y León en esa adaptación a la Ley de Transparencia y advierte de que «se corre el riesgo de perder un gran tiempo en llegar a la adaptación del papel del archivo a la tecnología». Pero a la pregunta de en qué pueden fallar las administraciones en la puesta en marcha de la Ley de Transparencia, Hernández Olivera revela que «aunque se cumple la legislación», «ni se facilita la transparencia ni se permite al ciudadano un acceso claro a la información».

«Es penoso que las universidades deberían de ser los verdaderos motores y el mejor ejemplo de cumplimiento de la Ley de Transparencia y no lo hacen de ninguna de las maneras», asegura a Efe.

Tampoco Castilla y León es, a juicio del presidente de la Asociación de Archiveros de Castilla y León, un ejemplo del desarrollo de los datos abiertos, una fórmula por la que las administraciones ponen al servicio de los ciudadanos aquella información que se ha obtenido por los cauces públicos. «Madrid y Gijón -pone como por ejemplo- sí lo están haciendo muy bien, pero no se da al ciudadano toda la información generada por el servicio público de las administraciones». Es más, en su opinión, la opción de los datos abiertos «podría ser una fuente generadora de riqueza a esta Comunidad» ya que una vez que se obtienen esos datos podrían surgir empresas que «creen aplicaciones para el buen uso de esa información».

Luis Hernández Olivera pone dos ejemplos: «¿por qué un ciudadano que va a un restaurante a comer no puede saber si ha acudido la inspección de sanidad a ese lugar?» o «¿por qué alguien que vaya a aparcar a una zona concreta de una ciudad no puede conocer informes policiales sobre la incidencia de robos en vehículos?».

La realidad es que el mundo digital ha llegado «también a los archivos» y es a lo que «hay que acostumbrarse» y asumir «con rapidez». Pero para ello también hay que estudiar «con profundidad y a largo plazo» los riesgos que genera «la seguridad», sentencia.