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Imagen del tremendo socavón que se realizó en los terrenos del antiguo cuartel para construir el centro comercial.
El Corte Inglés parece abocado a ofrecer más compensaciones nueve años después

El Corte Inglés parece abocado a ofrecer más compensaciones nueve años después

francisco Gómez

Domingo, 24 de enero 2016, 12:30

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No hace tanto tiempo, pero era otra ciudad. De eso no cabe duda. Tanto que Federico Anaya era una avenida con bastantes metros más, había otro plan de urbanismo, no había aparcamientos en zona verde y estaban en pie dos cuarteles. Ah, y los famosos anuncios televisivos de «ya es primavera» no iban del todo con los salmantinos. Era, sí, la Salamanca sin El Corte Inglés. Contar con la gran superficie fue durante años un anhelo de algunas corporaciones municipales, que quizá veían en ello un signo de modernidad, progreso y vanguardia del que no se podía prescindir. Hubo, que se sepa, al menos tres grandes intentonas para llevarlo a cabo. En una de ellas, incluso todo se echó abajo el mismo día en el que se iba a firmar el convenio. Una anécdota vivida por el mismo alcalde, Julián Lanzarote, que actuaría años después de catalizador del definitivo y polémico acuerdo que posibilitaría la implantación del gigante comercial en la ciudad.

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado de manera definitiva la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 2 de Salamanca que el 21 de mayo de 2015 declaró «nula de pleno derecho» la licencia urbanística que permitió levantar el centro comercial sobre el antiguo cuartel Julián Sánchez El Charro. Una sentencia que reabre la vieja polémica sobre la tramitación de un proyecto largo en el tiempo y que vuelve a poner en los platillos de la balanza las ventajas conseguidas por ciudad los empleos, las nuevas urbanizaciones, contrapesado por la evidencia ya sin ambages de la vulneración de la ley.

Empecemos por el principio. Fue el 14 de julio de 2003 cuando un Julián Lanzarote triunfante desvelaba los términos de un acuerdo «complejo y beneficioso para los salmantinos» entre el Ayuntamiento, el Ministerio de Defensa y El Corte Inglés para dar un uso comercial al cuartel del Charro. Un acuerdo al que se llegaba, desveló en ese momento el entonces alcalde, después de «18 años de negociaciones» intermitentes con la firma.

Los términos del acuerdo tejían un complicado entramado a tres bandas. La desafección del cuartel daba derecho al Ministerio de Defensa a reservarse una franja residencial con capacidad para construir unas 140 viviendas (mucho dinero en plena vorágine de la burbuja inmobiliaria), y a ampliar sus terrenos del cuartel General Arroquia con el fin de construir la nueva Subdelegación de Defensa. El Ayuntamiento se convertía en nuevo propietario del solar de El Charro y recibía, también de Defensa, la titularidad del Polvorín de Tejares, mientras que de El Corte Inglés obtenía el antiguo campo de fútbol del ISPE y el compromiso de la empresa privada de construir a su cargo una nueva plaza pública y un centro cívico. Todo para desembocar en la licencia que permitiera a la empresa abrir su gran superficie comercial en Salamanca.

El proyecto encontró desde el primer momento firmes defensores y feroces detractores. En este segundo bando podría localizarse a la asociación de comerciantes, la Cámara de Comercio, la oposición municipal y, muy especialmente, el movimiento ecologista, quien finalmente llevaría el acuerdo a los tribunales.

Cada uno esgrimía distintos argumentos contra la gran superficie. Desde los pequeños comerciantes que auguraban un mal porvenir al sector ante el nuevo panorama de competencia, hasta quienes destacaban que las licencias comerciales con la anterior ley regional (previa a la liberalización del sector) estaban agotadas para grandes superficies o quienes, como el entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Fernando Pablos, calificaron el convenio urbanístico a tres bandas como «la mayor estafa de la historia para Salamanca». Esta estafa se basaría en que se incrementaba de manera sustancial la edificabilidad del cuartel (de 3.000 metros cuadrados a más de 30.000 en un principio, aunque acabaron por ser más de 80.000) y la «sobrevaloración» del precio de los terrenos del campo de fútbol y del Polvorín de Tejares (tasado por el Ayuntamiento a efectos de la permuta en 12,2 millones de euros) de manera que contando los gastos de urbanización de la zona, la nueva plaza y el centro multifuncional, el Corte Inglés pagaría a la ciudad poco más de 220 euros por cada metro cuadrado recibido.

Aprobado el convenio inicialmente en diciembre de 2003 por el Ayuntamiento de Salamanca, aún quedaría por delante un larguísimo recorrido en los tribunales y fuera de ellos. Por ejemplo, cuando tras la victoria de Zapatero en las elecciones generales de 2004 el PSOE anunció su intención de «revisar» la participación del Ministerio de Defensa en el convenio, algo que finalmente nunca ocurrió.

Así que el proyecto continuó y en 2005 los militares abandonaron definitivamente el cuartel, aunque la orden ministerial con la desafección del solar no llegó hasta abril de 2006, lo que generó un enorme malestar en el alcalde Lanzarote, que denunció la tardanza de años en rubricar un documento «que se despacha en diez minutos».

Mientras, el Ayuntamiento había tramitado un nuevo plan de urbanismo que trataba de dar encaje a las deficiencias técnicas del proyecto de la gran superficie y gestionaba con la Junta de Castilla y León la concesión de la licencia comercial. Algo que se producía en febrero de 2007, firmándose casi de inmediato la licencia de derribo del cuartel. Y ahí se recrudecen verdaderamente los problemas. El Tribunal Superior de Justicia ya había anulado el convenio urbanístico a tres bandas, considerando que no se ajustaba a derecho y que, de hecho, vulneraba «el interés público». Cuestiones que el Ayuntamiento consideró resueltas con una modificación puntual del plan urbanístico. Modificación trasladada a un nuevo PGOU en vigor cuando el 9 de agosto de 2007 Julián Lanzarote, en ese momento alcalde en funciones, firmaba la licencia urbanística que daba inicio de manera definitiva a la construcción del centro comercial y automáticamente recurrida de nuevo por Los Verdes-Foro de Izquierdas.

Las obras comenzaron a todo ritmo y en plena vorágine se fueron sucediendo sentencias que confirmaban que el gigante se estaba levantando sobre un fondo arenoso, al no tener el adecuado ajuste legal. Eso sí, por dos veces los tribunales desestimaron la paralización cautelar de los trabajos considerando el argumento del Ayuntamiento de que la licencia de obras fue concedida en 2007 basándose en el nuevo Plan General, mientras que lo que el TSJ había anulado un convenio basado en una modificación puntual del anterior planeamiento.

Aunque siempre faltaba el pronunciamiento sobre el fondo del asunto. El tiempo pasó, la ciudad vivió un trasiego de camiones, grandes excavadoras y vigas gigantescas y en 2009, en plenas ferias y fiestas, el Corte Inglés abría sus puertas dando fin a un completo proceso de remodelación de esa zona del barrio Garrido tras una inversión de 40 millones.

Pero los jueces acabaron por llegar al fondo del asunto, aunque no fuera hasta abril de 2015. El Juzgado de Salamanca estimaba la demanda de Los Verdes Foro de Izquierdas y anulaba la licencia urbanística firmada en 2007. Un nuevo recurso de El Corte Inglés sólo alargaba unos meses la ahora ya sentencia firme y sin recurso posible, una vez que el TSJ confirmaba la postura del juzgado e insistía en que fuera una modificación puntual luego desarrollada o no en un nuevo plan de urbanismo «de ninguna manera valdría para considerar conforme a derecho un acto dictado hace más de ocho años».

Un galimatías jurídico que ahora abre una nueva etapa técnica y jurídica. Por un lado, se busca una solución para legalizar el centro comercial de una vez y para siempre. Por otra, todos los partidos de la oposición (PSOE, Ciudadanos, Ganemos) insisten en que nadie quiere cerrar El Corte Inglés y dejar en el aire 700 empleos, pero que cualquier paso debe incluir la compensación a la ciudad de los miles de metros cuadrados construidos de más. La duda es cómo se cuantifica esa deuda y hasta donde estará dispuesta a llegar una firma comercial a la que solo el proceso judicial ha costado más de medi millón de euros.

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