El Norte de Castilla

La Defensora del Pueblo alerta al Ministerio del Interior de deficiencias en el trato a los detenidos

Vista exterior del edificio de la Comandancia de la Guardia Civil en la capital salmantina.
Vista exterior del edificio de la Comandancia de la Guardia Civil en la capital salmantina. / MANUEL LAYA
  • Sus resoluciones afectan a la Policía y a la Guardia Civil

El trato que reciben las personas que son detenidas y son obligadas a pasar la noche confinadas en los calabozos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y de la Comandancia de la Guardia Civil, antes de comparecer al día siguiente ante el juez para prestar declaración, resulta claramente mejorable y presenta importantes deficiencias que precisan ser subsanadas. Ésta es la conclusión a la que ha llegado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, después de la investigación que efectuó en las dependencias policiales de la calle Jardines y en las instalaciones del cuartel de la Benemérita, ubicado este último en la avenida Carlos I de la capital salmantina.

Las pesquisas de la Defensora del Pueblo se han materializado en la publicación de siete detalladas resoluciones, que ya han sido comunicadas tanto a la Dirección General de la Policía como a la Dirección General de la Guardia Civil, organismos ambos pertenecientes a la pirámide institucional del Ministerio del Interior.

La investigación se llevó a cabo el pasado 2 de junio y fue ejecutada por dos técnicos que trabajan con la Defensora del Pueblo, quienes efectuaron sendas visitas aquel día a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y a la Comandancia de la Guardia Civil. La inspección y las comprobaciones efectuadas ‘in situ’ por ambos técnicos, tanto en las dependencias policiales como en las instalaciones de la Benemérita donde permanecen retenidas las personas, se enmarcó dentro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (MPN), una estrategia con la que colabora estrechamente el organismo que encabeza Soledad Becerril.

Cinco de las siete resoluciones advierten de las deficiencias en el trato que reciben los detenidos en los calabozos de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. Las otras dos disposiciones se dirigen expresamente y por el mismo concepto a la Guardia Civil.

Respuesta ministerial

Las siete resoluciones fueron hechas públicas el pasado 15 de junio y fueron remitidas al Ministerio del Interior bajo la categoría de sugerencias. La respuesta del organismo que dirige el ministro Jorge Fernández Díaz fue positiva, dado que se aceptaban finalmente los contenidos de las siete resoluciones de la Defensora del Pueblo, tal como lo hace constar expresamente Soledad Becerril.

En el caso del Cuerpo Nacional de Policía, la Defensora del Pueblo dirigió su investigación hacia cinco carencias que se vienen detectando en los calabozos del Cuerpo Nacional de Policía. Dichos fallos se refieren a que «no siempre se deja constancia del suministro de alimentación o la negativa del detenido a recibirla» ni tampoco «se especifica cuál es el medio mediante el que los detenidos se pueden comunicar con el personal de custodia», según puntualiza Soledad Becerril a la hora de trazar un diagnóstico sobre las carencias detectadas.

Un tercer punto de las resoluciones de la Defensora del Pueblo alude a que «sigue sin facilitarse a los detenidos mantas que no hayan sido usadas previamente» y que «se sigue sin dejar constancia en las fichas custodia del detenido la práctica del cacheo ni del registro personal, superficial o integral». Finalmente, Soledad Becerril resume otra de sus instrucciones a partir de una situación que se vive cotidianamente en los calabozos de la comisaría de la calle Jardines, como es el hecho de que «cuando los servicios sanitarios prestan asistencia médica a un detenido, se une a las diligencias policiales una fotocopia del parte de asistencia expedido por el médico».

Las dos resoluciones redactadas por la Defensora del Pueblo sobre la situación que afrontan los detenidos que son trasladados a los calabozos de la Guardia Civil también resultan especialmente reseñables.

Una de ellas alude a la adopción de medidas que «garanticen la presencia constante de algún agente de la Guardia Civil en los calabozos cuando haya detenidos». La otra disposición de Soledad Becerril coincide con otra de las problemáticas diagnosticadas en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, dado que la Defensora del Pueblo aboga por «impartir instrucciones para que tras la salida de una persona detenida, no queda archivada copia del parte de asistencia expedido por el médico o incluso el original».