Salamanca lleva a la Generalitat a los tribunales

Desde que en 2006 comenzaron los envíos de papeles del Archivo desde Salamanca a Barcelona en el marco de la Ley de Restitución, nunca había pasado tanto tiempo desde que una salida era aprobada por el patronato del Centro de la Memoria y hecha efectiva por el Gobierno. El último envío espera en medio de un clima político enrarecido por la consulta soberanista y ensombrecido por las dudas de las presuntas irregularidades que marcaron las anteriores entregas de papeles a la Generalitat. Por si fuera poco, el Gobierno catalán se enfrenta a un proceso judicial abierto en el que se verá obligado a dirimir en los tribunales si se ha apropiado indebidamente o no de cientos de miles de papeles que no le correspondían.

El patronato del Centro de la Memoria aprobaba en junio la salida de Salamanca de 238 cajas, 350 libros y una veintena de láminas, planos y otros enseres. El Gobierno ya advirtió que el envío era notablemente inferior de las pretensiones de la Generalitat (546 cajas, 4.139 libros y 259 carteles), bien porque algunos documentos reclamados no entraban en los principios marcados por la ley, bien porque algunos de los fondos ya no tienen un propietario o heredero legítimo de éste y por lo tanto no tiene cabida una «restitución».

Son justamente algunos de los argumentos que se encuentran en la que hasta ahora es la única acción judicial en firme para exigir el cumplimiento de la Ley de Restitución y la devolución a Salamanca de cientos de miles de papeles que habrían sido entregados estos años a Cataluña de forma indebida.

Es la que ha formalizado el investigador salmantino Policarpo Sánchez contra la Generalitat en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Un paso dado tras agotar las reclamaciones administrativas que evidenciaban que numerosos fondos ahora en manos del Govern no fueron incautados en Cataluña, no fueron incautados a particulares con residencia en esa comunidad -por lo tanto nunca debieron ser enviados desde Salamanca-, no han sido convenientemente reproducidos para seguir facilitando la labor de los investigadores o no han sido restituidos a sus legítimos propietarios, casos todos que conllevarían que una gran cantidad de documentos tuvieran que regresar al Centro de la Memoria.

Policarpo Sánchez asegura que «la demanda es fruto de un intensísimo trabajo de recopilación de pruebas muy contundentes que evidencian las continuas ilegalidades en este proceso» y señala que «he dado este paso porque no tengo la menor duda de que si finalmente se consigue el retorno a Salamanca aunque sea de un solo papel será por esta demanda por la vía judicial, porque ya no tengo ninguna fe en la vía política una vez que los independentistas han demostrado que se quieren quedar a toda costa con todo lo del resto de españoles».

La demanda sustanciada ante el TSJ catalán se apoya textualmente en kilos de documentación que Policarpo Sánchez ha reunido para defender cada uno de los puntos de su denuncia. Así, hay evidencias de papeles de «particulares» entregados supuestamente a la Generalitat para su restitución que, sin embargo, hacen referencia a personas que nunca tuvieron nada que ver con Cataluña, como el caso de Guillermo Suils, relojero de la Puerta del Sol de Madrid, que jamás pisó esta comunidad autónoma.

También hay numerosos de papeles que no fueron incautados en Cataluña exigencia fijada por la ley para su entrega-, como el carnet de la CNT de Germán Martínez Fuentes. No solo no hay ningún dato que apunte la procedencia catalana de este documento, sino que en el propio carnet hay un sello que atestigua que el documento fue incautado en Santander.

Una parte fundamental de la demanda se centra también en el problema de las restituciones. El investigador subraya que el proceso de envío a Cataluña de papeles de particulares «se hace solo a los efectos de restituirlos a sus propietarios originarios o sus sucesores y mediante un procedimiento fijado por la propia Generalitat». Por lo tanto, sostiene que «deberían volver a Salamanca aquellos papeles que no hayan sido entregados a sus verdaderos destinatarios».

Y es que la demanda, además de remarcar que esta restitución no se ha producido para la inmensa mayoría de los fondos enviados desde Salamanca, afirma que en otros casos la titularidad de los papeles se ha entregado a colectivos o entidades que no guardan «ninguna relación» con aquellas que sufrieron la incautación por las tropas franquistas.

Es lo sucedido con el Centro Autonomista de Dependientes del Comercio y la Industria (CADCI), la CNT (cuyos fondos se han entregado a una Federación regional de Cataluña diferenciada de la CNT y constituida durante la Transición) y, sobre todo, el PSOE de Asturias. Suyos son los papeles de la Agrupación de Socialistas Asturianos en Cataluña, que funcionó como órgano de asilo socialista para los asturianos huidos a Barcelona durante la Guerra Civil. Nunca perdió su identidad propia -mantenida en el exilio por José Barreiro- ni su vinculación al PSOE. Sin embargo, los papeles se han «entregado» al Centro Asturiano de Barcelona, creado en 1952 y en virtud a una modificación estatutaria de esta organización realizada (aparentemente ex profeso para hacerse con estos papeles cuyos originales ha cedido al Archivo Nacional de Cataluña) el 30 de octubre de 2010.

Digitalización

Otro problema grave reflejado en la denuncia es el de las digitalizaciones. La ley exige que la Generalitat asuma el coste de realización de «copias auténticas» de los papeles que recibe para permitir que continúe la investigación en el Centro de la Memoria con esos fondos. Sin embargo, hay miles y miles de incidencias. Papeles reproducidos de manera incompleta o defectuosa, cuadernillos de los que solo se copia la portada o expedientes completos que no han sido digitalizados.

Curiosamente, se ha escaneado con toda calidad un llamativo documento restituido a Cataluña. Se trata del identificado como BAR46/9-25. No es ningún carnet, ni ningún papel clave para recomponer una biografía. Es ni más ni menos una subcarpeta de papel de color verde que contiene impreso el escudo constitucional de España y su pertenencia al Archivo General de la Guerra Civil Española. La incorporación de esta subcarpeta en el material enviado a Cataluña digitalizada y foliada como un documento histórico catalán- no llamó la atención de ninguno de los procedimientos de control de los fondos restituidos ni tampoco su reproducción encendió ninguna alarma al tratarse primeramente de un papel sin ningún valor histórico y en todo caso claramente posterior a la Guerra Civil.

Un ejemplo para Policarpo Sánchez de los efectos de «la arbitrariedad con la que se ha actuado en este proceso, amparándose sus responsables en un constante oscurantismo y falta de rigor que en ocasiones raya lo grotesco».