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Iglesias escucha las explicaciones de García Sierra.
García Sierra declarará ante el juez como querellado y no como testigo

García Sierra declarará ante el juez como querellado y no como testigo

Ricardo Rábade

Martes, 3 de marzo 2015, 11:44

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Una de los políticos con mayor peso en la cúpula de la Diputación provincial, concretamente su vicepresidente primero y diputado de Fomento, Carlos García Sierra, tendrá que personarse el próximo 27 de marzo en los juzgados de la plaza de Colón, al ser citado por el juez como parte querellada en la causa judicial abierta, en relación a sus presuntas responsabilidades en las sospechosas adjudicaciones de contratos para el mantenimiento de las carreteras de la provincia.

La próxima comparecencia de García Sierra en los juzgados constituye un giro de 180 grados en este escándalo político que ha salpicado la gestión del PPsalmantino en La Salina. Inicialmente García Sierra fue llamado por el juez a declarar como testigo a comienzos del pasado mes de febrero. Finalmente, su comparecencia fue suspendida a última hora, pero ahora vuelve a ser citado por el juez, pero no como un simple testigo, sino como parte querellada, dado que el juez quiere conocer su versión de los hechos ante los indicios de posibles delitos que ha encontrado en la investigación que viene desarrollando a lo largo de las últimas semanas.

Además de García Sierra, también tendrá que personarse en los juzgados como parte querellada el anterior director provincial del área de Fomento, Manuel Borrego, quien iba a declarar a comienzos de febrero, siendo suspendida también su comparecencia. Borrego ha sido convocado para declarar el próximo 25 de marzo, justo dos días antes que García Sierra.

De esta forma, el cerco judicial contra el vicepresidente primero y el exdirector de Fomento se estrecha aún más. Aunque las fuentes judiciales consultadas ayer puntualizaban que ambos se encuentran ahora en el estado jurídico de querellados, sus próximas declaraciones en sede judicial y las conclusiones que de ellas obtenga el juez podrían dar lugar a una imputación en toda regla contra ambos, justo dos meses antes de las celebración de las elecciones municipales y autonómicas.

La querella tramitada por el PSOE por los contratos formalizados para el arreglo de las carreteras entre los años 2017 y 2012, repartidos entre cinco empresas y cuantificados en doce millones de euros, no es la única. La Cámara de Comercio y la organización empresarial Confaes también remitieron este caso a la Fiscalía Anticorrupción, que lo acabó derivando a la fiscalía salmantina. Por su parte,Izquierda Unida presentó días atrás otra demanda similar, que se suma a las acciones judiciales del PSOE, la Cámara y Confaes.

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