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Imagen de la reunión mantenida esta semana del ministro Méndez de Vigo con el conseller Santi Vila.
Las maniobras del nuevo Govern rearman el frente común en defensa del Archivo

Las maniobras del nuevo Govern rearman el frente común en defensa del Archivo

Los partidos que respaldaron el manifiesto insisten en el respeto al Tribunal Constitucional

francisco gómez

Domingo, 14 de febrero 2016, 12:22

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El inicio de la era Puigdemont al frente de la Generalitat de Cataluña ha reavivado la batalla en torno a los papeles del antiguo Archivo General de la Guerra Civil, hoy Centro Documental de la Memoria, que desde hace décadas reclama Cataluña. Aunque el Ministerio de Cultura dio por finalizadas en diciembre de 2014 las entregas de documentación iniciadas en enero de 2006 al amparo de la Ley de Restitución, el Govern catalán, sustentado ahora por Junts pel Sí, sigue considerando que le falta por recibir al menos el 10% de los papeles. Un choque de criterios que quedaba de manifiesto en la primera reunión entre el ministro de Cultura en funciones, Iñigo Méndez de Vigo, y el nuevo conseller catalán, Santi Vila, y que ha servido asimismo para rearmar el bloque común de partidos que defienden el cumplimiento íntegro de lo que marca la ley a la hora de gestionar el polémico conjunto documental.

Todo empezó por las declaraciones realizadas por el representante de la administración catalana tras su visita al ministro. Santi Vila aseguraba haber arrancado a Méndez de Vigo el compromiso de efectuar «en las próximas semanas» el traslado a Barcelona de algunos de los papeles que la Generalitat reclama, que habían sido incluidos en el envío previsto para el año 2011 -pospuesto durante el traspaso de poder entre el Gobierno de Zapatero y el de Rajoy-, y que fueron retirados en el que finalmente se llevó a cabo en diciembre de 2014.

Santi Vila aseguraba haber encontrado «buena disposición» en el ministro a estudiar el caso de algunos documentos en los que hay mención a unos cuarenta municipios catalanes y que según su criterio deberían ser incluidos en la entrega de fondos al Archivo Nacional de Cataluña.

Pero ese no es el criterio de Cultura. Tras las declaraciones del consejero catalán, fuentes ministeriales se encargaron el mismo lunes de desmentir «compromiso alguno» en este sentido y mucho menos, negando lo apuntado por Vila, a llevar a cabo una reforma que permitiera que se entregaran a Cataluña todos los documentos que se han dejado fuera de los envíos al considerar que no se ajustan a lo marcado por la ley.

Una modificación que, ciertamente, no parece propia en un contexto de gobierno en funciones pero que en todo caso vendría a contradecir las sentencias emitidas desde el 2013 por el Tribunal Constitucional, que ha establecido que la entrega de papeles del antiguo Archivo de la Guerra Civil a la Generalitat no es un fin en sí mismo, según marca la Ley de Restitución Documental, sino un paso intermedio para que estos papeles sean efectivamente restituidos a sus propietarios originales o a sus sucesores. De hecho, el Constitucional ha remarcado que cuando no sea posible efectuar esa entrega a los propietarios tales documentos se deberán reintegrar en un archivo de titularidad estatal, es decir, regresar al Centro de la Memoria de Salamanca.

Dado que en la última salida de papeles preparada en 2011 se habían incorporado numerosos papeles de organizaciones ya desaparecidas (sin sucesores), como Unión Patriótica, Socorro Rojo Internacional o Solidaridad Internacional Antifascista, Cultura retiró estos fondos del traslado realizado a Cataluña, papeles que sigue reclamando el Departamento de Cultura del Govern.

Pero además, la sentencia del Constitucional tuvo un segundo efecto, la de abrir un frente de reclamación a Cataluña para que reintegrara en el Centro Documental de la Memoria los miles de documentos que ha ido recibiendo estos años y que no ha restituido a sus particulares por distintos motivos. Para Policarpo Sánchez, presidente de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, la cifra total de documentos que deberían realizar «el camino de retorno» podría superar los 400.000 papeles.

Es precisamente este colectivo el que desde el año 2014 y con el respaldo de la sentencia del Constitucional ha ido tejiendo un amplio frente político y social en defensa del centro archivístico

En estos momentos, todos los grupos representados en las Cortes de Castilla y León (Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida y Unión del Pueblo Leonés) mantienen suscrito un manifiesto al que también se han incorporado otras formaciones políticas y colectivos sociales y culturales de distintos puntos de España (Unidad Regionalista de Castilla y León, Foro Asturias o Círculo Cívico Valenciano, entre otros, además de instituciones como el Parlamento del Principado Asturiano o el Ayuntamiento de Salamanca) en el que se exige «el cumplimiento del ordenamiento jurídico y, en consecuencia, la devolución al Archivo de Salamanca de toda la documentación indebidamente recibida por la Generalitat desde el año 2006, así como la devolución de los documentos no restituidos a sus legítimos propietarios, por formar parte integrante del archivo de titularidad estatal».

En los últimos días, muchas de las formaciones firmantes han expresado su rechazo a la postura planteada de nuevo por el ejecutivo de Puigdemont, remitiéndose al punto en el que se remarca la «necesidad de cumplir las leyes y las resoluciones judiciales» en el conflicto archivístico.

Además de lo expresado estos días por representantes de Partido Popular, Partido Socialista o Ciudadanos, Foro Asturias ya ha anunciado que su senadora Rosa Domínguez, integrada en el grupo mixto, registrará mañana lunes en la Cámara Alta una moción en la misma línea, reclamando a la Generalitat «el cumplimiento de la ley y la devolución de los documentos que mantiene indebidamente en su poder».

Y es que además de lo establecido por el Constitucional en cuanto a fondos de particulares que no han sido restituidos y que deberían ser entregados de nuevo al Centro de la Memoria, la Asociación Salvar el Archivo también mantiene un frente judicial para tratar de demostrar que en los envíos efectuados por el Gobierno a Cataluña hay una inmensa cantidad de papeles que nunca debieron salir de Salamanca por incumplir los requisitos fijados para ello por la propia Ley de Restitución Documental.

Estos requisitos básicamente fijaban que los papeles hubieran sido incautados en Cataluña y a particulares con domicilio o delegación en esta comunidad. Sin embargo, Policarpo Sánchez ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde se dirime esta demanda, numerosas pruebas de papeles que fueron incautados por las tropas franquistas en otros puntos de España, que se refieren a particulares de otras autonomías (fundamentalmente Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Madrid) y de las que, además, tampoco se depositó en muchas ocasiones copia exacta en el Centro de la Memoria tal y como se exigía legalmente.

«A lo largo del proceso hemos sabido además por boca del propio Ministerio de Cultura que ni siquiera existe un registro oficial de los papeles que se han entregado a Cataluña, porque el traslado se hizo con criterios políticos y no técnicos», afirma Policarpo Sánchez, que considera que «estamos muy cerca de ganar esta batalla contra un gobierno autonómico que ha decidido romper con España y cuyo objetivo es llevarse lo máximo posible antes de proclamar la independencia».

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