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La Abogacía del Estado informará a la Usal sobre los recursos de los opositores

La asesoría jurídica de la institución académica no puede responsabilizarse de la materia por incurrir en claras causas de incompatibilidad

Cecilia Hernández

Viernes, 31 de octubre 2014, 12:13

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El rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, anunció ayer que la institución ha firmado un acuerdo con el Ministerio del Interior por el que la Abogacía del Estado será responsable de los informes jurídicos correspondientes a los recursos de alzada presentados por los opositores.

En total, el examen de las oposiciones a Personal de Administración y Servicios de la Usal ha recibido «algo más de 300 recursos», que no pueden ser estudiados por la asesoría jurísica de la propia universidad. Según explicó el rector a la finalización del Consejo de Gobierno de la institución académica, una de las integrantes de esa asesoría jurídica formó parte del tribunal opositor y los otros dos miembros son familiares directos de personas que se presentaron al examen, por lo que incurren en claras causas de incompatibilidad.

De este modo, los abogados del Estado se encargarán de realizar los informes en los que la universidad basará la respuesta a los recursos de alzada presentados. En este sentido, Hernández Ruipérez mostró su «máximo respeto» a los integrantes del tribunal, de los que, dijo, debe prevalecer la «presunción de que han actuado de acuerdo a Derecho y la normativa vigente».

Cabe recordar que precisamente hoy es el día asignado para la apertura de los sobres y las calificaciones del polémico examen celebrado hace unas semanas. Los opositores descontentos han anunciado movilizaciones.

Por otro lado, el rector mostró su satisfacción por la enmienda del Partido Popular a los Presupuestos Generales del Estado que incluye las exenciones fiscales para el VIII Centenario de la Universidad. Esta «gran noticia» se une al aumento de la tasa de reposición a un 50%, que será un «alivio», aunque, matizó Ruipérez, «no resuelve el problema».

Finalmente, el rector dio cuenta de la aprobación en el Consejo de Gobierno del reglamento interno de prevención del acoso en el entorno laboral, que responde a una «aspiración de la comunidad universitaria de dotarse de una normativa para hacer frente a los posibles casos de acoso laboral en el ámbito universitario». Este reglamento será de aplicación para el personal docente e investigador, el personal de administración y servicios y el personal de entidades externas.

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