El PSOE volverá a la vía judicial si Iglesias no entrega la documentación de los contratos

Las distintas vías abiertas en los tribunales para intentar esclarecer si los sistemas de contratación de obras y servicios utilizados por el Área de Fomento de la Diputación, a las que habría que sumar la denuncia socialista por las supuestas irregularidades en la financiación de la campaña electoral del PP salmantino en 199 ante la Fiscalía Anticorrupción, podrían aumentar en breve.

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca, Isidro Rodríguez, aseguró ayer que el equipo de Gobierno está negando sistemáticamente la entrega de la documentación solicitada tras la rueda de prensa del presidente de la institución, Javier Iglesias, y el diputado de Fomento, Carlos García Sierra, el pasado día 24 de noviembre, en la que anunciaban el envió a la Fiscalía de Salamanca de una serie de informes sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras.

Con la escasa documentación de que dispone, el PSOEya presentó el pasado lunes una denuncia en la propia Fiscalía salmantina dirigida contra el Área de Fomento de la Diputación y que afecta al antiguo director de dicha área y al diputado Carlos García Sierra, en la que se acusa directamente a este departamento y sus responsables de utilización irregular de fondos públicos, según informó ayer el diputado socialista Miguel Ambrosio Sánchez.

Además, los abogados que asesoran al PSOE están acabando de redactar dos querellas, una relacionada con los contratos negociados sin publicidad supuestamente irregulares y otra sobre los procedimientos abiertos en los que la oposición socialista cree haber encontrado irregularidades.

Investigación

Pero el PSOEquiere seguir ampliando esa investigación y por eso reclama toda la documentación posible, especialmente la que los responsables de la Diputación aseguran haber remitido a la Fiscalía. «Ya ha transcurrido el tiempo legal establecido por la Ley de Bases de Régimen Local y por el propio reglamento de la institución provincial, por lo que es el momento de anunciar que en el caso de que no se nos entregue en un plazo prudencia la documentación solicitada, acudiremos a las vías que sea preciso para conseguirla, aunque confiamos en que no sea necesario», afirmó Isidro Rodríguez.

Aunque no quiso especificar qué tipo de vías serían utilizadas, el portavoz del PSOEse refirió al Procurador del Común y no descartó la vía judicial, al tiempo que recordó que es una obligación legal del equipo de Gobierno facilitar ese tipo de documentación.

Según Rodríguez, además de una obligación legal, la solicitud de la documentación es uno de los derechas y deberes que tiene el PSOE en su labor de control y fiscalización de la actuación del equipo de Gobierno como grupo de la oposición, y además, buena parte de este documentación tiene que ver con las presuntas irregularidades puestas en conocimiento de la Fiscalía y otros aspectos que «a nuestro juicio» son vitales para el desarrollo de esa labor de fiscalización.

El portavoz socialista en la Diputación señaló que no se les ha hecho entrega la copia del escrito remitido por el presidente Javier Iglesias a la Fiscalía, «y además se nos ha dicho que es un documento reservado, algo que resulta incomprensible porque forma parte de una denuncia realizada por la propia institución». Tampoco se ha facilitado la relación de contratos menores vinculados a las empresas que aparecen como beneficiadas en la adjudicación de obras enviadas a la Fiscalía en relación a la publicación de las notas manuscritas sobre supuestas entregas de dinero de empresas para financiar la campaña electoral del PP salmantino en las municipales del 1999.

Rodríguez reiteró el interés de su grupo por contar con la documentación vinculada a las supuestas irregularidades en la financiación de la campaña electoral. «No se nos ha querido comunicar ni quién era la titular del contrato de limpieza en esa época, ya que en las notas manuscritas por Fernando Rodríguez, el coordinador de la campaña, se hacía referencia a la entrega por parte de esta empresa de casi cinco millones de pesetas para, supuestamente, financiar la campaña», destacó el portavoz socialista. Otro de los documentos que se niega a entregar la Diputación es el del contrato, explotación y liquidación del puerto de Vega Terrón.

Los socialistas relataron que antes de que el presidente anunciase la denuncia en la Fiscalía, el PSOE había reclamado diferente documentación, «que aunque con retrasos, se fue entregando». Según ellos, la decisión de presentar la denuncia está motivada en la investigación que estaba realizando la oposición. «Por ello resulta aún más grave la reconocida destrucción de documentos en una trituradora reconocida por el vicepresidente segundo de la institución, ya que ésta se produjo unos días antes de presentar la denuncia, por lo que mucho nos tememos que parte de la documentación que estamos solicitando haya sido destruida», señalaron.

Estos hechos, tanto la negación de documentos como la destrucción, se están realizando, aseguró Manuel Ambrosio Sánchez, incumpliendo toda la reglamentación al respecto y la ley que regula la custodia y entrega de documentos públicos, y por tanto, pueden ser unos hechos constitutivos de delito penados por la justicia.

Además, señalaron que la actitud del PP sólo puede responder al objetivo de ocultar algo que el partido no quiera que se sepa, o entorpecer la investigación de una presunta trama corrupta en materia de contratación de obras y servicios y que podría estar vinculada con una supuesta financiación ilegal.