El Norte de Castilla

Reclaman a Rey que aclare la polémica por la docencia en la Academia de Policía

  • Podemos pide que comparezca en las Cortes mientras la Usal estudia recurrir la adjudicación a la Universidad Católica de Ávila

El Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla y León solicitó ayer la comparecencia del consejero de Educación, Fernando Rey, para que explique la posición de la Junta ante la decisión del Ministerio de Interior de conceder la docencia en la Escuela Nacional de Policía a la Universidad Católica de Ávila.

A través de un comunicado, fuentes de esta formación política explicaron que quieren saber las razones que han llevado al Gobierno de España a dejar a la Universidad de Salamanca sin la docencia aunque lo venía haciendo desde hace treinta años en favor de un centro privado como es la Universidad Católica de Ávila.

En esa petición de comparecencia, la procuradora de Podemos por Salamanca Isabel Muñoz desea conocer qué acciones prevé llevar a cabo la Junta de Castilla y León, y en concreto su Consejería de Educación.

La parlamentaria salmantina anunció también que la próxima semana registrará una Proposición No de Ley (PNL) en la que reclamará a la Junta de Castilla y León a que inste al Gobierno de España a «evitar este atropello, máxime cuando se trata de un Gobierno en funciones» y, además, el profesorado de la Usal ya tenía previsto impartir la docencia de este curso.

Muñoz hizo hincapié en que está en contra de esta decisión que, según sus palabras, deja en «muy mal lugar a una universidad con experiencia como la de Salamanca».

«No es de recibo -concluyó la procuradora- que se le encargue la docencia de la Escuela Nacional de Policía a una universidad privada directamente vinculada a la Iglesia, cuando son las universidades públicas las que tienen que hacerse cargo de la formación de los Cuerpos y las Fuerzas de Seguridad del Estado».

Reacción del rector

El rector de la Usal, Daniel Hernández Ruipérez, por su parte, lamentó la decisión del Gobierno de España y la atribuyó a criterios económicos dado que, al parecer, la universidad privada de Ávila ha rebajado a la mitad el presupuesto del concurso.

En este sentido, los servicios jurídicos de la Universidad de Salamanca van a estudiar si la Universidad Católica de Ávila cumple los requisitos de profesorado exigidos porque la formación que se imparte no sólo es del ámbito del derecho, sino también de la Medicina, Psicología, además de otras materias, y no se descarta recurrir la adjudicación.

Estas reacciones se unen al comunicado hecho público el jueves por el PSOEen el que también expresabasu «total rechazo» y oposición ante «la arbitrariedad y la alevosía» de la decisión, anunciando además que presentará sendas iniciativas en el Parlamento nacional y en las Cortes de Castilla y León oponiéndose a esta medida con el objetivo de evitar que «esta injusta» disposición sea llevada a cabo