El Norte de Castilla

Un grupo de niños se dispone a entrar al colegio acompañados de sus padres.
Un grupo de niños se dispone a entrar al colegio acompañados de sus padres. / LAYA

El inicio de curso acentúa las dudas sobre el exceso de reválidas y el avance de la Lomce

  • El sindicato CSI-F considera «inútiles» tantos exámenes y apuesta por reforzar en número el profesorado para reducir la cifra de alumnos por aula y ofrecer una atención más individualizada

Ha arrancado ya el curso escolar -en Educación Secundaria se incorporan a las aulas el lunes 19-, y el inicio de esta etapa escolar viene empañada por la densa niebla que enturbia la política nacional. A ella se dirigen las primeras palabras de Federico Martín Mata, presidente en Salamanca de Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSI-F, cuando dice que «el mayor problema que tenemos en este momento es la incertidumbre que nos genera la situación política a nivel nacional». Esta es la frase que viene a rodear innumerables problemas con los que comienza el curso escolar 2016-2017. Son cuestiones por resolver que están entre las luchas de este sindicato que representa al mayor porcentaje de funcionarios de la provincia y que tiene muy clara su defensa de la educación pública.

Al hilo de la incertidumbre de la que habla Federico Martín, se encuentran «los mensajes que está lanzando la Junta de Castilla y León de que esta incertidumbre política a nivel nacional va afectar a cuestiones presupuestarias», señala. Un ejemplo es la duda de si habrá oferta de empleo público, en concreto oposiciones de Secundaria de 2017.

Otra de las cuestiones que acompaña a esta incertidumbre es la necesidad de «un pacto de Estado por la educación», que viene reclamando CSI-F desde hace tiempo para favorecer esa necesaria «estabilidad educativa».

En estos momentos desde este sindicato sólo tienen dudas, pues desconocen «qué va a pasar con la Lomce, cuál va a ser su duración y su desarrollo», se pregunta Martín Mata, y manifiesta que «el pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular, lejos de clarificar la situación, la complica, porque por ejemplo se habla de no implementar la Lomce» y el presidente salmantino critica que «utilizan una palabra poco apropiada que es implementar».

En este contexto, la seguridad que demanda este sindicato no existe y «eso espanta», lamenta Martín Mata, quien matiza que «esto no es bueno ni para alumnos, ni para profesores, ni para padres, ni para la sociedad en general. La incertidumbre no es buen caldo de cultivo para nadie en general».

Continuando con el tan cacareado pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos, Martín Mata lo califica de «hueco, bastante falto de contenido». Además, choca frontalmente con CSI-F, ya que «Ciudadanos hace unos planteamientos muy de privatizar la Educación , con los que CSI-F nunca va a estar de acuerdo», razona Martín Mata. Un ejemplo es el supuesto MIR docente, que desde CSI-F sólo lo verían viable «como método de formación de profesionales, pero sería pésimo si pasan a él quienes han obtenido la oposición». No obstante, desde este sindicato no respaldan el famoso MIR docente, por ello Martín estima que este sistema «solo serviría para obtener mano de obra barata».

Prueba única

La prueba de acceso a la Universidad es una de las cuestiones que está por aclarar. «No se sabe si va a haber una prueba única o no», explica Federico Martín, «ése es un aspecto muy preocupante», expresa. Explica que las quejas de los alumnos son abundantes en relación a que otros alumnos de diferentes comunidades ya les están quitando plaza con notas que no atienden a los mismos criterios en todas la regiones. Mientras aquí es más difícil obtener nota alta, en otras regiones se puntúa más alto. En este sentido, «lo que no establece la normativa es cómo va a ser el acceso a la Universidad, aunque la Lomce dice que cada universidad puede hacer su propio examen de acceso», detalla Federico Martín.

Los exámenes también abundan ahora en la educación obligatoria. Hay dos pruebas y dos reválidas. En Educación Primaria está la prueba de tercer curso y la reválida de 6º de Primaria. En esta segunda, «la decisión de repetir o no la toma el centro, pero el alumno pasa a Secundaria con una serie de materias que tiene que reforzar». En Educación Secundaria también hay prueba en 2º de ESO y reválida en 4º de ESO. Este último examen es el que pone el grito de CSI-F en el cielo, pues «un señor que aprueba 4º de la ESO pasa a 1º de Bachillerato o Formación Profesional; sino aprueba la reválida de 4º, no puede seguir estudiando, solo puede ir a FP Básica», manifiesta Federico Martín y señala que «ese es un agujero en la normativa que tienen que arreglar, porque no es de recibo».

Esta cuestión es delicada ya que así planteada esta única prueba cierra las puertas a la continuación en la formación reglada de muchos alumnos aunque tengan aprobado todo el curso, «y eso no puede ser porque no puedes hacer prevalecer un único examen a cuatro años de evaluación», indica Martín.

Para CSI-F las reválidas no son necesarias, por ello piden que «lo que se haga sea consensuado y que realmente se estudie cuáles son las necesidades del sistema».

En la Central Sindical Independiente lo tienen claro, «lo que es necesario es dar a cada alumno el refuerzo que necesite». En esta línea Federico Martín enumera varias claves, como «tener menos alumnos en las aulas para que el profesor pueda ofrecer una atención más individualizada, más profesorado de apoyo y más recursos». En resumen, estima que «sí tu a cada alumno puedes darle lo que necesita para progresar, no necesita una reválida».

El sistema de las reválidas, según este docente y dirigente sindical, tiene un trasfondo, pues «el padre que puede pagar clases tiene garantizado el progreso de su hijo, el padre que no tiene recurso, no». Y este planteamiento no entra en los cabales de CSI-F, pues «la enseñanza pública tiene que garantizar los recursos para que el alumno avance».

Concertada

Aquí entra en juego la mala gestión de los recursos públicos que saca a la luz este sindicato cuando explican que desde el mismo «apuestan sólo por la enseñanza pública» y defienden «todos los recursos para la púbica y no para la privada, no para la concertada». Es por ello que están en contra de la libertad de elección de centro, porque «creemos que se está favoreciendo a la enseñanza concertada y a los padres que pueden mover a sus alumnos», apunta Federico Martín.

En este sentido, piensan «que sigue habiendo una mala gestión política, mientras hay centros públicos a medio gas, se están pagando colegios concertados». Por ello propone que se llenen las aulas públicas y cuando «no seamos capaces de asumir el alumnado desde las públicas, entonces concertemos plazas». La mala gestión pública se traduce en que «se están derivando los fondos públicos a empresas privadas, teniendo posibilidades de educar a los alumnos sin necesidad de hacer ese gasto en conciertos», reclama.

Este planteamiento pormenorizado en cifras se traduce en «un 30 por ciento del alumnado escolarizado en plazas públicas», en opinión de Federico Martín Mata, «por lo menos la mitad podía colocarse en las aulas públicas actuales», y esto «se podría hacer con dinero público, y no costaría más sino todo lo contrario», considera, matizando que ellos defienden desde su sindicato que la educación «ha de ser pública, consensuada, universal, tiene que dar las mismas oportunidades a todos los habitantes de Salamanca».