El PSOE busca los contratos menores para ampliar su ofensiva contra Iglesias

Las profundas suspicacias sobre los 46 controvertidos contratos de obras, adjudicados a únicamente cuatro empresas para el mantenimiento de las carreteras de la provincia, otorgados por la Diputación entre los años 2007 y 2012, no solo se enfrentan a una denuncia del PSOE, presentada el pasado lunes en los juzgados, y a otras dos querellas más, orquestadas también por la oposición socialista, sino a un nueva búsqueda de datos, en la que ya trabaja el PSOE.

Las dos querellas socialistas en torno a las 46 adjudicaciones efectuadas por el polémico procedimiento negociado sin publicidad y por el sistema de los concursos abiertos podrían ampliarse, finalmente, si las sospechas determinan que el grupo de gobierno de La Salina, comandado por Javier Iglesias, también amparó adjudicaciones de obras menores de carreteras apoyándose en métodos irregulares.

Los socialistas solicitaron semanas atrás al grupo de gobierno del PP una relación pormenorizada de las adjudicaciones efectuadas durante el citado lustro entre 2007 y 2012 referidas a contratos de obras menores, en adjudicaciones que tienen en común que sus cuantías son inferiores a los 20.000 euros.

En la última Comisión de Contratación, celebrada con carácter extraordinario el pasado 27 noviembre tras el escándalo político surgido en torno a estos contratos, el PPsí facilitó datos de las licitaciones resueltas mediante procedimientos negociados sin publicidad, a los que habitualmente solo se invitaban a tres empresas como máximo, y los concedidos mediante concursos abiertos. Sin embargo y pese a la insistencia socialista, el diputado provincial del PP y vicepresidente segundo de La Salina, Francisco Albarrán, no ha facilitado todavía esta documentación. Aunque oficialmente el grupo de gobierno sigue sin delimitar los contratos adjudicados, en concepto de obras menores, en relación al mantenimiento de la red viaria de la provincia, la oposición intuye que dichos contratos fueron a parar a las mismas cuatro empresas (Francisco Barrueco, Autopalas Salamanca, Transpial y Alquileres salamanca) que se alzaron con los procedimientos negociados y los concursos abiertos.

El pasado lunes el secretario provincial del PSOE, Fernando Pablos ya anunció que su grupo está dispuesto a llegar «hasta el final» en este espinoso asunto, incluso a elevar el caso ante las instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Mientras el PSOE ha armado su estrategia, hasta el momento, con una denuncia presentada y dos querellas que ultiman sus abogados, el Partido Popular gobernante en La Salina ha preferido limitar su actuación a la remisión del caso a la fiscalía, tal como anunciaron al unísono el pasado 21 de septiembre el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y el diputado provincial de Fomento, Carlos García Sierra. El envío del correspondiente informe se acompañó adjuntando los expedientes de los procedimientos negociados sin publicidad. Además, dos altos funcionarios de la Diputación salmantina han sido apartados temporalmente de sus cargos por su relación con este caso, entre ellos el director provincial del área de Fomento, Manuel Borrego.