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Policarpo Sánchez.
La Generalitat se niega a traducir al castellano su defensa en el litigio abierto por el Archivo

La Generalitat se niega a traducir al castellano su defensa en el litigio abierto por el Archivo

La demanda se alarga y se encarece al contratar el TribunalSuperior de Justicia a una empresa privada para transcribir la documentación, escrita solo en catalán

Ricardo Rábade

Jueves, 25 de septiembre 2014, 12:22

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha encargado a una empresa privada, con el consiguiente gasto que ello conlleva, la traducción del catalán al castellano de la documentación presentada por la Generalitat, en el litigio planteado por el investigador salmantino Policarpo Sánchez contra el Ejecutivo catalán en relación a los fondos del Archivo de la Guerra Civil enviados a Cataluña.

La empresa en cuestión se llama Seprotec Traducción e Interpretación, y deberá traducir los 12 folios que integran el escrito presentado por el abogado de la Generalitat ante las instancias judiciales el pasado 1 de septiembre. Policarpo Sánchez, que preside la asociación Salvar el Archivo, solicitó que estos folios fueran traducidos al castellano, dado que suponían para él una indefensión en el proceso, tal como reconoce el propio Tribunal Superior de Justicia en el escrito que, con fecha 18 de septiembre, ha remitido al investigador salmantino.

Para Policarpo Sánchez, la negativa del abogado de la Generalitat a presentar esta documentación en castellano debe interpretarse en un contexto marcado por «una intencionalidad política evidente», que se ejemplifica con la próxima consulta secesionista y separatista del 9 de noviembre, que promueve el presidente catalán Artur Mas.La cerrazón del letrado que representa los intereses de la Generalitat en este espinoso asunto, al negarse a redactar su documentación en castellano, va a originar un «alargamiento de los plazos», según considera Policarpo Sánchez.

Pero las consecuencias de la postura adoptada por el abogado del Gobierno catalán van más allá. Para Policarpo Sánchez supondrá, tal como él mismo explica, una «asfixia económica» por parte de la Administración catalana sobre la parte demandante, que en este caso es un simple ciudadano frente a todo un Gobierno como es el catalán. Además, Sánchez tiene muy claro que la estrategia adoptada por el abogado de la Generalitat en este caso repercutirá en un «gasto» adicional, derivado del pago a la empresa encargada de la traducción, un coste que, en realidad, «lo pagamos todos los españoles y va a salir del bolsillo de todos los contribuyentes». Sánchez estima que esta nueva traba en el proceso podría haberse eliminado si, por ejemplo, el letrado de la Generalitat hubiera escrito los doce folios que ha redactado, tanto en castellano como en catalán, siendo innecesaria la contratación de una empresa externa para la traducción de los documentos.«Todo esto se podría haber evitado, pero a nosotros nos dejaba en una clara indefensión, ya que no comprendemos los doce folios que ha presentado la Generalitat, al no estar traducidos al castellano», especificó Sánchez.

Peticiones concretas

En la demanda, presentada por Policarpo Sánchez el pasado 24 de marzo, se solicita al juez, entre otros puntos, «el traslado al Archivo General de la Guerra Civil de todos aquellos documentos y demás efectos que, cumpliendo los requisitos para su restitución a terceros, no han sido digitalizados en su integridad ni compulsados, a fin de que quede depositada en el Archivo una copia auténtica, en los términos previstos legalmente». En la demanda se señala que «además de establecerse en la Ley, la digitalización de los documentos fue un requisito exigido en todas y cada una de las órdenes ministeriales que autorizaron las salidas de documentos, y tampoco se ha cumplido».

El último envío de documentos fue aprobado por el Patronato del Centro Documental de la Memoria Histórica el pasado 18 de junio. El traslado de las 238 cajas previstas a Cataluña aún no se ha hecho.

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