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El investigador Policarpo Sánchez, durante la presentación de las conclusiones del caso abierto por el Tribuna Superior de Justicia de Cataluña.
La Generalitat admite por primera vez errores en el envío de papeles del Archivo

La Generalitat admite por primera vez errores en el envío de papeles del Archivo

FRancisco Gómez

Domingo, 20 de marzo 2016, 12:50

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La Generalitat de Cataluña ha entregado en su escrito de conclusiones al Tribunal Superior de Justicia catalán un informe en el que por primera vez reconoce la existencia de documentación recibida desde Salamanca según criterios no previstos en la Ley de Restitución Documental del año 2005. El representante del Govern, muestra incluso la disposición a devolver estos fondos ahora en el Archivo Nacional de Cataluña en Barcelona al Centro Documental de la Memoria, si se produce un requerimiento en este sentido por el Ministerio de Cultura, algo que, por cierto, no se ha producido.

Es una de las sorpresas de la fase final del juicio abierto por el TSJ ante la demanda interpuesta por el presidente de la asociación Salvar el Archivo, Policarpo Sánchez, por el presunto envío de cientos de miles de documentos desde Salamanca a Cataluña que habrían vulnerado los requisitos fijados para ello por la ley.

Tras el análisis de la demanda de Sánchez, la Generalitat de Cataluña admite que tiene indebidamente en su poder la documentación relativa a un particular, Guillermo Suils (el ya conocido como «relojero de la Puerta del Sol de Madrid», miembro del Trust Joyero madrileño, desertor del ejército republicano para tras su paso por un campo de concentración pasar a ser combatiente con los golpistas y que nunca tuvo ninguna vinculación con Cataluña, y menos domicilio o residencia, tal y como exigía la ley) y sobre todo y fundamentalmente parte de la numerosa documentación relativa al PSOE de Asturias.

Este fondo ha sido desde su entrega en el año 2011 a Cataluña uno de los caballos de batalla del investigador Policarpo Sánchez, respaldado por todos los partidos e instituciones asturianas. Los técnicos de la Generalitat contratados para identificar los papeles custodiados en el Colegio de San Ambrosio de Salamanca que deberían entregarse a Cataluña según la Ley de Restitución, identificaron erróneamente estos fondos como perteneciente al Centro Asturiano de Cataluña y al PSOE de Sabadell.

Transcurridos estos años, la Generalitat reconoce la identificación «errónea», salida inevitable ante cientos de documentos que aparecen matasellados en muchos de los casos como pertenecientes a la Agrupación Socialista de Asturias.

Aunque es un reconocimiento de «mínimos», que deja al margen una parte significativa de la documentación asturiana (la generada por la Agrupación de Socialistas Asturianos Refugiados en Barcelona, entidad perteneciente a la Federación Socialista Asturiana-PSOE y sin embargo identificada a efectos de la restitución documental por la Generalitat con el Centro Asturiano de Barcelona creado en 1952), Policarpo Sánchez subraya que «la propia Generalitat dice en su escrito que está dispuesta a devolver la documentación, como exijo en la demanda, sin embargo, esa devolución aún no se ha producido porque el Ministerio de Cultura no lo ha solicitado».

Esta circunstancia es para Policarpo Sánchez uno de los aspectos «más sorprendentes de todo el proceso», ya que es la propia administración del Estado, a través del informe entregado el 10 de diciembre de 2015 al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la que descarta que estos errores se hayan producido.

Eso a pesar, subraya Policarpo Sánchez de que el escrito firmado por el subdirector general de los Archivos Estatales, Severiano Hernández afirma «que todos los requisitos legales se han cumplido» en los traslados autorizados por el Ministerio de Cultura, remitiendo al tribunal a las órdenes ministeriales (en ocasiones extremadamente laxas en la descripción de los documentos incluidos en cada una de las cajas entregadas a Cataluña, tanto como: «caja que contiene papeles») como comprobante del cumplimiento de las exigencias de la ley en la identificación de papeles.

No obstante, Policarpo Sánchez destaca que esa respuesta «se producía haciendo caso omiso al requerimiento de la sala, de entregar el registro detallado de todos los papeles entregados a Cataluña y las pruebas en las que se basó su identificación previa como papeles presuntamente catalanes».

En lugar de eso, Sánchez recuerda que el representante del Ministerio de Cultura «aduce una supuesta imposibilidad material y técnica para entregar al Tribunal ese registro», lo que para el investigador evidencia que «la propia Administración del Estado no puede acreditar la identificación y procedencia de todos 1os documentos trasladados a Cataluña, presupuesto necesario para cumplir las condiciones establecidas por la ley para proceder a su entrega».

Una situación que, a juicio de Sánchez, queda aún más claramente de manifiesto ante el informe que ante el mismo tribunal presentaba el 15 de diciembre pasado el propio director del Centro Documental de la Memoria, Manuel Melgar Camarzana, en el que afirma sobre uno de los aspectos clave del envío a Cataluña (la decisión automática de entregar a la Generalitat todos los papeles contenidos en cajas con signatura catalana, correspondiente teóricamente al lugar de incautación de los fondos por la tropas franquistas) que «resulta difícil determinar con certeza la procedencia de los documentos y el contenido de las incautaciones», ya que «casi nunca se realizó una relación de lo recogido y mucho menos de la selección posterior que posiblemente se efectuó, por lo que, en la mayor parte de los casos, no se puede garantizar la coincidencia de lo que figura en el asiento actual del archivo con lo que realmente fue incautado».

Algo que explicaría por qué en cajas procedentes de teóricas incautaciones en Cataluña (uno de los principios restrictivos de la ley para que se produjera la entrega a la Generalitat de los fondos) habría numerosa documentación de particulares de otras autonomías como Valencia, Aragón, Cantabria, Madrid o Asturias.

Sin embargo y a pesar de este reconocimiento del propio director del Centro de la Memoria y de lo manifestado por la Generalitat de Cataluña, es la subdirección general de Archivos Estatales quien niega que se hayan producido errores en la entrega, algo que para el presidente de Salvar el Archivo tiene como única razón el hecho de que «se está tratando de ocultar un incumplimiento continuado y sostenido de la ley y una serie de irregularidades que incluso podrían tener implicaciones penales».

«La Generalitat va a tener que devolver los documentos recibidos indebidamente, porque así lo exige el cumplimiento de la ley», concluye Sánchez, que asegura que «hemos demostrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que las irregularidades han sido muchas, como también han sido innumerables los impedimentos para solucionar el problema, provenientes tanto de la Generalitat como del Ministerio de Cultura».

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